El Gobierno Nacional refuerza la asistencia financiera para garrafas y distribuidoras de gas

La Secretaría de Energía dispuso una asistencia financiera de $ 296,75 millones para empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP), y otra de $ 800 millones para subdistribuidoras de gas natural.

Las medidas se formalizaron a través de las resoluciones 139/2022 y 140/2022 de la Secretaría de Energía, publicadas hoy en el Boletín Oficial.

La primera de las normas tiene como objeto asegurar el suministro de garrafas en el marco del Programa Hogar, destinado a sectores sociales de bajos recursos que no cuentan con el servicio de gas natural por redes, y alcanza a 49 distribuidoras, 8 fraccionadoras y una productora (YPF), en tanto la segunda resolución tiene como beneficiarias a 61 subdistribuidoras.

La primera de las asistencias, por un total de $ 296.721.719,20, corresponde al período comprendido entre agosto y diciembre de 2021, en el que se reconoce el 20% de la facturación en concepto de venta de GLP (neto de impuestos) que hayan facturado mensualmente las empresas por el producto destinado al Programa Hogar, consistente en un subsidio directo mensual para hogares de bajos recursos y entidades de bien público sin acceso a la red de gas natural.

En la actualidad, el beneficio consiste en un monto mensual de $ 414, que cubre parte del precio de la garrafa de 10 kilos, se deposita a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y varía según el tamaño del grupo familiar, la zona de residencia y la época del año.

De acuerdo con la información de la Secretaría de Energía, el precio de la garrafa de 10 kilos varía, según la zona geográfica de $ 466,68 en Tierra del Fuego hasta $ 526,43 en Misiones y San Juan.

En los considerandos de la resolución, se indicó que la asistencia a las empresas se tomó "teniendo en cuenta la variación experimentada en los valores y costos asociados en la cadena de comercialización de GLP", que obligó a implementar un "mecanismo transitorio" para "morigerar el impacto de los costos económicos de la actividad en las distintas etapas, de manera que la prestación del servicio se realice con las debidas condiciones de calidad y seguridad", detalla Télam.