El Juez Julián Ercolini citó a indagatoria a Alejandra Gils Carbó

El juez federal Julián Ercolini citó a declaración indagatoria a la procuradora Alejandra Gils Carbó, para el 31 de agosto próximo. Lo hizo en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación.

La maniobra que investiga la Justicia se inició en julio de 2013, cuando la Procuración pagó $ 43,8 millones pesos por el edificio ubicado en Perón 675.

El fiscal federal Eduardo Taiano había pedido su indagatoria el mismo día en que había trascendido que, en contra de lo que marca la ley, el presidente Mauricio Macri no descartaba remover a Gils Carbó por decreto, iniciativa que poco después tuvo que desmentir el propio ministro de Justicia, Germán Garavano. Taiano acusa a Gils Carbó de presunto fraude a la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad y otros delitos.

El abogado defensor de Gils Carbó, Alejandro Rúa, casi en simultáneo, había solicitado el sobreseimiento de la Procuradora, en función de que todas las pruebas de la causa descartaban "cualquier vínculo de mi asistida con los hechos del caso, corroborando la procedencia de su sobreseimiento".

Taiano pretende indagar a Gils Carbó por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la Procuración que que se realizó mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados. Esa empresa actuó por intermedio de Juan Carlos Thill, a quien la inmobiliaria habría pagado una comisión de 3 millones de pesos por la intervención en el trámite de su medio hermano, hombre del área de contrataciones de la Procuración, Guillermo Bellingi. Thill pidió nulidades de todo en la causa.

“El Estado, o sea el Ministerio Público Fiscal, no pagó comisiones. Fue una de las condiciones. Ya habían fracasado tres licitaciones por distintos motivos. Esta era la cuarta. Como Procuradora según las reglas de la administración pública podía haber hecho una venta directa. Todo el trámite lo hicieron funcionarios que hace veinte años que estaban en ese trabajo. Fue el precio más barato inferior a la tasación judicial. Participaron 25 funcionarios de distintas áreas, planificación, arquitectura, logística, el secretario general de administración, hubo dictámenes de jurídicos, auditoría interna, auditoría externa, no hubo posibilidad de que yo tuviera conocimiento del hecho que luego aparece en los medios”, aclaró Gils Carbó a Página/12.

La procuradora general reconoció que en la operación hubo irregularidades y destacó que por eso separó a un funcionario del organismo. “Surgió en los medios que un medio hermano de este funcionario habría cobrado una comisión de tres millones de pesos por asesorar al oferente. La comisión la pagó la inmobiliaria. Y no es un millón ni medio millón de dólares. Son 176 mil dólares. La mitad está en la cuenta de este señor y la otra es lo que debe investigarse, que es quién la cobró”, precisó.

En este sentido, Gils Carbó denunció que “lo que se está intentando a través de estos casos es crear una sospecha de corrupción con el objetivo de justificar mi desplazamiento por medio de modos ilegales e inconstitucionales ya que no han tenido los votos ni las causales para el juicio político”. Adempas apuntó contra el Gobierno por la maniobra. “Quiere apropiarse del control de los fiscales”, explicó sobre la razón por la cual Mauricio Macri pretende removerla de su cargo.

Además de Gils Carbó, Thill y Bellingi, también fueron citados en el marco de la misma causa Osvaldo Leguizamón, Jorge Daniel Domanico, Héctor Zurita, Ignacio Costa Urquiza, Bárbara Jaureguiberry, Pedro Antonio Donato Viceconte, Roberto Daniel Martino y Adrián Marcelo González Fischer.