Revelan cómo operaba la mesa judicial conducida por "Pepín" Simón

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) entregó a la jueza María Servini un informe clave sobre las comunicaciones del operador judicial del macrismo Fabián “Pepín” Simón con integrantes del Poder Judicial y de funcionarios del gobierno de Cambiemos y que avala la hipótesis del hostigamiento a los accionistas del Grupo Indalo.

Se trata de un segundo análisis que hizo el organismo sobre los teléfonos de todos los imputados, incluido el expresidente Mauricio Macri, el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana, los ex titulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, los empresarios Orlando Terranova e Ignacio Rosner, entre otros, según informó Ámbito..

Semanas atrás la Cámara Federal de Casación Penal destrabó el acceso al entrecruzamiento que el mismo Mauricio Macri había tratado de impedir al apelar hasta el final la medida de prueba ordenada por la jueza María Servini.

El entrecruzamiento fue presentado por la oficina de escuchas de la Corte el lunes pasado. El informe compromete a “Pepín” Simón, quien decidió no afrontar la indagatoria ante la jueza, con la prueba sobre la mesa, y en cambio decidió refugiarse en Uruguay.

Momentos claves 
El informe de la Dajudeco pone de manifiesto que las comunicaciones de Simón con funcionarios del gobierno de Macri y del Poder Judicial resultaron coincidentes en la cronología de momento y lugar que relataron los denunciantes, por las presiones que sufría el Grupo Indalo.

En momentos clave, “Pepín” hablaba con la Secretaría General de la presidencia, con el Gobierno porteño, con el entonces ministro Germán Garavano. También con el Casino de Buenos Aires, y con el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en numerosas oportunidades, cerca de 90 en total, según informó Ámbito.

En el nuevo informe aparecen otros interlocutores, como José Torello, el exjefe de asesores de Macri.

En la causa se investigan las presiones y el hostigamiento a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes estuvieron presos durante el gobierno de Macri. La hipótesis de la justicia es que se habría utilizado la estructura del Estado para intentar quedarse con las empresas del Grupo Indalo.

Servini ordenó pedir los informes por hechos puntuales ocurridos desde el 25 de octubre de 2015 hasta el 9 de abril de 2019 incluidas las detenciones y posteriores liberaciones de López y De Sousa por supuestos delitos en la petrolera Oil Combustibles.
Según la denuncia, los acusados habrían "ejercido presiones a partir de actos públicos y en la esfera privada de los dueños del Grupo Indalo, con reuniones en las que habrían participado funcionarios públicos y hasta el mismísimo –entonces– presidente Macri".

El primer hito o momento clave se da el 25 de octubre de 2015. El entonces candidato se reúne con Cristóbal López en la casa de Franco Macri. Le hace saber que la intención era poner presa a Cristina Kirchner.

Solamente en el primer año, hay alrededor de mil comunicaciones relacionadas al caso Indalo.

Una fecha clave es el 9 de marzo de 2016 cuando Rodríguez Simón le anuncia vía Whastapp al abogado de Casino Buenos Aires, Joaquín Labougle que debía cobrar sus honorarios porque iba a empezar una “guerra nuclear”.

Esa amenaza había sido precedida por reuniones entre los empresarios ligados al juego y la Casa de gobierno en las cuales “Pepín” se presentaba: “Yo soy Macri”.

Entre "Pepín" y Germán Garavano se registraron 162 comunicaciones, según el análisis de la Dajudeco. En el entorno del ex ministro atribuyen el diálogo a cuestiones vinculadas a la Corte Suprema.