03/08/2017

Tucumán

La Legislatura aprobó la adhesión a la ley para destruir armas secuestradas por la Policía

La última vez que se destruyeron armas en Tucumán fue en 1980 y en los últimos 40 años se habrían "perdido" más de 15.000 armas que, inevitablemente, terminan en manos de los asaltantes.

Tucumán adhirió a la ley que prevé la destrucción de las armas secuestradas por la Policía
La Legislatura dio vía libre también a la alícuota cero sobre Ingresos Brutos en los créditos hipotecarios.
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LA GACETA / FOTO DE JORGE OLMOS SGROSSO
La Legislatura lleva a cabo una nueva sesión. Y entre los temas que se tratarán durante el día, se destaca el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que promueve la reducción del 7% al 0% de la alícuota del impuesto sobre Ingresos Brutos sobre las operaciones financieras destinadas a líneas de créditos hipotecarios.Otro de los asuntos que se llevarán adelante es la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N°25.938 (Creación del Registro de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados).  Por otro lado, coordinarán entre todos los bloques un texto de repudio a las declaraciones del Concejal capitalino, Agustín Romano Norri. Además debatirán sobre la adhesión a las disposiciones del capítulo IX de la Ley Nacional N°27.341. 
La Legislatura aprobó el proyecto de ley que fija la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N°25.938 de "Creación del Registro de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados".
A partir de esta iniciativa, se busca que las armas secuestradas por las fuerzas de seguridad sean destruídas una vez que culmine el proceso judicial y así evitar que puedan regresar a las calles.
Hay más de 30.000 armas en el mercado negro, y la mitad de ellas salieron de una oficina policial
Tucumán no estaba adherida a esta norma nacional. La última vez que se destruyeron armas en Tucumán fue en 1980.
La sección Secuestros Judiciales, que depende del Poder Judicial, pero cuya custodia está a cargo de la Policía, se ha transformado en una de las principales fuentes de armas para los delincuentes. Según la investigación que lleva adelante la Justicia, en los últimos 40 años se habrían "perdido" más de 15.000 armas que, inevitablemente, terminan en manos de los asaltantes.
Legisladores alistan un repudio al radical
Previamente, y por unanimidad, el cuerpo había aprobado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo (PEN), que promueve la reducción de un 7% a 0% la alícuota del impuesto sobre Ingresos Brutos (IIBB) en las operaciones financieras, destinadas a líneas de créditos hipotecarios.
Por otro lado, estaba previsto que entre todos los bloques impulsen un texto de repudio a las declaraciones del Concejal capitalino, Agustín Romano Norri. impulsan las iniciativas Silvia Rojkés; Graciela Medina y Sara Assan; Stella Maris Córdoba y Eduardo Bourlé; y Christian Rodríguez y Silvio Bellomío. 
En el orden del día figuraba también la adhesión a las disposiciones del capítulo IX de la Ley Nacional N°27.341. 

La Honorable Legislatura de Tucumán aprobó este jueves el proyecto de ley que fija la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N°25.938 de "Creación del Registro de Armas de Fuego y Materiales Controlados, Secuestrados o Incautados".

A partir de esta iniciativa, las armas secuestradas por las fuerzas de seguridad serán destruidas una vez que culmine el proceso judicial y así se busca evitar que puedan regresar a las calles.

La sección Secuestros Judiciales, que depende del Poder Judicial, pero cuya custodia está a cargo de la Policía, se ha transformado en una de las principales fuentes de armas para los delincuentes. Hay más de 30.000 armas en el mercado negro, y la mitad de ellas salieron de una oficina policial.

Tucumán no estaba adherida a esta norma nacional y la última vez que se destruyeron armas en Tucumán fue en 1980. Según la investigación que lleva adelante la Justicia, en los últimos 40 años se habrían "perdido" más de 15.000 armas que, inevitablemente, terminan en manos de los asaltantes.

Previamente, y por unanimidad, el cuerpo había aprobado el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo (PEN), que promueve la reducción de un 7% a 0% la alícuota del impuesto sobre Ingresos Brutos (IIBB) en las operaciones financieras, destinadas a líneas de créditos hipotecarios.




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