Proponen una ley para sacar imágenes religiosas de edificios públicos

La iniciativa se presentó justo un día antes de que estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) retiraron la imagen de la Virgen María de la Facultad de Derecho, al grito de “Iglesia, Estado, asunto separado”.

El proyecto, firmado por los radicales Karina Banfi, Brenda Austin, Facundo Suárez Lastra y Alejandro Echegaray y por el macrista Fernando Iglesias, propone “la remoción de los símbolos e imágenes religiosas instaladas en espacios públicos o edificios pertenecientes al Estado nacional”, y establece que desde la fecha de promulgación de la ley “queda prohibida toda exhibición de símbolos e imágenes religiosas ubicados en aquellos espacios”.

Si entrara en vigencia la norma, la Cámara de Diputados, por ejemplo, debería retirar del Salón de los Pasos Perdidos una réplica de la Virgen de Luján que fue instalada por orden del kirchnerista Julián Domínguez, que presidió el cuerpo durante la segunda presidencia de Cristina Fernández.

Para remover estos símbolos religiosos, el proyecto otorga un plazo de 90 días desde la sanción de la ley. De todos modos, fija una excepción: cuando las imágenes “formen parte del lenguaje arquitectónico” no habrá que retirarlas.

“El propósito del proyecto es garantizar el efectivo cumplimiento de los principios de libertad religiosa y de conciencia, así como de garantizar el carácter laico de los poderes públicos en el territorio de la República Argentina”, explican los diputados en los fundamentos.

Sostienen que “la simbología religiosa no sólo no es representativa de la totalidad de la población, sino que a su vez no se condice con la laicidad del Estado nacional. Argentina es un Estado laico respetuoso de la diversidad cultural y religiosa como así también de la libertad de culto, del principio de igualdad y no discriminación en relación con el derecho a la libertad de conciencia”.

“Con este proyecto buscamos que el Estado garantice el trato igualitario de cultos para avanzar en la construcción de una agenda pública no basada en la moral sino en los derechos ciudadanos”, concluyeron.

Echegaray ya había presentado este año otro proyecto de corte laicista, para que el Estado deje de pagarles el sueldo a los obispos, mediante la derogación de cinco decretos de la dictadura.

“Si bien el artículo 2 de nuestra Constitución Nacional establece que el gobierno federal ‘sostiene el culto católico apostólico romano’, esto ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación como una obligación de apoyo económico, que no se trata necesariamente de sueldos”, indicó Echegaray, representante de la provincia de Buenos Aires.

Luego de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, informara que el Estado destinará este año 130 millones en sueldos para la Iglesia Católica, Echegaray consideró que “en un Estado laico” y que “este aspecto debe ser revisado”.

Peña indicó por escrito que los obispos diocesanos cobran $ 46.800 por mes; los obispos auxiliares, $ 40.950; los obispos eméritos, $ 40.950; y los administradores apostólicos y diocesanos, $ 46.800, igual que los obispos diocesanos. (losprimeros.tv)