El Procurador General de la Nación dio su dictamen respecto del DNU que dispuso la suspensión de las clases presenciales

El Procurador General Interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó hoy en contra de la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia a través del cual el presidente Alberto Fernández dispuso el cese de las clases presenciales por período de 15 días en el territorio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El dictamen, que es de carácter no vinculante, fue entregado esta tarde a la Corte Suprema de Justicia que quedó en condiciones de decidir sobre la acción de inconstitucionalidad presentada por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en contra de las medidas adoptadas por el gobierno nacional.

El procurador interino Casal sostuvo en su dictamen de 49 páginas que el DNU que dispuso el cese de la presencialidad por 15 días en las escuelas del AMBA no estuvo bien fundado y señaló que no se citaron al momento de su implementación elementos suficientes que permitiera inferir la necesidad de adoptar ese tipo de medidas.

“Considero que las medidas adoptadas mediante el artículo 2°, último párrafo, del decreto 241/21, en lo que concierne a la suspensión del dictado de clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades en el aglomerado denominado AMBA, no fueron adecuadamente fundadas”, sostuvo.

“Entiendo, entonces, que no es posible concluir en que fuera necesaria la adopción de medidas inmediatas que tengan por efecto suspender la concurrencia a los diferentes establecimientos educativos ubicados en el AMBA, pues no se ha demostrado el riesgo existente en ese sector ni cómo, en su caso, eso podría comprometer el interés general”, afirmó Casal.

Del dictamen de Casal, surgen la evidente tensión que existen entre materias como Salud y Educación toda vez que el Procurador Interino es crítico en cuanto a la adopción de una medida que afectaba a la Educación, pero le reconoció al Estado nacional la facultad de avanzar con disposiciones como la cuestionada en materia de Salud.

“De lo expuesto se colige que el poder de policía en materia de salud, si bien debe ser ejercido en principio por los entes locales, es una competencia concurrente entre Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires en determinadas circunstancias”, sostuvo.