Podrían ir a la cárcel las autoridades de mesa que no vayan a las escuelas

Este domingo en las elecciones serán 7.200 autoridades (3.700 voluntarias) designadas por la Justicia Federal quienes resguarden que no se produzcan irregularidades en las 3.524 mesas habilitadas en Tucumán.

En cada una de ellas habrá un presidente y un suplente; durante la jornada, al reemplazarse entre sí, “dejarán constancia escrita de la hora en que toman y dejan el cargo”, advierte la norma. Y aclara que “deberán estar presentes en el momento de la apertura y clausura del acto electoral”. Junto a ellos estarán los fiscales partidarios, que son voluntarios y deben velar por los intereses de su espacio. Los presidentes de mesa, en cambio, tienen muchas otras obligaciones. A las 7.45 o antes deben estar presentes en la escuela asignada -al igual que el empleado del correo y las fuerzas de seguridad- para “recibir la urna, los registros, útiles (sobres, boletas, etcétera) y demás elementos” necesarios. Luego debe cerrar la caja de cartón poniéndole con faja de papel; allí deberán registrar sus firmas ambas autoridades (titular y suplente) y los fiscales. Tras esto, corresponde instalar la mesa de votación y habilitar un cuarto oscuro.

El presidente tiene diversas funciones: entregar el sobre al votante, entrar al cuarto oscuro en caso de faltante de boletas, iniciar y elaborar el acta del escrutinio provisorio y, de ser necesario, disponer la intervención de las fuerzas de seguridad afectadas al local para “asegurar la libertad y regularidad de la emisión del sufragio”.

El Código Electoral Nacional establece que toda esta labor debe ser remunerada. El Ministerio del Interior de la Nación fijó $ 1.200 en viáticos para cada autoridad: $ 600 por las PASO y $ 600 por las generales de mañana. Además, presidentes y suplentes percibirán $ 900 extra en caso de que hayan realizado la capacitación ($ 450 por las PASO y $ 450 por las generales).

En caso de que la autoridad no pueda cumplir sus funciones “Tal hecho constituye un delito electoral correspondiendo a quienes incurran en él pena de prisión de seis meses a dos años”, expresa la resolución. Ya pasó el plazo para excusarse (caducó a los tres días de recibida la notificación), pero se puede justificar la inasistencia en caso de enfermedad u otras circunstancias impostergables, que “serán motivo de consideración especial por la Justicia Nacional Electoral”.