Ex jefe de una barrabrava manejaba una organización narco desde la cárcel

Un sindicado exjefe de la barra brava de Godoy Cruz fue condenado a doce años de prisión por liderar una banda narco desde el penal mendocino de Boulogne Sur Mer, donde estaba detenido por una denuncia de violencia de género, informaron fuentes judiciales.

La medida del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Mendoza recayó sobre Daniel Aguilera, sindicado como exjefe de la barra brava del club Godoy Cruz Antonio Tomba, a quien el miércoles condenó a doce años de prisión por considerarlo organizador de las actividades destinadas al comercio de estupefacientes.

Según informó en su sitio web el Ministerio Público Fiscal (MPF), el TOF 2 hizo lugar de manera parcial al pedido de penas solicitado por la fiscal Gloria André, quien había pedido que se contemplara el agravante de la intervención de tres o más personas.

Por su parte, el tribunal también condenó a Cristian Oliva y a Marcelo Ruiz a ocho años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes de comercialización agravados por haber intervenido tres o más personas en calidad de coautores, en concurso real con el delito de tenencia de arma de guerra.

Asimismo, los agentes penitenciarios Rodrigo Lizardo y Rodrigo Barrios recibieron una pena de dos años de prisión en suspenso y el doble de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.

La causa había iniciado en febrero de 2017, a partir de una denuncia anónima que aseguraba que Aguilera comandaba una banda que se dedicaba al narcotráfico, desde su celda del penal mendocino de Boulogne Sur Mer -donde estaba detenido por una causa por violencia de género- y que comercializaba estupefacientes tanto dentro como fuera del complejo.

De acuerdo a lo ventilado en el debate oral, Oliva y Ruiz cumplían las órdenes del exlíder de la barra del “Tomba”, como por ejemplo adquirir los estupefacientes en la ciudad de Mendoza y sus inmediaciones, y luego trasladarlos al departamento de Godoy Cruz, donde procedían a su estiramiento para finalmente comercializarlos y distribuirlos.

Asimismo, los dos agentes del Servicio Penitenciario de Mendoza facilitaron el ingreso de distintos teléfonos celulares a la cárcel con los que Aguilera manejaba la organización.

Luego de una pesquisa que incluyó escuchas y trabajos de campo, el 19 de septiembre de 2017 se secuestró más de un kilo de cocaína en una vivienda; mientras que en el domicilio de Ruiz se decomisó la misma cantidad de estupefaciente, dinero en efectivo y una pistola Colt calibre 38, de la cual ni él ni Oliva tenían autorización.

A su vez, en la celda de Aguilera se encontraron celulares, chips, dinero, números de teléfono anotados en papeles escondidos y facas de metal ocultas debajo de la cama.

Para el MPF, a partir de la incautación de la droga, se pudo determinar la vinculación entre los imputados, en cuyo último eslabón se encontraban Barrios y Lizardo, quienes facilitaban el ingreso de celulares y otros elementos al penal, además de mantener informados a los miembros de la banda acerca de cualquier circunstancia que ocurriera dentro de la cárcel y que pudiera afectar sus maniobras.