Peña fue denunciado por "abuso de autoridad" y "violación de secretos y privacidad"

Los legisladores Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade denunciaron penalmente al jefe de Gabienete, Marcos Peña, por la presunta “comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad” y del delito de “violación de secretos y de la privacidad”.

Además, esta acusación involucra al Jefe de Gabinete; el Director Ejecutivo de Anses, Emilio Basavilbaso; el secretario de Comunicación Pública, Jorge Grecco, y el sub director de Anses, Federico Braun, a raíz del anuncio gubernamental sobre el uso de datos personales registrados en la Anses para fines comunicacionales.

La denuncia recayó en el juzgado de Ariel Lijo y será investigada por el fiscal Guillermo Marijuan. Cabandié y Tailhade la presentaron a partir del anuncio de un convenio entre la Administración Nacional de Servicios Sociales y la Secretaría de Comunicación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Secretaría de Comunicación Pública, para que ésta disponga de datos personales de los millones de argentinos registrados en Anses.

En su argumentación, cuestionaron que no se trata de un convenio a beneficio de ambas partes sino sólo para fines comunicacionales. “La Secretaría de Comunicación Pública no intercambiará información con ANSES, ni cooperará con la elevación de los estándares de eficiencia en la gestión de este organismo. Su único interés, que el director ejecutivo de ANSES se encarga de garantizar, es recibir periódicamente, debidamente actualizados, los datos personales de la mayoría de los argentinos”. En la denuncia, advirtieron: “Tenemos todo el derecho a sospechar que el uso de la información por parte del Jefe de Gabinete será ilegal, en violación a la ley 25.236 de protección de datos personales, en tanto su área de gestión no cuenta con los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios para llevar adelante el tratamiento de este enorme banco de datos personales con la declarada finalidad de ‘mantener informada a la población, así como para identificar y analizar las problemáticas o temáticas de interés en cada localidad del país que permita incorporar la diversidad federal en la comunicación pública’”.

Los denunciantes señalaron que se trata de millones de datos personales que, para ser procesados debidamente, requerirían “un ingreso masivo de miles de nuevos trabajadores a la Secretaría, o contratan distintas consultoras para que realicen la tarea”. Y alertaron que “los datos personales de todos los argentinos que Anses remitirá periódicamente al Lic. Peña y su equipo terminarán en las manos de empresas privadas”.

Aclararon que si bien el art. 5 inc. 2 c exime de consentimiento para el tratamiento de datos personales cuando “se trate de listados cuyos datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio”, excluye de esta concesión a datos personales como el estado civil, estudios y, fundamentalmente, teléfono y correo electrónico. Es decir, los datos necesarios para efectuar comunicaciones. Por último, expresaron la sospecha de que las campañas de la dirección de Basavilbaso para fomentar la inscripción de los datos correctas en Anses podría indicar que “esta maniobra ilegal fue planificada con antelación y ejecutada oportunamente”.