Trasladaron a Milagro Sala pero no a su residencia habitual

La dirigente jujeña Milagro Sala fue trasladada este viernes desde el penal de Alto Comedero a una vivienda en la localidad de El Carmen por decisión del juez Pablo Pullen Llermanos.

Tras conocerse la decisión, la líder de la Tupac Amaru sostuvo que “es sorprendente que se caguen en todo” y afirmó que “nuevamente violaron las órdenes de la Corte Interamericana”. “Me trasladan de una cárcel a otra cárcel”, denunció Milagro, según publicó la periodista Cynthia García.

El pasado 6 de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina (CSJN) dictaminó que se debía dar cumplimiento a la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que dispuso que Milagro Sala fuera trasladada a su residencia habitual o se dictaran medidas menos restrictivas a sus derechos. Sin embargo el juez decidió ahora desoír nuevamente al máximo tribunal de la Argentina.

Ante el riesgo grave e irreparable para su vida si permaneciera en el penal de Alto Comedero, la CorteIDH dispuso que Milagro debe cumplir la prisión preventiva en su domicilio habitual, es decir en la casa del barrio de Cuyaya, como puntualizaron sus abogados defensores.

La Corte Suprema declaró que esa decisión del máximo órgano del Sistema Interamericano de protección a los Derechos Humanos es de cumplimiento obligatorio para el Estado argentino. Pero uno de los jueces del gobernador Gerardo Morales se empecinó en desobedecer e insistir con una propiedad a 40 km de la ciudad, que la organización Túpac Amaru reservaba para tratamiento de chicos con adicciones.

Dos años es el plazo máximo admisible para una prisión preventiva, y en enero de 2018 se cumplirán desde la detención arbitraria de Milagro, según la definió el grupo de trabajo especializado de las Naciones Unidas y ratificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Grupo de Trabajo dispuso que la fundadora de la Organización Barrial Túpac Amaru debía recuperar la libertad, de la que fue privada por participar en una protesta social, a la que luego se agregaron otras causas a primera vista menos escandalosas.

La CIDH pidió que se cumpliera con la decisión del Grupo de Trabajo pero abrió un abanico de posibilidades, que además de la libertad incluyó el control con una pulsera electrónica o la prisión domiciliaria. Los jueces Gastón Mercau y Pablo Pullén Llermanos se inclinaron por esta última, pero se empeñaron en desvirtuarla. Mercau es el ex yerno y ex socio de la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Titina Falcone, quien fue abogada de Gerardo Morales y vicepresidente del bloque radical en la Legislatura. Pullen Llermanos declaró en las redes sociales su simpatía por el presidente Macri.

No es extraño que en vez de recluir a Milagro en su domicilio, convirtieran en una nueva cárcel una propiedad en las afueras de la capital de Jujuy, que la Túpac pensaba destinar a rehabilitación de chicos con adicciones. Colocaron un cerco perimetral de alambre de púas, apostaron fuerzas de seguridad federales en el lugar, pese a que la ley de ejecución penal lo prohíbe en forma explícita, colocaron un destacamento policial en la ruta para controlar los vehículos que se dirigieran hacia allí y una garita elevada junto a la casa para controlar su interior, además de un sistema de cámaras de vigilancia. Se limitó la cantidad de visitas y los días y horas en las que Milagro podía recibirlas, luego de ser requisadas, incluyendo a sus familiares. (elcohetealaluna.com, cynthiagarcia.com)