Desarticulan otro quiosco en La Costanera, pero los vecinos creen que seguirán vendiendo droga
Una semana después de que fuera liberado “El Gordo Rogelio”, descubrieron un puesto de venta que sería de un rival del barrio.
Hace 11 Hs 27 71 Por Gustavo Rodríguez
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BIEN PERTRECHADOS. Los efectivos de la Federal desplegaron un fuerte operativo para conjurar incidentes. la gaceta / foto de Inés Quinteros Orio
“Esto no se acaba más. Entra uno y sale el otro. Eso es lo que pasa en La Costanera”, renegó, en voz baja para que nadie lo escuche, Mario. Es un vecino que se gana la vida cortando el césped en las viviendas de Villa 9 de Julio. Ese fue el primer comentario que hizo después de que se desarticulara un quiosco de venta de drogas en ese sector del este de la capital.
El jueves por la tarde, las nubes cargadas de agua amenazaban con jugarle una mala pasada al personal de la División Antidrogas Tucumán de la Policía Federal. Antes de que comenzara el aguacero, los agentes fuertemente armados ingresaron a la casa de un tal “Santucho” ubicada en Cuba al 1.600. Allí encontraron más de 200 dosis de paco y más de medio kilo de marihuana y detuvieron al sospechoso y a su pareja. Ambos tendrían lazos familiares con un tal “Cristian”, sospechado de dirigir una red de narcomenudeo en la zona. La investigación fue desarrollada por el fiscal Carlos Brito y supervisada por el juez federal Fernando Poviña, que subroga a su par Daniel Bejas.
El operativo, que duró más de tres horas, fue a unas cinco cuadras de la casa donde el miércoles 27 se realizó una fiesta que duró hasta el amanecer, bombas de estruendo incluidas. El agasajo fue para celebrar la liberación de Rogelio “El Gordo” Villalba, uno de los hombres más conocidos del barrio. Villalba había estado alojado en el penal de Villa Urquiza durante más de dos años por estar acusado de dirigir una red de venta de drogas en el vecindario. Durante años había ejercido el control de la zona. Por la actividad que desarrolló se ganó el sobrenombre: “El Rey del Paco”.
REVUELO. Rebollo fue asesinado cerca del quiosco que fue desarticulado.
“Los dos son pesados; o mejor dicho, se hacen los pesados porque tienen giles que balean por ellos y porque tienen plata. Por eso la gente les tiene miedo. Pero no hay que temerles, hay que seguir denunciándolos para que no sigan aquí. Perdí a un hijo por la porquería que venden. No pudo aguantar no poder dejar el paco y se terminó ahorcando. Casos como el mío hay un montón”, aseveró Mario.
La investigación
El trabajo de los agentes antinarcóticos se inició hace más de un año. Después de que detuvieron a “El Gordo Rogelio”, los investigadores comenzaron a sospechar que otros grupos estaban pugnando por ocupar el espacio que había dejado vacante.
Los integrantes de los grupos que respondían a “El Gordo Silla” y a “Cristian” crecieron en el negocio de la venta de paco en el barrio. Habrían competido con los familiares del “Gordo Rogelio”, quienes nunca habrían abandonado la actividad.
“El Gordo Rogelio” quedó libre y en La Costanera lo recibieron con fuegos artificiales
Los federales recibieron varias denuncias, pero sólo pudieron probar la existencia del quiosco narco desarticulado ayer. Entrar a La Costanera para verificar el dato no fue fácil para los pesquisas. La barriada es un laberinto de pasillos en donde los “soldaditos” (jóvenes contratados por los transa para que realicen tareas se seguridad) van y vienen en sus motos o caminando. Están atentos a cualquier movimiento extraño.
La historia de esta investigación tuvo un capítulo trágico. En noviembre, en un intento de robo, el agente Pablo Ariel Rebollo recibió un disparo que le provocó la muerte horas después. El efectivo estaba realizando trabajos de inteligencia para sumar indicios en contra del grupo que sería liderado por “Cristian” cuando fue sorprendido por motochorros.
Esa fue una de las razones por la cual los federales ingresaron fuertemente armados al barrio. Temían que se registraran incidentes. Al principio, según confiaron fuentes policiales, hubo dos “soldaditos” que pretendieron generar incidentes, pero los vecinos no se sumaron, por lo que no les quedó otra que salir corriendo del lugar para evitar ser detenidos.
