Destituyen al juez que frenó los tarifazos en la provincia de Buenos Aires

Luis Federico Arias fue destituido esta tarde de su cargo al frente del juzgado Contencioso Administrativo 1 de La Plata, a partir del veredicto del juzgado de enjuiciamiento que integran el presidente de la Suprema Corte, Eduardo Pettigiani, legisladores y abogados.

El ahora ex titular del juzgado platense se encuentraba suspendido por enfrentar una veintena de cargos que apuntaban a un supuesto “abuso de autoridad”. Al mismo tiempo, entre otras causas, se lo acusaba de haber actuado mal en la investigación de la inundación de La Plata, así como en el pedido de suspensión de desalojos en las localidades de Gorina y Abasto.

Antes de ingresar para escuchar la sentencia, Arias dijo a FM CIELO 103.5 que "la policía, los jueces penales y los fiscales han violado mi competencia" y que se le atribuyeron "cuestiones banales".

 "No he cometido ninguna falta, no tengo ninguna cuestión patrimonial tampoco, esto es una persecución política, acompañada de poder económico", agregó. "Hemos tocado intereses económicos, por ejemplo de las empresas energéticas, que están en un proceso de capitalización", afirmó.

Arias denunció que su destitución en el cargo fue producto de algunas de sus sentencias que tuvieron que ver con “la protección de los derechos humanos” y otras que fueron a contramano de las decisiones de los gobiernos nacional y provincial, como las medidas contra los gremios docentes tomadas por la gobernadora María Eugenia Vidal y el tarifazo eléctrico. “Hoy no hay un solo juez que se anime a suspender los aumentos de las tarifas", dijo para exponer el carácter disciplinador de la sanción en su contra.

Arias aseguró que los integrantes del jury que lo desplazaron del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1 de La Plata "no tienen irregularidades que demostrar" en su contra y remarcó que todo se trató de “conflictos de competencia de jueces, asuntos jurisdiccionales".

El resultado de la votación de los 11 miembros fue 9 a 2 a favor de la destitución. Los legisladores Pablo Garate, del Frente Renovador, y Santiago Révora, de Unidad Ciudadana, respaldaron a Arias, en tanto que los oficialistas Roberto Costa y Walter Carusso fueron por la destitución, junto al diputado massista Jorge D'Onofrio, al presidente de la Corte, Eduardo Pettigiani y los representantes de los colegios de abogados.

"Cuestionan mis sentencias, cosa que está prohibido, porque no podemos ser juzgados por nuestros fallos”, puntualizó el ex magistrado, quien se mostró convencido de que hay una “persecución política” en su contra. “Intentan manchar mi nombre y mi prestigio, pero creo que la gente entiende", enfatizó durante una entrevista por Radio 10.

 Además, puntualizó que entre las arbitrariedades con que se los apartaron hubo “21 cargos y 11 de ellos son cuestiones burocráticas, como no mandar un expediente a tiempo. Es decir, cuestiones banales que no tienen ningún sentido".

"El resto, todas las decisiones que me cuestionan tienen que ver con la protección de los derechos humanos. Hubo desalojos masivos, quemándole las casas y matándole a sus perros y nosotros intervenimos para proteger el derecho de esas personas", dijo.

Entre algunos de los fallos que Arias emitió y que luego fueron apelados por las administraciones de Cambiemos se encuentran la suspensión de la eliminación por decreto de la AFSCA, en 2015; y dejar sin efecto el DNU con que Mauricio Macri modificó artículos clave de la Ley de Medios. También frenó en 2016 el tarifazo eléctrico, dispuso que los docentes no debían recuperar los días de paro y ordenó a Vidal respetar el derecho a huelga y no aplicar la conciliación obligatoria.

Por cuestionamientos a fallos como esos y por la decisión que ayer se resolvió en su contra, Arias indicó que, por ejemplo, "hoy no hay un solo juez que se anime a suspender los aumentos de las tarifas".

 Los fallos de Arias no fueron novedad durante los dos años y medio de la administración macrista. Cuando Daniel Scioli estuvo al frente de la Gobernación bonaerense ordenó en 2013 ampliar la investigación sobre la cantidad de muertos por la inundación en La Plata, que oficialmente eran 16 y que terminaron siendo 89; prohibió la detención de menores en comisarías y frenó el desdoblamiento del pago del medio aguinaldo para los empleados estatales. (PáginaI12; InfoCielo)