Luis Caputo es accionista en una empresa denunciada por desalojar campesinos

Luis Caputo, flamante ministro de Finanzas, es dueño de una empresa denunciada por desalojar campesinos. El funcionario admitió poseer acciones de una compañía acusada de comprar terrenos y sacar a los ocupantes.

Caputo tiene acciones del capital de Sacha Rupaska SA. Las cuotapartes ingresaron a su patrimonio en noviembre de 2007. Sin embargo, también admitió en su declaración jurada ser acreedor de una deuda de $ 3.857.763,53 que tiene la compañía con él.

Según informó el portal Letra P, la compañía se dedica a comprar terrenos en Santiago del Estero y a desocupar mediante topadoras y ardides judiciales a sus ancestrales ocupantes.

El Movimiento Campesino de Santiago del Estero - Vía Campesina (MOCASE - VC), organización que lucha por los derechos de los trabajadores de la tierra y pueblos originarios de la provincia norteña, denunció que la compra de los terrenos afectó a aproximadamente 80 familias, que denunciaron la maniobra como un "intento de usurpación".

"La operación de compra de ese lote vino acompañada por una subdivisión del terreno en el que viven las familias y fue vendida a un empresario tucumano que comenzó a ocupar el terreno con distintas obras para desalojar a la familias y entorpecer el trámite de posesión conocido como 'usucapión'", revela la nota.

Al año siguiente de la venta, los campesinos fueron acusados ante la Justicia Federal por entorpecer la posesión de la propiedad vendida, mientras seguía el intento de desalojo por parte de las topadoras. En 2016, las 80 familias que habitan los terrenos santiagueños comenzaron una nueva etapa de reclamos para recuperar sus derechos de posesión sobre las 17.800 hectáreas que controla Sacha Rupaska S.A.

Según la declaración jurada que presentó Caputo un mes después de los nuevos reclamos de las familias, su posesión accionaria es de 7.200 pesos, aunque en el listado de "créditos en el país" Caputo aparece como acreedor de Sacha Rupaska S.A. por 3.800.150,54 pesos. El dato confirma que el peso accionario del funcionario en esa empresa fue variando con el correr del tiempo y era mucho mayor cuando se concretó la compra de terrenos que los campesinos denunciaron ante la Justicia y que ahora buscan anular.