Piden investigar a autoridades del IPV por presuntas estafas al Estado Nacional

El fiscal general Antonio Gustavo Gómez, a cargo interinamente de la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, requirió investigar si autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU) utilizan el organismo y empresas constructoras para realizar estafas en perjuicio del Estado Nacional y de los adjudicatarios de las viviendas.

Según informó el sitio fiscales.gov.ar, el representante del Ministerio Público Fiscal inició la investigación de oficio, a raíz de una serie de notas periodísticas en las que la senadora nacional Silvia Elías de Pérez denunció el IPVDU de Tucumán es utilizado por sus autoridades y empresas constructoras para realizar estafas al Estado Nacional. Al efecto, la legisladora señaló la existencia de facturas millonarias y testaferros, en el marco de un sistema de gestión paralelo al de la institución que dirige Gustavo Durán.

Según Elías de Pérez, hay dos coordinadores en estas presuntas operaciones: "Uno es Lucas Barrionuevo (Coordinador de Programas Federales del Ipvdu) y otro es Miguel Jiménez Augier (coordinador de Planeamiento Habitacional del Ipvdu)". Indicó que "uno maneja el tema de la adjudicación de las obras y otro, la adjudicación de las viviendas", citó el fiscal en su presentación.

Además, en sus declaraciones, la legisladora de Cambiemos señaló que Barrionuevo habría adquirido la empresa Marán Constructora S.R.L., que resultaba ser beneficiaria de contrataciones directas hechas por Durán por un monto de 50 millones de pesos, al tiempo que indicó que los presuntos prestanombres de la empresa serían Sebastián Alejandro y Darío Martín Nieva.

“La obra pública encarecida por las supuestas maniobras mencionadas tiene no sólo como víctima al Estado Nacional sino también a los adjudicatarios de las viviendas, que deberán pagar una suma mayor a la que hubiese correspondido si el trámite hubiese sido regular y transparente”, dijo la parlamentaria.

Señaló además en la denuncia que las obras eran financiadas por el Estado Nacional, que giraba los fondos, y ante quien debía rendirse cuentas periódicamente y previa certificación de obras que, al parecer, resultarían ficticias o estarían adulteradas.

De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, la empresa Marán Constructora S.R.L. habría cobrado montos millonarios que no ingresaron en el patrimonio societario, por lo que “el hecho puntual a investigar, que así se presentaría tiene dos alternativas: o se pagaron sobornos o se evadieron tributos y cargas sociales”.

El fiscal Gómez requirió que se investigue si las personas señaladas incurrieron en los delitos de estafa al Estado Nacional, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociación incompatible con la función pública, lavado de activos y evasión agravada, al tiempo que solicitó informes a diversos organismos públicos para que aporten información que permita echar luz sobre los sucesos denunciados.