04/08/2017

El mundo

El Congreso de Brasil salvó a Temer del juicio político

El mandatario consiguió los votos y las abstenciones necesarios para evitar ser investigado por corrupción. Denuncian arreglos y prebendas.
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El mandatario habría recurrido a todo tipo de argucias para conseguir que se archive la denuncia.

En otro escandaloso episodio de la política brasilera, la mayoría de los diputados votaron a favor de que se archive la denuncia de corrupción contra el presidente conservador Michel Temer y no haya un juicio político por esa causa.


Los mismos diputados que hace 15 meses dieron luz verde para derribar a la entonces presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, por maquillar las cuentas públicas han salvado este miércoles a su sucesor de una denuncia de la fiscalía por presunto cobro de sobornos.


La alianza de centro-derecha que en abril de 2016 acabó con 13 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores logró los apoyos necesarios para impedir que el presidente sea procesado y apartado del cargo durante al menos seis meses. En una tumultuosa sesión de la Cámara de Diputados, Temer ha conseguido el mínimo necesario para detener la acción judicial.


Cada diputado se pronunció individualmente, con derecho de palabra de 15 segundos, tras constatarse un quórum superior al exigido de dos tercios, o 342 de los 513 diputados de la Cámara, comprobó la agencia AFP.


Para que la denuncia fuera encaminada al Supremo Tribunal Federal (STF), esa posición debía ser aprobada igualmente por 342 diputados, algo que parecía poco probable, después de que la oposición de izquierda fracasara en su tentativa de bloquear la sesión privándola de quórum.


A Temer le alcanzó con que 172 diputados lo apoyen, se abstengan o se ausenten para que la denuncia sea rechazada.


Si la denuncia se aprobaba, y el STF inculpaba formalmente a Temer, este iba a ser apartado de su cargo por un máximo de 180 días, en espera del fallo definitivo, que de ser incriminatorio pondría fin a su mandato. Durante el juicio lo sustituiría el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y luego su sucesor sería elegido por el Congreso, para completar el mandato que termina a fines de 2018.


La denuncia por corrupción pasiva fue formulada por el fiscal general, Rodrigo Janot, después que a mediados de mayo se divulgaran una grabación y un video. En la grabación de una conversación entre Temer y el dueño del gigante de la alimentación Joesley Batista, Temer parece avalar la entrega de un soborno al encarcelado ex diputado Eduardo Cunha para comprar su silencio.


El video muestra al entonces diputado Rodrigo Rocha Loures, un cercano asesor de Temer, cargando una maleta con 500.000 reales (unos 150.000 dólares). Según la delación de Joesley Batista, el dinero era parte de un soborno ofrecido a Temer para favorecer los negocios de la empresa.


El presidente brasilero y sus aliados desplegaron hasta el último momento todas las armas para frenar posibles deserciones y garantizar la continuidad del Gobierno. Pocos como Temer conocen las mañas para captar voluntades en la política brasileña. Por algo presidió la Cámara en tres ocasiones y ha ejercido como uno de los hombres fuertes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), especialista en pactar con Dios y luego con el diablo, capaz de ejercer durante años de muleta del PT y convertirse en su verdugo de repente.


Los esfuerzos de Temer se prolongaron hasta pocas horas antes de la votación: desde el reparto de prebendas e inversiones a diputados individualmente hasta reuniones con el nutrido lobby parlamentario de los latifundistas. El Gobierno –en una maniobra no tan infrecuente en Brasil- llegó a cesar de sus cargos provisionalmente a diez ministros para que pudiesen recuperar sus escaños en la Cámara y participar en la votación. Y en el aire nunca dejó de flotar la situación de decenas de diputados, que viven con la amenaza de acabar algún día en la cárcel también por prácticas corruptas.


El dominio de Temer en el Congreso contrasta con su popularidad de apenas 5%, la peor desde el retorno de la democracia en 1985, según un reciente sondeo Ibope. Un 81% de los brasileños apoya además que el mandatario sea juzgado, de acuerdo con el mismo instituto.


Pero hasta ahora las calles no se han movilizado, contrariamente a lo ocurrido durante el impeachment de Rousseff, cuando millones de personas reclamaron en varias ciudades su partida. (Infobae, El País)


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