El Gobierno Provincial invertirá 140 millones de pesos para la construcción de 200 viviendas

El Gobierno provincial dio comienzo a dos proyectos de construcción de viviendas, por 100 casas cada una.  La inversión, por licitación pública, es estimada en $ 140 millones.

Funcionarios del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) rubricaron la semana pasada las “actas de inicio y replanteo” de obra de los proyectos. El expediente 14.270/440 -2016, Licitación pública 24/2016, al que tuvo acceso el diario La Gaceta, indica que el nuevo barrio se realizará en Cruz Alta, en la comuna de San Andrés, sobre la ruta 9. El documento asigna la obra a la firma GAMA Sociedad Anónima, presidida por Jorge Garber -secretario general de la Cámara Tucumana de la Construcción (CTC)-, y consigna como fecha de inicio de los trabajo el 16 de enero, con la obligación de que finalicen en 540 días corridos. Es decir que la fecha de finalización, es el 9 de julio de 2020. El proyecto se desprende del Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo Digno”.

El segundo expediente, 14.068/440-2016 – Licitación Pública 18/2016, confirma la construcción de un barrio de 100 viviendas en el predio lindante con el barrio Congreso, al noroeste de San Miguel de Tucumán. De acuerdo a la documentación, la firma que obtuvo el pliego fue Ingema SRL -estuvo presente en el acto el gerente de la empresa, Emilio Graña (titular de la CTC)-. La obra deberá ejecutarse en 540 días corridos, y su fecha de finalización estimada es el 9 de julio de 2020.

Como las obras corresponden a procesos licitatorios con pliegos elaborados en 2016, el valor final del desembolso dependerá de las redeterminaciones de precios y actualizaciones por la inflación. Fuentes de Casa de Gobierno informaron que los proyectos se realizarán con fondos provinciales en su totalidad, porque no habrá aportes de programas de obra pública de la Nación.

Los dos proyectos de viviendas iniciados por el Instituto Provincial de Vivienda forman parte del paquete de medidas anunciado el año pasado para destrabar el reclamo de los empresarios de la construcción por el parate en el pago de los certificados de obra en la Nación.

En mayo del año pasado, la protesta comenzó por la deuda de la Nación de $ 450 millones correspondiente a obras en ejecución. El temor, en aquella ocasión, era porque la mora de fondos implicaría el despido de unos 2.500 obreros.

El Poder Ejecutivo había ofertado cuatro medidas: la gestión personal del desembolso de $ 150 millones en el Ministerio de Hacienda de la Nación; licitar unos 200 módulos habitacionales para el Gran San Miguel de Tucumán y adquirir terrenos reservados por empresas para edificar 400 viviendas y ceder la custodia.

Desde la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), habían alertado que en 2018 se habían perdido 3.000 puestos de trabajo en el sector. La cantidad de trabajadores está por debajo de los 11.000.

Con el freno del programa de participación público-privada (PPP), el gobierno Nacional busca este año que el financiamiento de los proyectos de obra pública corra por cuenta de entidades internacionales y dio vía libre a las provincias para que gestionen los créditos. El secretario de Provincias y Municipios del Ministerio del Interior, Alejandro Caldarelli, había informado a Télam que “las restricciones presupuestarias obligaron a la Nación a que dejara el espacio de búsqueda de financiamiento externo, pero las provincias pueden tomarlo”. (losprimeros.tv)