04/12/2022

Argentina

Política

Acusación y defensa de la Causa Vialidad, las claves para entender el juicio

A horas del veredicto recordamos lo que alegaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola y los argumentos de los defensores de la vicepresidenta.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 dará a conocer el veredicto en la causa Vialidad el próximo martes en la que la principal acusada es Cristina Fernández de Kirchner. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola llevaron adelante la acusación; además de eso se analiza lo que argumentaron los defensores de la vicepresidenta de la Nación.

“Néstor Kirchner y luego su esposa, Cristina Fernández, instalaron y mantuvieron en el seno de la administración nacional una de las matrices de corrupción más extraordinarias que se hayan desarrollado en el país”, según la acusación de la fiscalía. 


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El fiscal Diego Luciani pidió que se condene a la vicepresidenta a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación para ejercer cargos públicos, accesorias legales y el pago de las costas. A su vez, La fiscalía dice que Cristina Fernández de Kirchner está acusada por los delitos de asociación ilícita agravada por su condición de jefa y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública en concurso real.

“Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que entre los años 2003 y 2015 funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares”, dijo el fiscal. Para Luciani se trató de una organización que con una figura de espejo replicó en la clandestinidad un organigrama del Estado. 

"Se trató de una asociación ilícita piramidal que tuvo en su cúspide a quienes fueron jefes de estado y de la que participaron diversos funcionarios públicos que en paralelo al plano legal pero valiéndose de sus competencias prestaron los aportes necesarios", alegó.

“Delinearon el plan con tanto detalle que crearon la empresa constructora que le daría continuidad a la maniobra” dijo en su alegato el fiscal Luciani y añadió que Néstor Kirchner y Báez eran amigos íntimos. Lo admitió Cristina Kirchner en su indagatoria. No solo eran amigos, sino que eran socios comerciales. Está acreditado que Néstor y Cristina Kirchner eran socios comerciales de Lázaro Báez mientras se le concedían obras públicas millonarias. Se ha intentado ocultar esto que está acreditado.

Según la acusación se otorgaron fondos injustificados a la provincia de Santa Cruz y las autoridades nacionales direccionaron las licitaciones para que ganara casi todas Lázaro Báez. El empresario incumplió casi todas las obras que se le adjudicaron y fue favorecido con fuertes aumentos de los precios originales. 

Para el fiscal Luciani sólo una obra mantuvo su precio original. En 50 de las 51 obras, hubo redeterminaciones de precios. “Lo peor, inexplicable, 24 obras adjudicadas al grupo Báez fueron abandonadas, quedaron inconclusas” dijo. Según la fiscalía “esto deja al descubierto la falta de capacidad técnica de las compañías” y agregó “en 39 casos Báez logró 700 meses de prórrogas, algo así como 63 años". 

Además declaró: "Y consiguió más de 1.500 millones de pesos en concepto de incrementos presupuestarios. Todo con un procedimiento ilegal”.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola acusaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner de armar el plan “limpiar todo” antes de dejar el poder en diciembre de 2015. Para eso mostraron mensajes de Whatsapp del teléfono celular de José López secuestrado cuando fue detenido mientras intentaba ingresar bolsos con dólares y euros en el convento de General Rodríguez. 

“José atendeme un minuto. Gracias. Es para coordinar con lo que me dijo la señora. Gracias!”, fue el mensaje que Báez le envió a López y que mostró la Fiscalía. Mostró otros, entre ellos, algunos que involucran a Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de la vicepresidenta, y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entonces ministro de Economía de Cristina Kirchner. 

“Esos mensajes permiten dilucidar cómo fueron los últimos días del gobierno de Cristina Fernández y cómo desde la residencia de Olivos y la provincia de Santa Cruz coordinaron los últimos pagos de certificados que se le debían a Lázaro Báez y los despidos de sus empleados", expresó Luciani.

"Lázaro Báez era Néstor Kirchner, era Cristina Kirchner. El estudio de las comunicaciones confirma que la paralización y el abandono de las obras fue una idea gestada, decidida y avalada por la propia Cristina Fernández”, dijo Luciani.

La defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que las decisiones relacionadas con la inversión pública son competencia exclusivamente de los organismos políticos y no existe ninguna norma que limite la forma en que deben distribuirse esos fondos. 

Por lo tanto al ser una decisión política no está sujeta al control del Poder Judicial. Asimismo, los fondos destinados a la provincia de Santa Cruz se justificaban por el déficit que tenía su red vial en el año 2003. Ninguna de las 51 obras adjudicadas a Lázaro Báez y que fueron investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria.


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Para los defensores de la vicepresidenta quedó acreditado en el juicio que el proceso de elaboración de los proyectos de ley de presupuesto cumplió con todos los controles legales y financieros. Además afirmaron que la ley de presupuesto fue una de las más debatidas. 

Quedó probado en el juicio (según la defensa de Cristina Kirchner) que jamás se presionó o coaccionó a los legisladores para que voten a favor de las leyes de presupuesto del período comprendido entre los años 2004 y 2015. Destacó también que los presupuestos correspondientes al período investigado fueron aprobados también por legisladores de la oposición.




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