Argentina
De Vido, tras ser procesado por Sueños Compartidos aseguró que la Justicia está a la orden del Gobierno
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De Vido criticó duramente el fallo.
Julio De Vido recibió hoy una mala noticia. La Cámara Federal lo procesó por administración fraudulenta en la causa Sueños Compartidos, en la que se investiga el desvío de $ 206 millones entregados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, y que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales. Se trata del mismo expediente en el que está procesada Hebe de Bonafini.
Para el exministro de Planificación, los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, quienes revocaron la falta de mérito que había dictado el juez Martínez De Giorgi, emitieron una resolución que “no les correspondía normativamente ni jurisprudencialmente”.
El documento pone en duda el accionar de los magistrados y deja entrever que la resolución pudo haber estado impulsada por el Gobierno Nacional. “Vivimos tiempos en los cuales las resoluciones judiciales se adaptan a los calendarios políticos cotidianos”, detalló.
En la investigación también están en la mira los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes participaron de una supuesta maniobra que terminó en un fraude para el Estado. Se contrataron viviendas sociales sin licitación por casi $ 1250 millones. Las madres cobraron $ 749 millones pero $206 millones fueron desviados por los Schoklender.
La defensa del exministro asegura que los jueces no tienen “ningún tipo de prueba objetiva” en contra de De Vido y que “derivaron responsabilidades penales en razón de ejercer el cargo público en el que se desempeñó por 12 años”.
Y, en ese sentido, agregaron: “El delito que sistemáticamente la Justicia le imputa es haber sido funcionario del anterior gobierno, y quizás, uno de los representantes políticos más gravitantes a nivel nacional en cuanto a las políticas públicas desarrolladas en esos años”.
Sobre el final del documento, se vuelve a poner en tela de juicio la actuación del Poder Judicial y lo vincula con la Casa Rosada. “Parece estar a la orden de las necesidades del panorama político nacional”, manifestó el escrito. “Ejerce arbitrariedad la imposición de poder punitivo de manera selectiva sobre representantes de la oposición”, concluyó. (tn.com.ar)
