04/02/2021
Argentina
INVESTIGACIÓN
Denunciaron a Fernando De Andreis, ex funcionario macrista, por enriquecimiento ilícito
Su patrimonio creció considerablemente en sólo cuatro años de gestión, sin justificación aparente.
El diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, denunció penalmente a Fernando De Andreis, quien fuera secretario General de la Presidencia de Mauricio Macri, y a Fátima Micheo, ex subsecretaria de Comunicación Presidencial de Cambiemos por presunto enriquecimiento ilícito.
La acusación también recayó sobre todos los que "aparezcan como coautores, cómplices, instigadores o encubridores de los hechos que se denuncian". Entre ellos, la responsabilidad del mismísimo fundador del PRO, porque los funcionarios estaban "bajo su dependencia directa de acuerdo al organigrama" oficial de Gobierno.
En la denuncia, publicada por El Destape, se sostiene que los funcionarios "aparentemente se han enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada -en relación con sus ingresos legítimos demostrados- durante el período en que ejercieron" sus cargos públicos, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, según las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
Ambos funcionarios no ocuparon cualquier rol dentro de la administración pública sino que se sentaron en sillas de gran responsabilidad durante los cuatro años de Gobierno macrista, lo que "deriva la exigencia de una mayor responsabilidad, transparencia, probidad, desinterés, capacidad, competencia, disciplina, reserva, imparcialidad y fidelidad que la demostrada hasta el momento", argumentó el diputado en la denuncia.
Lejos de ello, "el incremento patrimonial de los encausados denunciados, no solo es apreciable, sino que además es desproporcionado a sus ingresos". Por eso, sostuvo que con la investigación "se demostrará fielmente que estos funcionarios no han sido transparentes y que sus patrimonios han aumentado considerablemente tras pocos años de en el desempeño de sus cargos", sin justificación aparente.
En el escrito se requirió información sobre las parejas, esposo y esposa, de las personas denunciadas porque, si bien la acción no se dirigió contra ellos, fueron partícipes de las declaraciones juradas de los funcionarios para justificar deudas y comprar inmuebles para, aparentemente, "ocultar su verdadero crecimiento patrimonial".
Por eso, también pidió que se libren oficios al Registro de la Propiedad, AFIP, inmobiliarias para conocer los montos, deudas y bienes incluidos, entre otros datos, que conforman los argumentos de la acusación.
Además, se solicitó la citación a declaración testimonial de ciertos periodistas que brindaron datos sobre los manejos financieros de los funcionarios, como es el caso de Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon.
El diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, denunció penalmente a Fernando De Andreis, quien fuera secretario General de la Presidencia de Mauricio Macri, y a Fátima Micheo, ex subsecretaria de Comunicación Presidencial de Cambiemos por presunto enriquecimiento ilícito. La acusación también recayó sobre todos los que "aparezcan como coautores, cómplices, instigadores o encubridores de los hechos que se denuncian". Entre ellos, la responsabilidad del mismísimo fundador del PRO, porque los funcionarios estaban "bajo su dependencia directa de acuerdo al organigrama" oficial de Gobierno.
En la denuncia, publicada por El Destape, se sostiene que los funcionarios "aparentemente se han enriquecido patrimonialmente de manera apreciable e injustificada -en relación con sus ingresos legítimos demostrados- durante el período en que ejercieron" sus cargos públicos, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, según las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
Ambos funcionarios no ocuparon cualquier rol dentro de la administración pública sino que se sentaron en sillas de gran responsabilidad durante los cuatro años de Gobierno macrista, lo que "deriva la exigencia de una mayor responsabilidad, transparencia, probidad, desinterés, capacidad, competencia, disciplina, reserva, imparcialidad y fidelidad que la demostrada hasta el momento", argumentó el diputado en la denuncia.
Lejos de ello, "el incremento patrimonial de los encausados denunciados, no solo es apreciable, sino que además es desproporcionado a sus ingresos". Por eso, sostuvo que con la investigación "se demostrará fielmente que estos funcionarios no han sido transparentes y que sus patrimonios han aumentado considerablemente tras pocos años de en el desempeño de sus cargos", sin justificación aparente.
En el escrito se requirió información sobre las parejas, esposo y esposa, de las personas denunciadas porque, si bien la acción no se dirigió contra ellos, fueron partícipes de las declaraciones juradas de los funcionarios para justificar deudas y comprar inmuebles para, aparentemente, "ocultar su verdadero crecimiento patrimonial".
Por eso, también pidió que se libren oficios al Registro de la Propiedad, AFIP, inmobiliarias para conocer los montos, deudas y bienes incluidos, entre otros datos, que conforman los argumentos de la acusación.
Además, se solicitó la citación a declaración testimonial de ciertos periodistas que brindaron datos sobre los manejos financieros de los funcionarios, como es el caso de Iván Ruiz, Maia Jastreblansky y Hugo Alconada Mon.
