La Fiscalía pide que se continúe aplicando la prisión preventiva para el "Clan Ale"

Los integrantes del "Clan Ale" tienen más de 90 causas en la justicia. Muchas de ellas están relacionadas con amenazas, extorsiones y coacción en contra de personas que los denunciarion. Por esta razón, los fiscales Pablo Camuña y Agustín Chit muestran preocupación a la hora de considerar la decisión del tribunal integrado por María Alicia Noli, Gabriel Eduardo Casas y Domingo José Batule, que deja en libertad, hasta el momento de la sentencia, a Rubén "Chancha" Ale, Ángel "El mono" Ale y más de una decena de miembros del clan.

"Esto genera un riesgo al proceso porque incrementa objetivamente las posibilidades de su frustración por vía del entorpecimiento o la evasión", señalaron los fiscales. Además, advirtieron sobre los casos de los imputados como Victor Alberto Suárez y Roberto "Zapallo" Dilascio que ya cuentan con antecedentes de fuga durante el proceso de este mismo juicio. A esto se le suma el hecho de que el tribunal había rechazado pedidos de excarcelación de estos imputados, en ocasiones anteriores.

Tanto Camuña como Chit consideran que esta decisión "termina resultando de gravedad institucional al ser adoptada en un proceso de gran repercusión pública, que pone en riesgo la confianza de la comunidad en la administración de justicia".

Los 12 imputados del "Clan Ale" se encontraban cumpliendo arrestro domiciliario desde el 12 de abril, a fin de poder "garantizar la realización del juicio", como habían señalado entonces los magistrados. Transcurrida "la mayor parte del desarrollo de este juicio, ha desaparecido el peligro de entorpecimiento de la producción de la prueba", dijeron desde el TOF y agregaron que el "cumplimiento de la prisión domiciliaria sin haberse producido ningún intento de fuga, sin perjuicio de que ha sido cumplida mediante el sistema de control electrónico, ha hecho desaparecer también ese riesgo".

Sin duda, esta decisión, calificada por Camuña y Chit como "arbitraria y con visos en la aplicacióno del derecho", trae aparejada no sólo la libertad condicional de los imputados a la espera de una sentencia firme, sino que también desata la preocupación por la integridad de las víctimas-testigos que declararon en el caso y la posibilidad de que los imputados frustren un eventual impacto patrimonial de la sentencia.