El Tribunal Oral Federal 4 falló a favor de Lázaro Báez y, sin pagar fianza, se muda a un country de Pilar

Finalmente, esta tarde, el Tribunal Oral Federal 4 le concedió el arresto domiciliario a Lázaro Báez, quien tras cuatro años y cinco meses preso en Ezeiza, pasará a vivir en una casa en el country Ayres del Pilar.

Las condiciones son que use tobillera electrónica y presentarse en Tribunales cada 15 días, tal como lo impuso el juez Sebastián Casanello en marzo, cuando le otorgó la domiciliaria en la causa que investiga la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay.

"No existe otra posibilidad más que hacer efectivo el arresto domiciliario dispuesto por el Juzgado instructor, aun cuando hasta el momento no se ha depositado la caución real fijada en los autos N° 9630/2016/To2 del registro de este Tribunal en oportunidad de conceder su excarcelación", sostuvieron los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y Daniel Obligado en el fallo, según informó Télam.

Báez se encuentra detenido desde el 5 de abril de 2016 por lo que, como varias veces plateó su defensa, se encuentran cumplidos todos los plazos aplicables a la prisión preventiva.

Semanas atrás, el mismo tribunal había tenido que reducir en más de 200 millones de pesos la fianza impuesta a Báez para hacer efectiva la excarcelación en la causa conocida como M&P, por orden de la Cámara de Federal Casación Penal; lo que puso en evidencia la diferencia de criterios entre ambos tribunales.

En aquella oportunidad, el TOF 4 redujo el monto de la fianza de 632 millones de pesos a 386.578.500 pesos, tras una resolución del máximo tribunal penal del país que le había dado la razón a la defensa del empresario, que había planteado que el monto fijado para su caución era excesivo, tal como informó Télam oportunamente.

Además de las dos causas en las que se jugaba su salida de prisión, Báez se encuentra siendo juzgado en debate oral y público por supuesto lavado de activos a través de la firma "Austral Construcciones", en maniobras calculadas en 55 millones de dólares.

El empresario también es uno de los imputados principales de la causa conocida como "Vialidad", en la que se juzga si durante los años que gobernó el kirchnerismo se realizaron maniobras para direccionar la obra pública vial de Santa Cruz en favor de sus empresas.