El acuerdo completo con el FMI que entrará al Congreso

El acuerdo con el FMI afirma dos veces que elevará el gasto real año tras año durante la vigencia del contrato, enumera medidas para bajar la inflación un 5% anual, a la que califica como “multicausal”, se propone acumular 15 mil millones de dólares de reservas entre 2022 y 2024, ratifica el actual sistema jubilatorio y asegura un crecimiento real de los salarios estatales ligado al crecimiento. En una cláusula agregada a último momento, advierte que puede haber modificaciones consensuadas con el Fondo si la pandemia o la guerra generan un shock externo.

El acuerdo para refinanciar la deuda demencial que tomó Mauricio Macri no es una fiesta ni mucho menos. Habrá que trabajar para cumplirlo y si se cumple tampoco habrá fiesta porque se propone una baja gradual de la inflación y un crecimiento bajo. El texto suma importancia cuando se lo compara con los que firmaron otros países en los últimos años y cuando se comprende que no existe otra opción que acordar para evitar una catástrofe.

Con la herencia de escasez de divisas que dejó el gobierno de Mauricio Macri, las reservas disponibles del Banco Central son casi inexistentes. El país cuenta los dólares todos los días para autorizar importaciones de bienes intermedios imprescindibles para la producción y está a tiro de cualquier vaivén internacional que lo termine de hundir en una espiral inflacionaria. No acordar aparece como un suicidio. El acuerdo asegura un ingreso inmediato de divisas. En marzo entrarán 9729 millones de dólares y seguirán ingresando desembolsos suficientes para ir cancelando los compromisos del delirante préstamo de Macri y a la vez acumular reservas. Lo que sigue es el detalle de los desembolsos:

Según Guzmán, la idea es que siempre haya en el Banco Central dólares para cancelar los vencimientos relacionados con una revisión trimestral aunque no se reciban los desembolsos. Vale recordar que el FMI va entregando el dinero luego de controlar que se cumpla lo pactado. Esa es seguro la peor parte del acuerdo: someterse a la humillación del control ajeno y foráneo. En ese lugar nos dejó Macri cuando recurrió al FMI.

Tarifas y subsidios

El componente más significativo del actual déficit fiscal se relaciona con los subsidios a las tarifas de servicios públicos. Desde el principio de la negociación el Fondo exigió una fuerte reducción. No es un secreto que el punto generó fuertes resistencias en el seno del Frente de Todos. Finalmente Guzmán negoció que la suba de tarifas de 2022 y 2023 sea un porcentaje de la suba salarial, según el poder adquisitivo de cada consumidor. El texto dice “Para los usuarios residenciales, las actualizaciones serán en base al crecimiento del salario promedio (coeficiente de variación salarial) según lo que preveía la Ley 27.443 que fuera vetada el 31 de mayo de 2018. Más específicamente, los usuarios residenciales beneficiarios de la tarifa social tendrán una revisión tarifaria equivalente al 40 por ciento del promedio del coeficiente de variación salarial del año anterior; y para el resto de los usuarios residenciales, excluyendo aquellos sujetos al esquema de segmentación de subsidios descripto anteriormente, la revisión de las tarifas energéticas será equivalente al 80 por ciento del coeficiente de variación salarial del año anterior. En ambos casos, para el año 2022 se incluirán los incrementos aplicados durante todo el año calendario, dentro de dichos porcentajes, respectivamente”. Cuando se refiere a la segmentación habla del 10% más rico, que pagará tarifas sin subsidios.

Un toque para Macri

Cuando el acuerdo llegue al Congreso Juntos por el Cambio comprobará que en la primera parte el acuerdo refiere al fracaso del acuerdo de Macri: “Ninguno de los objetivos del programa fue alcanzado: ni la confianza ni el acceso a los mercados fueron restablecidos; el producto se contrajo fuertemente y la inflación aumentó; el empleo cayó y la pobreza creció; el tipo de cambio se depreció; la ausencia de medidas para manejar los flujos de capitales y los desembolsos efectivamente efectuados financiaron una salida de capitales de magnitudes históricas; la deuda aumentó como porcentaje del PIB, y debido a la decisión de las autoridades de entonces de no reestructurar la deuda denominada en moneda extranjera, la sostenibilidad de la deuda empeoró. Estos resultados tuvieron y tienen consecuencias duraderas para el país”.

