Denuncian a Cambiemos en Tucumán por un fraude millonario con subsidios y documentos truchos

Una fuerte denuncia por el uso de millonarios fondos públicos en un supuesto fraude con la entrega de subsidios acorrala a los representantes locales de Cambiemos en Tucumán.

Concejales peronistas de la ciudad de San Miguel de Tucumán denunciaron presuntas irregularidades en la entrega de subsidios por parte de la gestión del intendente, Germán Alfaro.

Según informa el diario La Gaceta, el jefe municipal de Cambiemos había autorizado por decreto, en plena campaña electoral para diputado nacional que encabezan su par José Cano y su esposa Beatriz Ávila, la asignación de ayudas económicas de $ 1.500 a 1.502 vecinos. “Si no nos responden el pedido de informes del Concejo vamos a acudir a la Justicia. Esto puede ser una estafa: malversan fondos municipales dando subsidios a vecinos de otras localidades, de otras provincias y a gente fallecida”, disparó Dante Loza, presidente del bloque Tucumán Crece-PJ.

El decreto 3.810 del 28 de septiembre (la campaña había comenzado el 23) autorizó a la Secretaría de Gobierno Municipal de San Miguel de Tucumán a destinar $ 2,2 millones en subsidios para 1.502 beneficiarios. El instrumento trascendió la semana pasada de manera incompleta: se adjuntó al expediente una planilla con datos de 700 vecinos, es decir, menos de la mitad de los favorecidos.

Los siete ediles de la bancada Tucumán Crece-PJ y el concejal José María Franco (bloque Restauración Peronista), presentaron ante el diario La Gaceta la documentación del cotejo de datos de quienes cobraron subsidios según el decreto de la polémica. Del total, consignaron que más de 300 vecinos residen fuera de la capital, que 12 viven en otras provincias y que en un caso, un beneficiario falleció.

“En el padrón figura la supuesta vecina Margarita del Valle Acevedo, pero ese número de DNI consignado, según el Registro Nacional de Electores, corresponde a Juan Ernesto Cingolani, que reside en Monte Buey, Córdoba. Otro caso es el de una vecina Rebbeca Iramain, cuyo DNI en realidad es de Rocío Rafaela Sánchez, que vive en Santa Clara, Jujuy”, detalló Loza. David Mizrahi interrumpió el relato de su compañero de bancada para enumerar las provincias de algunos de los beneficiarios: Mendoza, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Río Negro, Santa Cruz, Chaco y Buenos Aires. Y agregó: “la identidad consignada con el beneficiario 661 del listado corresponde en realidad a Manuela Speroni, una mujer que falleció en 1983 en Buenos Aires”, detalló.

“Estos datos nos pondrían frente a la punta de un iceberg de una cadena de corrupción y clientelismo. Los $2,2 millones de este decreto corresponden al 5% del presupuesto anual de la Partida Principal 31 para la Secretaría de Gobierno”, criticó Mizrahi. Y agregó: “creemos que se trata de una modalidad del municipio para sacar plata y hacer caja. Se trataría de un acto de corrupción y de malversación de fondos”.

“Estas irregularidades nos pondrían frente a una estructura de corrupción que empieza con el director de Empleo y termina con toda la cadena jerárquica involucrada, y en la cabeza está el intendente Alfaro. Me sorprende que no hayan entregado subsidios en Zaimán”, ironizó Franco, despertando las risas de Graciela Suárez de Cano, Matías Alejandro Figueroa, María Belén Cruzado Sánchez y Dolores Medina.

Juan Luis Pérez explicó que su bloque trabaja en la presentación de un pedido de informes. “Queremos que nos completen el listado de beneficiarios del decreto 3.810. Pediremos la documentación respaldatoria de los $ 30 millones ejecutados en 2016 en esta partida de la Secretaría de Gobierno. Y solicitaremos la documentación de la ejecución de la Partida Principal 31 de la Secretaría de Gobierno de 2017, con el listado completo de beneficiarios”, adelantó el concejal. “Nos gustaría conocer cuántos decretos de estas características se firmaron”, acotó Medina.

[Solicitada de la JP]
Este es el cambio de @JCanoOK y @alfarogerman#DefendamosLaPolitica#DefendamosTucuman pic.twitter.com/bsh2qMdLrn

— Juventud Peronista (@JotaPeTuc) 11 de octubre de 2017

La justificación: errores de tipeo

El secretario de Gobierno municipal, Walter Berarducci, negó las acusaciones sobre presuntas anomalías en la entrega de ayudas sociales a vecinos de las afueras de la capital. “Ninguna persona muerta puede cobrar un subsidio en la Municipalidad, y te digo por qué: una vez emitido el decreto (de la Intendencia), el beneficiario tiene que apersonarse con su DNI y eso es controlado por el órgano de control municipal. Es un trámite personalísimo, con DNI en mano”, indicó Berarducci. Luego, desde el Ejecutivo municipal enviaron la foto de una planilla en la que aparecía el nombre del supuesto destinatario de un subsidio que habría fallecido, como sostienen los ediles afines al PE. La acompañaron con la imagen del documento de la persona en cuestión, y aseguraron que se trataba de un error en la transcripción de los números: mientras el caso “sospechoso” comenzaba con 2 millones, el presuntamente correcto -según la Intendencia- era de 26 millones. “Faltó poner un número”, sostuvo Berarducci.

(Fuente: lagaceta.com.ar)