25/02/2021

Argentina

TRAS EL FALLO

Quién es la jueza que le quiso reducir la pena a Lázaro Báez y a sus hijos

Gabriela López Iñíguez votó en disidencia y no reconoció que el delito de lavado de dinero estuviera vinculado a la defraudación al Estado por la corrupción kirchnerista.

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) condenó por voto mayoritario a Lázaro Báez a la pena de 12 años de cárcel por lavado de dinero en la causa conocida como "ruta del dinero K". De los tres jueces del tribunal, la jueza Gabriela López Iñíguez manifestó su disidencia en cuanto al monto de la pena y la multa contra Báez. La magistrada ya había favorecido a ex funcionarios kirchnerista en anteriores oportunidades.
La condena por lavado de dinero quedó vinculada a la presunta defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Báez durante el gobierno kirchnerista. Esto fue reconocido por los jueces Néstor Costabel y Adriana Palliotti, pero no por López Iñíguez, quien consideró que "no advierte la posibilidad de considerar que todos los bienes de Báez o de ACSA eran ilícitos" y aseguró que "hubo una coexistencia entre actividades lícitas con la comisión de ilícitos".
Según consigna Clarín, López Iñíguez se diferenció también de sus pares del TOF 4 en las penas que debían recibir las hijas del empresario, Luciana y Melina Báez, condenadas a tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias de las maniobras de lavado. La jueza se inclinó por absolverlas, al considerar que Lázaro Báez había utilizado sus nombres tanto en cuentas como empresas y sentenció que "el Poder Judicial debe tener perspectiva de género".
La magistrada ya había integrado en agosto de 2018 el TOF 4 que condenó a Amado Boudou a cinco años y 10 meses por el caso Ciccone, pero su voto también fue en disidencia respecto de la detención inmediata, el monto de la pena y la calificación. La jueza fue la única que interpretó que no debía ir preso, pero el exvicepresidente terminó en la cárcel por el voto mayoritario. En diciembre de ese mismo año, la jueza firmó otro fallo que en base a criterios jurídicos le otorgó la excarcelación.
En marzo de 2018, López Iñíguez había aportado uno de los dos votos con los cuales el TOF 8 que preside concedió por mayoría y de madrugada la excarcelación a Carlos Zannini, ex titular de la Secretaría Legal y Técnica y actual Procurador del Tesoro; y del piquetero Luis D'Elía, ambos imputados en la causa por el pacto de entendimiento con Irán firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner.
La jueza llegó a ese tribunal federal por propuesta del gobierno de Cristina Kirchner, luego de que en 2014 frenara el desalojo del barrio Papa Francisco, en Villa Lugano, predio que había sido tomado por familias de la Villa 20 en tiempos en que Mauricio Macri era el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Desde el TOF 8, además, en diciembre avaló la absolución de Guillermo Moreno en el caso de amenazas y agresiones verbales en una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013.
López Iñíguez, de 50 años, se graduó como abogada en la UBA en 1996. Fue relatora oficial no bien se incorporó a la Justicia, de 1996 a 1998 en el TOF 6. Luego, en el mismo tribunal, fue ocupando diferentes cargos: prosecretaria administrativa, secretaria y secretaria de Cámara. Asumió como jueza de primera instancia el 2 de noviembre de 2003.

El Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) condenó por voto mayoritario a Lázaro Báez a la pena de 12 años de cárcel por lavado de dinero en la causa conocida como "ruta del dinero K". De los tres jueces del tribunal, la jueza Gabriela López Iñíguez manifestó su disidencia en cuanto al monto de la pena y la multa contra Báez.

La magistrada ya había favorecido a exfuncionarios kirchneristas en anteriores oportunidades.

La condena por lavado de dinero quedó vinculada a la presunta defraudación al Estado por la asignación irregular de obra pública a Báez durante el gobierno kirchnerista. Esto fue reconocido por los jueces Néstor Costabel y Adriana Palliotti, pero no por López Iñíguez, quien consideró que "no advierte la posibilidad de considerar que todos los bienes de Báez o de ACSA eran ilícitos" y aseguró que "hubo una coexistencia entre actividades lícitas con la comisión de ilícitos".

Según consigna Clarín, López Iñíguez se diferenció también de sus pares del TOF 4 en las penas que debían recibir las hijas del empresario, Luciana y Melina Báez, condenadas a tres años de prisión en suspenso como partícipes secundarias de las maniobras de lavado.

La jueza se inclinó por absolverlas, al considerar que Lázaro Báez había utilizado sus nombres tanto en cuentas como empresas y sentenció que "el Poder Judicial debe tener perspectiva de género".

La magistrada ya había integrado en agosto de 2018 el TOF 4 que condenó a Amado Boudou a cinco años y 10 meses por el caso Ciccone, pero su voto también fue en disidencia respecto de la detención inmediata, el monto de la pena y la calificación. La jueza fue la única que interpretó que no debía ir preso, pero el exvicepresidente terminó en la cárcel por el voto mayoritario. En diciembre de ese mismo año, la jueza firmó otro fallo que en base a criterios jurídicos le otorgó la excarcelación.

En marzo de 2018, López Iñíguez había aportado uno de los dos votos con los cuales el TOF 8 que preside concedió por mayoría y de madrugada la excarcelación a Carlos Zannini, ex titular de la Secretaría Legal y Técnica y actual Procurador del Tesoro; y del piquetero Luis D'Elía, ambos imputados en la causa por el pacto de entendimiento con Irán firmado durante la presidencia de Cristina Kirchner.

La jueza llegó a ese tribunal federal por propuesta del gobierno de Cristina Kirchner, luego de que en 2014 frenara el desalojo del barrio Papa Francisco, en Villa Lugano, predio que había sido tomado por familias de la Villa 20 en tiempos en que Mauricio Macri era el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el TOF 8, además, en diciembre avaló la absolución de Guillermo Moreno en el caso de amenazas y agresiones verbales en una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013.

López Iñíguez, de 50 años, se graduó como abogada en la UBA en 1996. Fue relatora oficial no bien se incorporó a la Justicia, de 1996 a 1998 en el TOF 6. Luego, en el mismo tribunal, fue ocupando diferentes cargos: prosecretaria administrativa, secretaria y secretaria de Cámara. Asumió como jueza de primera instancia el 2 de noviembre de 2003.




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