10/03/2018

Tucumán

Preocupa el uso policial de armas "con mayor liviandad"

Desde la organización Andhes consideraron que la muerte de un niño de 11 años es el corolario de un comienzo de año violento.

"El asesinato del niño aumenta la preocupación por el gatillo fácil"
DENUNCIA
Desde la organización de Derechos Humanos Andhes se manifestaron preocupados además por los casos de violencia institucional registrados en la provincia.
 09 Mar 2018 - 12:58
Desde la ONG  andhes aseguraron que la muerte de un niño de 11 años, asesinado de un disparo en la nuca, es el corolario de un comienzo de año violento y en el cual el Estado "parece haber legitimado a sus fuerzas de seguridad para realizar ejecuciones extrajudiciales y usar sus armas con mayor liviandad".
“A la muerte del niño hay que sumarle los casos de Víctor Robles asesinado por un policía de civil en Av. Kirchner al 1900; el de Ángel Alexis Noguera asesinado de un disparo con bala de goma en la cabeza en un procedimiento policial realizado en la casa de la víctima; el caso del comisario Pineda que ingresó al domicilio de un supuesto asaltante, le disparó y luego falseó el procedimiento y el caso de Maximiliano Ariel Tapia, quien perdió una pierna producto de un disparo realizado por personal policial en Las Talitas” explicó Ana Laura Lobo Stegmayer, Directora Ejecutiva de la ONG llamada Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos HUmanos y Estudios Sociales (andhes)
Por su parte, Matías Lorenzo Pisarello, coordinador del área de Seguridad y Derechos Humanos expresó que “el Estado no puede seguir legitimando el uso abusivo e indiscriminado de violencia por parte de las fuerzas de seguridad con la excusa de brindar una solución a las diferentes conflictividades sociales. Las actuales políticas públicas en materia de seguridad se rigen por acciones meramente reactivas frente a los hechos consumados, dejando de lado todo tipo de acción destinada a garantizar la verdadera seguridad, la que garantiza el pleno empleo, la educación, la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general”.
Finalmente, Florencia Vallino, coordinadora del área Derechos de Niñez y Adolescencia, explicó que “el uso de la fuerza otorgado a la policía debe ajustarse al marco normativo democrático y de derechos humanos, respetando estándares de racionalidad, proporcionalidad y legalidad. En caso de niños y niñas, el Estado tiene una obligación reforzada en la garantía y protección de sus derechos, existiendo incluso protocolos de actuación específicos para casos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Este hecho resulta inaceptable y sólo se explica en el marco de un contexto de aumento de la criminalización de las infancias y legitimación del gatillo fácil".

Desde la ONG de Derechos Humanos Andhes, plantearon este viernes que la muerte de un niño de 11 años, asesinado de un disparo en la nuca por policías, es el "corolario de un comienzo de año violento". El Estado "parece haber legitimado a sus fuerzas de seguridad para realizar ejecuciones extrajudiciales y usar sus armas con mayor liviandad", señalan.

“A la muerte del niño hay que sumarle los casos de Víctor Robles asesinado por un policía de civil en Av. Kirchner al 1900; el de Ángel Alexis Noguera asesinado de un disparo con bala de goma en la cabeza en un procedimiento policial realizado en la casa de la víctima; el caso del comisario Pineda que ingresó al domicilio de un supuesto asaltante, le disparó y luego falseó el procedimiento y el caso de Maximiliano Ariel Tapia, quien perdió una pierna producto de un disparo realizado por personal policial en Las Talitas” explicó Ana Laura Lobo Stegmayer, Directora Ejecutiva de la ONG llamada Abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos HUmanos y Estudios Sociales (andhes)

Matías Lorenzo Pisarello, coordinador del área de Seguridad y Derechos Humanos expresó que “el Estado no puede seguir legitimando el uso abusivo e indiscriminado de violencia por parte de las fuerzas de seguridad con la excusa de brindar una solución a las diferentes conflictividades sociales. Las actuales políticas públicas en materia de seguridad se rigen por acciones meramente reactivas frente a los hechos consumados, dejando de lado todo tipo de acción destinada a garantizar la verdadera seguridad, la que garantiza el pleno empleo, la educación, la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad en general”.

Finalmente, Florencia Vallino, coordinadora del área Derechos de Niñez y Adolescencia, explicó que “el uso de la fuerza otorgado a la policía debe ajustarse al marco normativo democrático y de derechos humanos, respetando estándares de racionalidad, proporcionalidad y legalidad. En caso de niños y niñas, el Estado tiene una obligación reforzada en la garantía y protección de sus derechos, existiendo incluso protocolos de actuación específicos para casos de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. Este hecho resulta inaceptable y sólo se explica en el marco de un contexto de aumento de la criminalización de las infancias y legitimación del gatillo fácil".




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