20/04/2018

Argentina

El Gobierno vuelve a la carga con la reforma laboral

La enviará al Congreso en cuatro proyectos por separado, a partir de mayo. El primer paso será el blanqueo
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Triaca expectante ante la posibilidad de destuir más derechos laborales.

El Gobierno enviará al Congreso los primeros días de mayo una iniciativa para promover el blanqueo laboral, una propuesta que formaba parte de la reforma laboral cuyo debate quedó trunco en diciembre. La iniciativa  contempla una amnistía para el empleador en los impuestos previsionales impagos, con la condición de que declare el vínculo laboral.

Respecto a los años previos trabajados en negro, el proyecto propondrá que el Estado le reconozca al trabajador cinco años de aportes hacia atrás, a los efectos jubilatorios.

Como base tomará el salario mínimo vital y móvil. Pero los años no declarados, no computarán para la indemnización en caso de despido.

Un aspecto importante es la renuncia del empleado a futuros reclamos en la Justicia. "El trabajador puede negarse a entrar al blanqueo y si quiere, puede hacer juicio por los aportes no realizados. Pero si acepta ser formalizado, renuncia al derecho a reclamar judicialmente por los años sin aportes", explicó Triaca.

Como beneficio para el trabajador destacó que "desde el momento en que es regularizado, pasará a cobrar el salario de convenio, tendrá obra social, aportes jubilatorios que le garantizarán la cobertura del PAMI cuando se jubile, y ART".

Según la cifras que manejan en la cartera laboral, el promedio de la actividad informal es de 36 meses. Los sectores donde se da con mayor frecuencia son la construcción, el servicio doméstico, la agroindustria, y los pequeños talleres y pymes.


Según la evaluación de Triaca, "el resultado es positivo porque los trabajadores que pasan a estar en blanco, generan años de aportes a futuro. Aumenta así la base de aportantes al sistema". Estima que "el pasivo eventual será de entre 200.000 y 300.000 trabajadores", la cifra que se formalizará.

Desde el momento en que sea sancionada la ley, habrá un plazo de un año para ingresar al blanqueo. Triaca detalló que si el empleador se suma en los primeros seis meses, tendrá un beneficio del 100%, mientras que si lo hace en el segundo semestre, será del 70%.

El funcionario destacó que con el blanqueo, "las multas por la evasión de aportes ya no van a engrosar el cómputo de la demanda laboral como sucede hoy en un juicio, sino que irán a la Anses". En este sentido, explicó: "Pese a que el Estado también es damnificado por los aportes evadidos que no le ingresan ni a la Anses ni al PAMI, hoy no se lleva nada cuando el trabajador gana el juicio laboral. Con este proyecto, las multas irán a la Anses".

Uno de los puntos que puede generar cuestionamientos en la oposición será la definición de "indemnización" y sus alcances. "Un celular o una cochera brindados por el empleador no pueden ser considerados dentro del cálculo indemnizatorio. En cambio, sí se tendrán en cuenta las horas extras o las comisiones cuando son habituales, como en el sector de viajantes o el comercio", precisó Triaca.

Otro tema de debate será el "fondo de cese", constituido por un aporte mensual del empleador a un fondo especial, que el trabajador cobra todo junto al finalizar el empleo. Es usual en la construcción y hoy el porcentaje de aporte depende de cada actividad. Triaca señaló que la iniciativa lo contempla para aquellas actividades que lo adopten dentro del convenio.

El Gobierno prevé, a su vez, enviar en mayo al Congreso otros tres capítulos de la reforma laboral, como proyectos independientes.

En segundo lugar, luego del de blanqueo, está prevista otra iniciativa que crea el Instituto de Formación Profesional. Incluirá un sistema dual de formación permanente y un nuevo régimen de pasantías dentro del convenio colectivo de trabajo de cada actividad.

También se enviará un proyecto para la creación de la Agencia Tecnológica de Salud, vinculada a la supervisión y homologación de las prestaciones por parte de las obras sociales y prepagas. En la reunión, Triaca mencionó como ejemplo que hay tratamientos médicos complejos que en el país cuestan U$S 700.000 dólares mientras que en Uruguay, salen U$S 400.000. "Solo las obras sociales grandes pueden afrontarlos", opinó.

El último capítulo que llegará al debate parlamentario será una ley de prevención de accidentes de trabajo, complementaria de la actual ley de ART. (infobae.com)




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