Denuncian a un intendente salteño por el robo de 35 kilómetros de caños de un gasoducto

Corresponsalía Salta.  Escándalo. Concejales de un pueblo de Salta formarán una comisión para saber si el intendente se robó 35 kilómetros de  caños del gasoducto del Noreste Argentino.

Sucedió en Aguaray, cuando  el intendente Enrique Prado,  firmó una resolución que autorizó a una empresa de Mendoza para que desentierre, retire y traslade alrededor de 2.500 caños del Estado Nacional, que estaban al este del pueblo. La obra la estaba ejecutando la empresa de servicios Vertúa. El robo implica un  perjuicio de más de 30 millones de dólares.

Como justificativo Prado sostuvo que la empresa mendocina OSYC tenía una autorización del Ministerio de Ambiente de la Nación, pero el organismo desconoció la operación, y le exigió que se retracte bajo apercibimiento de iniciarle acciones legales.

Ya se presentó un pedido de intervención del municipio, por lo que la situación de Prado aparece como muy complicada. En tanto, la Justicia Federal, desde que el tema se hizo público, citó a varias personas a declarar pero hasta el momento la Fiscalía federal no elevó las actuaciones al juez Gustavo Montoya.

El jueves pasado fue convocado a prestar declaración en la fiscalía federal de Orán el presidente del Concejo Deliberante, Guillermo Alemán, que precisó que "el motivo por el cual se me citó fue para que yo explique qué conocimiento tenía como presidente o como miembro del cuerpo acerca de las resoluciones emanadas del Ejecutivo municipal, que llevan la firma del intendente Prado. En mi declaración precisé que el Concejo Deliberante no tenía conocimiento alguno de que se haya autorizado el retiro de esos caños del gasoducto, y que por el contrario lo que le hemos pedido al intendente es que nos remita las resoluciones que firmó con ese fin pero que no aparecen en el Boletín Oficial".

Agregó que "el lunes anterior le solicitamos al Ejecutivo municipal que nos remita en el plazo de 48 horas unas 10 resoluciones que no están en el Boletín Oficial y no sabemos por qué, entre ellas la que Prado firmó autorizando el retiro de los caños por la supuesta contaminación ambiental".

El intendente respondió la requisitoria del cuerpo, pidiendo una prórroga de 10 días, a pesar que por diversos medios de comunicación había asegurado contar con toda la documentación que respaldaba la maniobra y con la supuesta autorización del Ministerio de Ambiente de la Nación.

"Por toda esa situación es que decidimos que el lunes se ponga a consideración del cuerpo la conformación de una comisión que investigará la conducta del intendente Enrique Prado. Como corresponde, tendrá todas las posibilidades de explicar todo lo que se va conociendo, pero no vamos a emitir ningún juicio al respecto hasta tanto el intendente haga su descargo como corresponde" expresó Alemán.