16/10/2017

El mundo

Puigdemont no responde si ha declarado la independencia y tiene plazo hasta el jueves

El presidente catalán insistió en su propuesta de entablar un diálogo para alcanzar una solución consensuada, que fue rechazada en forma terminante por el gobierno español. Dos promotores de la independencia fueron encarcelados.
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El titular de la Generalitat, Carles Puigdemont. (Reuters)

El presidente catalán Carles Puigdemont insistió en presionar hasta último momento al gobierno español para alcanzar un diálogo independentista al evitar aclarar si declaró la independencia como se le había solicitado; en cambio, en la misiva que mandó a la sede del Ejecutivo propuso un nuevo plazo de negociación de dos meses para alcanzar una "solución acordada".


La respuesta desde Madrid fue terminante. "Tiene la oportunidad de decir que no debe revocarla porque no la ha declarado", aseguró la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien recordó que el plazo final antes de que tomen medidas contra Cataluña vencerá el jueves.


"No resulta creíble para nadie que el señor Puigdemont haga un llamado al diálogo al gobierno cuando se lo ha negado a los grupos de la oposición en el parlamento catalán, y ha hecho una política de hechos consumados", descartó Sáenz de Santamaría los términos de diálogo propuestos por Puigdemont y lo retó: "Tiene una última gran oportunidad de dialogar. Nada le niega el diálogo, pero este tiene que hacerse dentro de la ley, con la máxima claridad, y en donde reside la soberanía, en el Congreso de los Diputados".


El gobierno de Mariano Rajoy exigió al presidente catalán que, de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, "ordene la revocación de dicha declaración de la independencia", pero Puigdemont en su misiva a la Moncloa mantuvo su ambigüedad, adjuntando su intervención del 10 de octubre en el parlamento regional, cuando dijo que asumía el mandato del pueblo catalán para declarar la independencia, pero al mismo tiempo pidió abrir una negociación con el Ejecutivo.


El titular de la Generalitat consideró su actitud como una "firme voluntad" de su gobierno "de encontrar la solución y no el enfrentamiento" y remarcó que el 80 por ciento de los catalanes están a favor de que se celebre un referéndum de autodeterminación . "Aceptar la realidad es el camino para resolver los problemas", lo convocó a Rajoy y solicitó un nuevo plazo de diálogo de dos meses.


La primera reacción por parte del gobierno español fue del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien aseguró que no considera "válida" la respuesta de Puigdemont, por falta de claridad. Luego, la vicepresidenta insistió en el pedido al presidente catalán: "Tiene la oportunidad de decir que no debe revocarla porque no la ha declarado".


"Está en sus manos evitar que se den los siguientes pasos", indicó Sáenz de Santamaría, quien no quiso adelantar ninguna de las medidas excepcionales que adoptaría el gobierno central al amparo del artículo 155 de la Constitución española, pero aclaró que, contrariamente a lo que dijo Puigdemont, no se "suspenderá la autonomía".


Por otro lado, la Audiencia Nacional dispuso hoy la prisión incondicional por el delito de "sedición" a dos promotores de manifestaciones a favor del referéndum del pasado primero de octubre. Se trata de Jordi Sánchez y Jordi Cuixat, líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Omnium, respectivamente, dos plataformas movilizadoras de activistas independentistas.




La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha decretado este lunes el ingreso en prisión incondicional sin fianza para los presidentes de ambas entidades independentistas por un delito de sedición. Sánchez y Cuixart están acusados de promover las concentraciones del pasado 20 y 21 de septiembre en Barcelona con las que se dificultó la labor de la comisión judicial que investigaba la logística del referéndum del 1 de octubre suspendido por el Tribunal Constitucional.


La sedición se paga con penas de entre 10 y 15 años. Se trata de los dos primeros dirigentes de esta etapa del proceso catalán que van a prisión. Horas antes escaparon de ella el jefe de la policía regional catalana, el mayor Josep Lluis Trapero, y la intendenta de la fuerza, Teresa Laplana. En ambos casos, la Fiscalía había pedido prisión incondicional para ambos. Pero la jueza redujo el pedido a medidas cautelares.


Les quitó a ambos el pasaporte, les prohibió salir de España y los obliga a comparecer periódicamente ante la Justicia. El presidente de la Generalitat ha rechazado este lunes la entrada en prisión de Sànchez y Cuixart y ha declarado que "Pretenden encarcelar ideas, pero nos fortalecen la necesidad de libertad". (Página 12, La Nación, Europa Press)




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