En varios apartados del memorándum se señala como prioritario la acumulación de reservas. Se proyecta que “la cuenta corriente externa se mantendrá en superávit, apuntalada por un tipo de cambio real efectivo (TCRE) competitivo y reformas orientadas a impulsar las exportaciones en sectores clave. Esto, junto a un aumento de la inversión extranjera directa (IED) y la entrada de flujos oficiales netos, facilitará una acumulación de reservas (aumento de las reservas internacionales netas (RIN) de USD 15.000 millones a lo largo del programa) y reforzará nuestro régimen de deslizamiento cambiario (crawling peg). Según Guzmán, “la suba de reservas es el hecho más relevante y el resto son herramientas para lograrlo”. El memorándum aclara taxativamente el problema argentino: “Los problemas de balanza de pagos persisten. Las necesidades de balanza de pagos de Argentina están principalmente relacionadas con los pagos de deuda al FMI”.

El Gobierno sabe que con este nivel de inflación perderá las elecciones el año próximo. El mismo presidente señaló en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso que no pudo bajar la inflación que heredó de Macri. Al respecto el acuerdo señala “procuraremos reducir la inflación en un rango de 38% - 48% para fines de 2022 y en 5 puntos porcentuales adicionales por año hasta fines de 2024. La estrategia de desinflación se basará en un enfoque de varios frentes que abarcará políticas fiscales, monetarias y de precio-ingreso, adecuadamente calibradas. Se prevé que estas políticas ayuden a apuntalar la demanda de dinero, que, tras la caída registrada en 2021, se espera que en general se mantenga constante como proporción del PIB”.

Jubilaciones

Cuando se filtró el primer borrador del memorándum hubo una discusión respecto a cuáles iban a ser los puntos a revisarse sobre el sistema previsional. En el memorándum se aclara la ley que refiere al régimen jubilatorio de magistrados, y funcionarios del poder judicial y Ministerio Público. “El gasto en jubilaciones y pensiones estará guiado por el nuevo mecanismo de actualización adoptado a finales de 2020. Como parte de esta iniciativa, realizaremos y publicaremos un estudio que describa las opciones y recomendaciones para afianzar la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional , focalizado en determinados regímenes especiales de jubilaciones alcanzados por la Ley 27.546 así como en los mecanismos para facilitar la continuidad voluntaria de la vida laboral de las personas”, sostiene el acuerdo.

Quizá el dato más decepcionante sea el referido al crecimiento, tomando en cuenta la pobre situación social. “Nuestro programa macroeconómico de base prevé una expansión económica y un proceso de desinflación estables y sostenidos. Se prevé que el PIB crezca 3½% - 4½% en 2022 y converja a un crecimiento potencial en torno a 1¾% - 2¼% a mediano plazo. Esta expansión se verá sustentada por el consumo privado y la inversión, y las políticas públicas seguirán desempeñando un importante papel para respaldar el empleo, los ingresos reales y mejoras de los indicadores sociales”. Al respecto, lo que señala el ministro es que el país “no cuenta con divisas para crecer más”

Con la guerra ya comenzada y las consecuencias sobre la mesa, el acuerdo incluyó una cláusula que pone de manifiesto lo que ya se sabe.: los precios de los comodities y la incertidumbre económica y financiera hacen que todo lo acordado pueda cambiar. “Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda”, señala.

En lo político, lo peor de sostener un acuerdo con el Fondo es quedar obligado a consultar decisiones que deberían ser soberanas. Aquí el Fondo lo deja aclarado, como lo hace en todos los acuerdos que firma. “Cláusula estándar del FMI sobre consultas. Estamos seguros de que nuestras políticas son las adecuadas para alcanzar los objetivos del programa y estamos listos para tomar las medidas adicionales que sean necesarias para tales fines. Consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas medidas y en forma previa a cualquier revisión a las medidas contenidas en este Memorando, y evitaremos cualquier política que no sea consistente con los objetivos del programa y nuestros compromisos en el contexto de este”, señala el memo.

El acuerdo no contiene cláusulas de reforma previsional ni laboral. Tampoco despidos estatales ni rebajas de salarios. No propone una baja de gastos, sino una suba. Es claramente mejor que los que firmó el Fondo durante las últimas décadas. La diferencia entre negociar dos años o 5 minutos se nota. Así y todo quedar atado a las decisiones del Fondo, el organismo que le dio un crédito al gobierno de Macri violando sus propios estatutos para que gane las elecciones siempre resulta peligroso. La firma es el principio de un camino extenso y complicado. Pero no es imposible que tenga éxito y termine estabilizando la economía y bajando la inflación. Es una jugada riesgosa. Pero es la única disponible.