Un funcionario del IPV fue encontrado con medio millón de dólares: "Se lo estaba guardando a un amigo"

Según fuentes judiciales, esta es la explicación que habría brindado Miguel Jiménez Augier, coordinador de Políticas Habitacionales del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), acerca del hecho de que en una caja de seguridad a su nombre encontraran cerca de U$S 500.000. El funcionario habría manifestado que el dinero pertenece a un tercero, quien dice haberlo obtenido a través de un juego de azar en la década de los 90.

El contenido de la caja de seguridad del funcionario fue uno de los elementos que se analizaron en una serie de procesos civiles en los que está involucrado Jiménez Augier. La fiscala Adriana Giannoni (quien investiga presuntas irregularidades en el Ipvdu) solicitó que le remitan los expedientes en los que está involucrado el coordinador.

Además, el 1 de septiembre pidió al Banco Santiago del Estero que informe si Jiménez Augier (o alguno de los miembros de su grupo familiar) ingresaron al sector Cajas de Seguridad en los últimos meses.

De acuerdo con personal de la Fiscalía de Instrucción de la VIII Nominación -a cargo de Giannoni-, Jiménez Augier habría manifestado que un conocido suyo, de apellido Parra, es el dueño del dinero que contenía la caja de seguridad.

Parra lo habría obtenido a través de un juego de azar en el que participó en la década de 1990, según la versión del funcionario que las fuentes dejaron trascender. Parra fue citado a declarar y se espera que este miércoles acuda al despacho de Giannoni.

Según denuncias formuladas por la senadora radical Silvia Elías de Pérez, Jiménez Augier habría estado involucrado en la venta de adjudicaciones de casas del Ipvdu. “Todo esto no es real. Ya la Justicia lo va a determinar”, respondió el funcionario en agosto, cuando se le preguntó por estas acusaciones.

Luego de que se transmitiera un informe sobre diversos aspectos del Ipvdu, Giannoni resolvió investigar de oficio una serie de presuntos ilícitos. Uno de los temas que se trataron fue el vínculo de Lucas Barrionuevo (coordinador de Programas Federales del Ipvdu) con empresarios de la construcción.

Es que Sebastián y Martín Nieva, dueños de Marán Constructora SRL (la empresa que recibió contrataciones directas de la repartición por casi $ 50 millones), son sobrinos políticos de Barrionuevo. El coordinador fue suspendido mientras se llevaba a cabo una investigación administrativa en su contra y ayer debería haberse reincorporado, aunque no asistió al Ipvdu.

Otra de las acusaciones que enfrenta Barrionuevo está vinculada con un supuesto pedido de coima. La denuncia fue realizada por el empresario de la construcción Javier Zerda, a través de una carta publicada el 3 de agosto. “El señor Lucas Barrionuevo (...) me pidió para él un departamento para agilizarme la gestión y sacarme el pago del anticipo”, reza la misiva. El 15 de agosto, Zerda ratificó su denuncia ante Giannoni.

El propio interventor de la repartición, Gustavo Durán, también es uno de los involucrados en la investigación por presuntas irregularidades. Luego de que Barrionuevo fuera suspendido por su vínculo con los dueños de Marán, Durán reconoció que tiene un cuñado trabajando para la repartición que conduce. “Cometí un error, si lo cometo al error me hago responsable”, dijo el interventor. Raúl Eduardo Beverina, uno de los socios de Kursk SRL empresa que trabaja en al menos una obra del Ipvdu- es cuñado de Durán.

El 8 de septiembre, Giannoni requirió información sobre los involucrados en el “caso Viviendas” a diversas entidades financieras. Esto ocurrió luego de que el magistrado Manuel Rougés, como subrogante del Juzgado de Instrucción de la V Nominación, autorizase a diversas entidades a levantar el secreto bancario y financiero de los involucrados.

Algunos de los afectados por las medidas judiciales son Durán, Jiménez Augier (y dos de sus hijos), los hermanos Nieva y Barrionuevo. Además, los requerimientos de Giannoni alcanzan a Teresa Patricia Ábalos (un escrito de Giannonni la vincula con Jiménez Augier) y a Inés Beatriz Beverina (esposa de Durán).

La fiscala solicitó a la Unidad de Información Financiera (UIF) y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que informen si alguno tiene cuentas o empresas offshore en paraísos fiscales. También pidió al Banco Central de la República Argentina (BCRA) que requiera, a todas las entidades financieras y bancarias, que informen sobre las operaciones o transferencias de los investigados en los últimos 10 años. Además, remitió al Veraz un pedido de informes “Veraz Bureau” -desde el 2007 en adelantede cada uno de los involucrados.

Por otra parte, Giannoni también se dirigió a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (Dnrpa), a la Sección Automotores de la Dirección General de Rentas, al Registro Nacional de Aeronaves y a la Dirección Nacional de Buques. Pidió a las cuatro entidades que le remitan información sobre los vehículos que cada uno de los protagonistas de la investigación tiene a su nombre.

El fiscal federal Pablo Camuña también analiza el “caso Viviendas”. Según trascendió, en ese despacho judicial, a lo largo de su investigación, recibieron información de la Justicia provincial y están tratando de dilucidar la posible comisión de delitos federales.