28/03/2018

Tucumán

Las denuncias por estafa en el Instituto de la Vivienda son más de 2.200

Los afectados denuncian que intermediarios ofrecían casas del Estado a cambio de sumas variables de dinero (entre $ 4 mil y $ 100 mil).
Las denuncias por estafa en el Instituto de la Vivienda son más de 2.200 | El Diario 24 Ampliar (1 fotos)

Son más de 2200 las denuncias por estafa en el IPV.

Continúa el escándalo por el fraude en el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), actualmente la Justicia penal registra 2.279 denuncias al respecto.

Este volumen de denuncias relativas a los mismos hechos quedó a la vista a propósito de la causa penal iniciada en enero contra la cooperativista Elizabeth Alzogaray y supuestos miembros de su organización. Las actuaciones, que estaban desperdigadas en las distintas fiscalías de la capital, quedaron acumuladas en “Alzogaray”, el expediente más nuevo. El 22 de marzo, Alejandro Noguera, fiscal ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, resolvió que la megacausa abierta por el fiscal Diego López Ávila (N°4) pasara a la fiscala Adriana Reinoso Cuello (N°6), previa escala en la Fiscalía N°11, que dirige como subrogante el propio López Ávila.

La atribución de la competencia a la Fiscalía N°6 se funda en la fecha de la primera denuncia ratificada: 15 de marzo de 2016. Noguera consignó en su resolución que, sin perjuicio del criterio que venía sosteniendo (en esencia, privilegiar la oficina que había intervenido en primer término ante la duda o cuando el caso estaba avanzado), advertía que los hechos en cuestión eran resonantes y que habían afectado “a miles de personas a lo largo de los años”. Noguera indicó que los presuntos delitos se remontarían a enero de 2015, pero que, como no era posible determinar con exactitud rigurosa la época ni la primera erogación patrimonial realizada por las víctimas, correspondía atenerse a la denuncia confirmada con mayor antigüedad (un año).

“En consecuencia y ante la cantidad de víctimas, las repercusiones en la sociedad, la magnitud de la causa y la circunstancia de que los imputados están con prisión preventiva, deberá intervenir la Fiscalía N°6 con la recomendación de que dé celeridad al proceso. Las nuevas denuncias deberán acumularse mientras el estado de la causa lo permita”, expresó Noguera.

La resolución del fiscal de Cámara en principio zanjó un conflicto de competencia peculiar, donde López Ávila giró, en su condición de fiscal N°4, el caso “Alzogaray” a la Fiscalía N°11 que encabeza de manera provisoria. Para proceder de ese modo, consideró que la mayoría de los posibles hechos ilícitos ocurrieron en noviembre, cuando estaba de turno la Fiscalía N°11 inaugurada a comienzos de aquel mes. Si de entrada podía parecer que se mandaba el caso a sí mismo (o que sólo cambiaba de oficina), luego resultó que, en realidad, estaba perdiéndolo. Ocurre que la fiscala Adriana Giannoni (N°8) se constituyó en la Fiscalía N°11 a los efectos de analizar la inhibición de López Ávila y planteó el conflicto de competencia ante Noguera. “Toda la presunta maniobra de la estafa tuvo ejecución y desarrollo aún con antelación a la misma creación de la Fiscalía N°11. La atribución de competencia a esta unidad fiscal es desacertada”, afirmó Giannoni, que por su parte controla otra causa penal ligada al Ipvdu.

De las 2.300 denuncias recopiladas sólo avanzaron las presentadas en enero a López Ávila, fiscal de feria, a partir de que Noemí Ferrioli, interventora de la Vivienda, avisara a la Justicia sobre la actividad ilegal de supuestos intermediarios que ofrecían casas del Estado a cambio de sumas variables de dinero (entre $ 4.000 y $ 100.000). La Fiscalía N°4 no sólo detuvo a Alzogaray y a varios de sus presuntos colaboradores, sino que reunió numerosas pruebas. El destino de ese trabajo ahora depende de Reinoso Cuello, que todavía puede rechazar la megacausa e incluso colocar la decisión final sobre la competencia en manos del jefe de los fiscales, Edmundo Jiménez. (losprimeros.tv)

 

 




Recomienda esta nota: