La presidenta de la Corte jujeña, en el corazón de la trama inconstitucional de Morales

El periodista de Página 12 Horacio Verbitsky publicó el pasado domingo una nota que devela el rol central de la presidenta de la Corte Suprema de Jujuy Clara de Langhe de Falcone en la estructura de poder que sostiene el régimen incostitucional erigido por el gobernador Gerardo Morales en la provincia.

Además, la ministra del Tribunal está implicada en numerosos casos de corrupción por negocios turbios, favoritismo e incluso la apropiación ilegal de uno de sus hijos a través de engaños a su madre biológica.

Según la nota de investigación Clara de Langhe de Falcone es objeto de un pedido de juicio político solicitado a la Legislatura Provincial por incumplimiento de sus deberes al coordinar con el gobernador Morales el engaño a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que consienta la prisión preventiva de Milagro Sala.

La jueza, a quien en su ciudad San Pedro de Jujuy todos llaman Titina, tiene cuatro hijos con el odontólogo Hugo Rodolfo Falcone, quienes tienen hoy entre 50 y 42 años e historias interesantes, ligadas con el contador Morales, su familia y sus negocios:

Cecilia Inés Falcone se casó con el socio en el estudio jurídico de su madre en San Pedro, Gastón Mercau, con quien tuvo tres varones. Cuando Titina se volcó a la actividad política en el radicalismo jujeño, Mercau fue designado defensor y en 2013 juez de control. Cecilia Inés tiene su propia actividad política como coordinadora de Jujuy Solidario, un instrumento creado por Gerardo Morales como parte de su campaña para llegar a la gobernación.

Una de las fotos la muestran con Morales durante un acto proselitista. Su matrimonio se disolvió, Mercau formó pareja con una empleada de los tribunales de San Pedro y se mudó a San Salvador pero su relación con su suegra no se deterioró. En enero de 2016 Titina lo designó juez ad hoc para cumplir la decisión del gobernador Gerardo Morales de detener a Milagro Sala, en forma arbitraria según la calificación del órgano especializado de las Naciones Unidas, que reclamó su liberación inmediata. Es lo que Morales llama pasar de la violencia a la paz.

Maria Paula Falcone tuvo tres hijas con el contador Luis Miguel Jiménez, el comisionista que compró a la provincia de Jujuy en 700.000 pesos un terreno en Alto Comedero de 150 hectáreas, en representación de una docena de legisladores encabezados por el Hermano Freddy Morales, que pocos meses después revendieron a la misma provincia por 30 millones de pesos, con un beneficio del 4.000 por ciento.

María Alicia Falcone, divorciada y con tres hijas, trabajó como procuradora en la Fiscalía de Estado de Salta, donde vive. Concursó para ser jueza y desde 2015 es Secretaria del Tribunal Oral Federal 1 de Salta. Lo preside Santiago Díaz, uno de los jueces que condenaron a Milagro Sala sobre la única base de un testigo pagado por el gobernador Morales y también lo integra Mario Marcelo Juárez Almaraz, hermano mellizo de quien presidió aquel tribunal jujeño que firmó la sentencia pasando por alto que ni Milagro ni nadie de la organización barrial Túpac Amaru estuvieron en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas cuando otras personas rompieron siete vidrios y bañaron de huevos en octubre de 2009 al entonces senador Gerardo Morales.

Esteban Fernando Falcone, el único varón de la familia, fue arrebatado a su madre adolescente, a quien le dijeron que murió en el parto, y anotado como propio por Clara De Langhe y su esposo, el odontólogo Hugo Rodolfo Falcone. Cuando la madre lo supo y reclamó, la jueza compró su silencio con cuatro cargos en los tribunales provinciales de San Pedro.

Milagro Sala y el diputado del Frente Unidos y Organizados Juan Manuel Esquivel pidieron a la Legislatura el juicio político de Titina Falcone por faltar a los deberes de su cargo, causal de remoción según el artículo 203 de la Constitución Provincial. La denuncia se basa en los mails enviados desde el estudio del ex juez, ex ministro y ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra el lunes 9 de enero de 2017 a la jueza y al fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda (ambos dirigentes de la UCR local).

