14/10/2017

Tucumán

Tras la anulación del sobreseimiento, el destino de Manzur depende de Bonadío

El juez federal tendrá que retomar el expediente por la presunta maniobra irregular porque la sentencia expresó que se deben “remitir las actuaciones a su origen".

Plan Qunita: la suerte de Manzur está en manos de Bonadio
La causa penal vuelve al juez federal que lo había sobreseído
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JUEZ FEDERAL. Claudio Bonadio. ARCHIVO
La decisión de los jueces Carlos Alberto Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi (Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal) de anular el sobreseimiento del gobernador Juan Luis Manzur en la causa por el Qunita sacudió al oficialismo. Ahora, la mirada de la Casa de Gobierno está puesta en lo que vendrá.
Por lo pronto, la sentencia dictada el jueves pasado en los tribunales porteños de Comodoro Py al 2.000 expresó que se deben “remitir las actuaciones a su origen, debiendo proseguirse con la sustanciación de la causa”. Esto significa que el juez federal Claudio Bonadio, quien llevó adelante la investigación por la denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña (afín a Cambiemos), tendrá que retomar el expediente por la presunta maniobra irregular que se habría concretado casi al cierre de la gestión de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Los camaristas consideraron que, si bien Manzur no participó de la licitación, sí alcanzó a firmar como ministro de Salud de la Nación (dimitió en febrero de 2015) la resolución que convalidó los pliegos de bases y condiciones para la adquisición de 150.000 kits con cunas y otros elementos para recién nacidos. Según Ocaña, las empresas adjudicatarias no tenían experiencia en el rubro, y se sospecha que de los $ 1.100 millones invertidos en el programa para madres de escasos recursos, hubo un sobreprecio de $ 450 millones.
Manzur ya había sido sobreseido en este caso. Bonadio, a instancias de un tribunal superior, había firmado esa resolución en junio de 2016. Luego, en noviembre de ese año, la Cámara Federal porteña confirmó la situación procesal del ex funcionario nacional. “Cuando se vislumbró el apartamiento sin justificación válida acerca de los montos iniciales estimados por cada kit (es decir, los presuntos sobreprecios), Manzur ya no formaba parte de esa cartera estatal”, apuntaron los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun en aquella ocasión. Sin embargo, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, planteó un recurso de casación. Y los camaristas Mahiques, Riggi y Gemignani, el jueves pasado, le dieron lugar a la postura del representante del Ministerio Público. “La confección del pliego en un renglón único, pese a la diversidad y cantidad de productos que involucraban los kits, era un elemento relevante que, sin embargo, contrariaba la norma que regulaba la materia; en principio, podría evidenciar que precisamente la licitación estuvo desde sus comienzos dirigida a favorecer intereses particulares”, indicaron los jueces.
Manzur, que es representado en esta causa por los defensores Federico Ceballos y Zenón Alejandro Ceballos (actuaron como abogados del empresario Herbert Hans Steffen en la causa “Siemens”), vuelve a tener su futuro procesal en manos de Bonadio. El juez federal puede avanzar con la pesquisa, como pidió la Cámara de Casación, o inhibirse por haber dictado el sobreseimiento y girar el expediente para que entienda otro magistradoEl juez federal

El juez federal Claudio Bonadio tendrá que retomar el expediente de la causa por el Plan Qunita, por lo que el destino del gobernador Juan Manzur está en sus manos.

Esto se debe a la decisión de los jueces Carlos Alberto Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Eduardo Rafael Riggi (Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal) de anular el sobreseimiento del mandatario provincial en la causa.

Por lo pronto, la sentencia dictada el jueves pasado en los tribunales porteños de Comodoro Py al 2.000 expresó que se deben “remitir las actuaciones a su origen, debiendo proseguirse con la sustanciación de la causa”. Esto significa que el juez que llevó adelante la investigación por la denuncia de la legisladora porteña Graciela Ocaña (afín a Cambiemos), tendrá que retomar el expediente por la presunta maniobra irregular.

Los camaristas consideraron que, si bien Manzur no participó de la licitación, sí alcanzó a firmar como ministro de Salud de la Nación (dimitió en febrero de 2015) la resolución que convalidó los pliegos de bases y condiciones para la adquisición de 150.000 kits con cunas y otros elementos para recién nacidos.

Según Ocaña, las empresas adjudicatarias no tenían experiencia en el rubro, y se sospecha que de los $ 1.100 millones invertidos en el programa para madres de escasos recursos, hubo un sobreprecio de $ 450 millones.

Manzur ya había sido sobreseido en este caso. Bonadio, a instancias de un tribunal superior, había firmado esa resolución en junio de 2016. Luego, en noviembre de ese año, la Cámara Federal porteña confirmó la situación procesal del ex funcionario nacional. “Cuando se vislumbró el apartamiento sin justificación válida acerca de los montos iniciales estimados por cada kit (es decir, los presuntos sobreprecios), Manzur ya no formaba parte de esa cartera estatal”, apuntaron los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun en aquella ocasión.

Sin embargo, el fiscal nacional de Investigaciones Administrativas, Sergio Leonardo Rodríguez, planteó un recurso de casación. Y los camaristas Mahiques, Riggi y Gemignani, el jueves pasado, le dieron lugar a la postura del representante del Ministerio Público. “La confección del pliego en un renglón único, pese a la diversidad y cantidad de productos que involucraban los kits, era un elemento relevante que, sin embargo, contrariaba la norma que regulaba la materia; en principio, podría evidenciar que precisamente la licitación estuvo desde sus comienzos dirigida a favorecer intereses particulares”, indicaron los jueces.

Manzur, que es representado en esta causa por los defensores Federico Ceballos y Zenón Alejandro Ceballos, vuelve a tener su futuro procesal en manos de Bonadio. El juez federal puede avanzar con la pesquisa, como pidió la Cámara de Casación, o inhibirse por haber dictado el sobreseimiento y girar el expediente para que entienda otro magistrado.




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