“En el barrio tenemos mucho miedo. Estos tipos tienen mucho poder y hacen lo que quieren. Si usted hubiera visto lo que fue el día que liberaron a Rogelio. Sus allegados estaban de fiesta, y los demás, apenados porque sabemos lo que nos espera. Ahora cayó ‘Cristian’, y otros levantarán la cabeza”, explicó Luciana, otra madre que lucha para que sus hijos abandonen la droga.
Después de escucharla atentamente, María, la amiga agregó: “no alcanzan con que vengan y se los lleven. No tienen que volver más porque cuando siguen con su negocio. Siguen matando a nuestros hijos y nunca terminan pagando por lo que hicieron, como pasó con Rogelio”.
En el año 2013 un caso de femicidio conmocionó a la provincia. Alejandra Acosta, policía de Tucumán, fue asesinada por su esposo Edgardo Barrionuevo, también agente de la fuerza, de una balazo en el cuello.
Él había dicho que se trató de un disparo accidental, pero la Justicia lo condenó a cadena perpetua en septiembre de 2017 (los jueces lo culparon por el delito de homicidio agravado por el vínculo). Desde el crimen, los hijos de la víctima, de 6 y 8 años, viven con su abuela materna Rosa Angélica Sosa. En la casa del barrio La Milagrosa, en Banda del Río Salí, viven nueve: Sosa, su marido, cinco hijos, y los niños de Alejandra.
“Se cumplió un nuevo aniversario del crimen de mi hija. Pero esta vez con otra sensación, porque ya está tramitándose la ayuda que le corresponde a mis nietitos por la Ley Brisa”, contó la mujer de 68 años, en diálogo con La Gaceta.
El de los nietos de Sosa es el primer trámite para la reparación a las niñas y niños huérfanos por femicidios que se inició en la oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), en Tucumán.
La Ley de Reparación Económica para las niñas, niños y adolescentes (27.452, llamada “Ley Brisa”), prevé la asignación de un subsidio mensual a huérfanos por femicidio hasta los 21 años, equivalente a una jubilación mínima ($ 10.439). Los turnos ya se pueden solicitar en la página de Anses.
“El señor Alberto Lebbos (el papá de Paulina, asesinada en 2006), nos llamó para avisarnos que ya estaba disponible. Nos puso en contacto con los abogados de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Ana Colombres y Augusto Moeykens, y luego con el titular de Anses, Daniel Ponce. El 26 de marzo llevamos el último papel: la sentencia firme con la que condenaron al asesino de mi hermana”, agregó María José Acosta, una de las hermanas de Alejandra.
“Esta ley es una bendición porque a los 63 años (cuando murió Acosta), tuve que dejar de ser abuela para volver a ser madre de niños. Es difícil, sobre todo en esta situación económica”, contó la mamá de Alejandra. Y agregó: “de todo este dolor aprendí que nunca hay que tener miedo. No hay que callar ante situaciones de violencia. A todas las mujeres se los digo. Siempre hay que decir la verdad. Mi hija no se había suicidado, lo dije y lo repetí, hasta que la Justicia me dio la razón: su esposo la mató”.
“Se trata de un nuevo derecho para niñas, niños y adolescentes que han perdido a su madre producto de la violencia machista. Lo importante es el carácter de ‘reparación’ asignado: el Estado asume la culpa de no haber protegido a esa mujer de su agresor. Sobre todo porque es tan común que haya crímenes con víctimas que habían denunciado muchísimas veces a sus agresores, quienes terminaron matándolas”, consideró la secretaria de la Mujer de Tucumán, María del Carmen “Cuyi” Carrillo.
Agregó que será fundamental el seguimiento de profesionales para garantizar que los fondos sean destinados correctamente a la crianza de los niños. Una comisión, integrada por miembros de Anses, del Instituto Nacional de Mujeres (INAM) y de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), se encargará del seguimiento de cada caso.
En Tucumán se estima, de acuerdo a datos de la Secretaría de Derechos Humanos, que al menos 30 niñas y niños están en condiciones de solicitar la reparación. Sin embargo, se podrían sumar casos. De acuerdo al Registro Nacional de Femicidios, realizado por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá), en el primer trimestre del año se registraron 72 femicidios relevados. A causa de estos crímenes de odio machista, 52 infantes quedaron huérfanos.
La norma fue bautizada como Ley Brisa, por el nombre de la hija más chica de Daiana Barrionuevo, quien fue asesinada a golpes por su marido, Iván Rodríguez, el 20 de diciembre de 2014. Los tres chicos comenzaron a vivir con su tía Cintia, madre de tres hijos. La iniciativa fue impulsada por el Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano. La ley nacional fue aprobada el año pasado en el Congreso, y -en diciembre- adhirió a la norma la Legislatura.