Utilizando la casilla [email protected] el apoderado del gobernador Morales planteó a Falcone y Miranda coordinar la presentación de testigos contra Milagro Sala durante la visita que la CIDH realizará al país en mayo, “tal como hablamos en diciembre”. El abogado patrocinante de Milagro, Luis Paz, sostiene que la participación de la Presidenta del Superior Tribunal en conversaciones dirigidas a justificar la detención “supone su desentendimiento del deber de imparcialidad que debe regir toda actuación de un magistrado”.

Esa operación también “muestra un grave desconocimiento de la división de poderes” ya que un apoderado del titular del Poder Ejecutivo instruye por mail a la Presidente del Superior Tribunal de Justicia sobre “la vía a seguir en una tarea que por naturaleza le corresponde al Poder Judicial”. Falcone “mantiene diálogos con el gobernador Morales para planificar decisiones en las que no debería inmiscuirse persona alguna ajena a la estructura del Poder Judicial”.

María Paula, odontóloga como su padre, de 48 años, sigue casada con el contador Luis Miguel Jiménez, a quien su suegra designó director de administración del área contable del bloque de diputados radicales de Jujuy, del que ella fue vicepresidente en los últimos años del siglo pasado. Jiménez firmaba los recibos de sueldos del personal.

El 29 de mayo de 1997 también firmó un boleto de compraventa por el cual varios miembros de la familia Bustamante Pérez “venden, ceden y transfieren al comprador una fracción rural de trescientas cincuenta hectáreas (350 Hs) parte del lote rural Nº 48-I1 con padrón A-53849, ubicada en distrito Los Alisos del departamento Dr. Manuel Belgrano”. Esas tierras habían sido hipotecadas en garantía de un crédito que no pudieron pagar. Cuando se les decretó la quiebra, debían ir al banco de Jujuy residual, donde el luego vicegobernador y senador Guillermo Jenefes se encargaba de los clavos.

En cambio, por aquel boleto de compraventa pasaron al yerno Jiménez, que es mencionado en la operación como “comisionista”. Es decir que no actuaba por su cuenta sino en nombre de uno o varios clientes hasta entonces no identificados. La operación recién se perfeccionó el 15 de febrero de 2011, mediante el pago de 727.540 pesos. Entonces se develó que los verdaderos compradores eran una docena de ex legisladores que reclamaban salarios adeudados a la provincia, ocho de ellos radicales, varios testigos en el juicio contra Milagro Sala, funcionarios del gobierno nacional de Maurizio Macrì, del provincial de Gerardo Morales o jueces: Freddy Morales, Miguel Ángel Giubergia, Facundo René Giubergia (a través de su esposa Teresa Sadir), Carlos Alberto Toconas, Hugo Daniel Zamar, Raul Alberto García Goyena, Mario Ramón Puig y René Jesús El Jadue.

Pocos meses después revendieron al estado provincial esas 150 hectáreas, por 30 millones de pesos. Morales recompensó al contador Jiménez por el negocio ruinoso de vender en 700 mil lo que valía 30 millones. En cuanto asumió la gobernación lo designó secretario de egresos públicos, el funcionario que autoriza las erogaciones de la provincia.

Esteban Fernando Falcone, DNI 24.217.035, nació en el sanatorio San Pedro, de San Pedro de Jujuy, el 25 de octubre de 1975, en un parto atendido por el médico Otto Carlos Stenberg. El sanatorio quebró hace dos décadas y el médico murió. La partida de nacimiento consigna que sus padres son Hugo Rodolfo Falcone y Clara Aurora De Langhe.

Cuando ella se refiere a Esteban como “el hijo de mi corazón” buena parte de los 70.000 sampedreños saben a qué se refiere: el chico es hijo natural de G.G., quien entonces era una adolescente. Le dijeron que el bebé había muerto en el parto y lo inscribieron como hijo de Falcone y De Langhe. Desde que Gerardo Morales fue designado viceministro de Desarrollo Social, se instaló en Buenos Aires. Ahora trabaja en la Coordinación de ejecución y reajustes de ANSES, en el séptimo piso de la sede de Paseo Colón 327.

En 2012, G. supo del engaño y asesorada por un abogado grabó un video narrando la historia. Con la filmación se presentó ante Titina, que ya integraba el Superior Tribunal. El desenlace fue el ingreso de la madre biológica a un cargo de maestranza en los tribunales de San Pedro. (pagina12.com)