Los detenidos por el crimen del empresario descuartizado fueron traslados a la misma cárcel que los asesinos de Fernando Báez Sosa

Los individuos vinculados al homicidio de Fernando Pérez Algaba, el vendedor que fue asesinado y desmembrado en Ingeniero Budge, han sido transferidos a la misma prisión que albergó a los jugadores de rugby responsables del asesinato de Fernando Báez Sosa. 

El juez de Garantías de Lomas de Zamora ha denegado su liberación bajo fianza, lo que significa que permanecerán bajo custodia. Los siete acusados han sido trasladados a la Alcaldía N° 3 Roberto Pettinato, ubicada en Melchor Romero. Tras el quiebre del acuerdo de silencio y las mutuas acusaciones, se les ha asignado diferentes pabellones para prevenir enfrentamientos.

La determinación de ubicarlos en La Plata fue tomada por el juez de Garantías N° 4, Sebastián Monelos, quien rechazó la solicitud de excarcelación presentada por la defensa de Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas, Luis Alberto Contrera, Flavia Lorena Bomrad, Fernando Gastón Carrizo, Matías Ezequiel Gil y Horacio Mariano Córdoba. 

Estos detenidos enfrentan cargos como coautores del delito de "homicidio triplemente agravado por alevosía, codicia y conspiración premeditada de múltiples personas, con el uso de arma de fuego en concurso real con falso testimonio".

En cambio, el juez Monelos concedió la libertad a Gladys Cristaldo, quien fue acusada de "encubrimiento agravado debido a la gravedad particular del delito anterior". Esto ocurrió después de que fuera arrestada en la misma residencia donde se ocultaba Pilelich, uno de los principales sospechosos de haber asesinado a Fernando "Lechuga" Pérez Algaba.

Tras la declaración de Vargas, que incriminó a Pilepich y lo señaló como el responsable de dispararle al comerciante de 41 años, las abogadas Lorena Blanco y Celeste Schenfeld interpusieron un recurso de habeas corpus para evitar que el imputado compartiera celda con los otros sospechosos. Las abogadas argumentaron que esta medida era necesaria para preservar "su integridad física y psicológica", ya que "su testimonio incrimina a los otros acusados en el caso" y porque "trabajó durante 16 años en la Policía Federal Argentina (PFA)".

El pacto de silencio entre los involucrados en el asesinato de Pérez Algaba ha quedado roto

Vargas detalló en su declaración que el crimen de Pérez Algaba tuvo lugar en la tarde del 18 de julio en el terreno conocido como "Renacer" en General Rodríguez. Según su testimonio, Pilepich fue el autor material, disparando dos balas mortales mientras la víctima cambiaba bombillas fundidas en una de las oficinas. "Ya está, no podía aguantar más, hay límites", fueron las palabras de Pilepich tras consumar el acto, refiriéndose a las persistentes demandas del empresario para que pagara una deuda de alrededor de 150.000 dólares y a sus acciones de extorsión.

Vargas también señaló que llevaron el cuerpo en un automóvil Volkswagen Polo hasta la residencia de Contrera, quien se encargó de desmembrarlo y arrojar los restos en un arroyo dentro de una maleta. Añadió que la escena del crimen fue destruida y sus escombros esparcidos en diversos lugares para borrar las pruebas, y que se mantuvo prófugo durante todo ese tiempo debido al miedo.