06/09/2023

Argentina

Política

Causas contra organizaciones políticas de los setenta: la justicia federal ratificó prescripción

Represores no lograron que se declaren como delitos de lesa humanidad los hechos de Superintendencia de Seguridad Federal.

La jueza federal María Servini ha rechazado una solicitud presentada por asociaciones defensoras de represores que buscaban reabrir una causa relacionada con los eventos ocurridos el 2 de julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal. 

La titular del Juzgado Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires ha dictaminado que las acciones de las organizaciones políticas en los años '70 no pueden ser consideradas crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos, y, por lo tanto, están prescritas.

Esta solicitud se presentó después de que la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villaruel, convocara a un "homenaje a las víctimas del terrorismo" en la Legislatura porteña. 

La Secretaría de Derechos Humanos afirmó: "La Justicia ha mantenido consistentemente desde 2001 que la represión del Estado durante la dictadura cívico-militar constituye crímenes de lesa humanidad, y como tal, son imprescriptibles. Existe la obligación de investigar, juzgar, sancionar y reparar a las víctimas", en un mensaje publicado en la red social X, antigua Twitter.

Además, agregaron que "estos incidentes cometidos por organizaciones políticas no se pueden equiparar al terrorismo de Estado, como lo ha confirmado la Corte Suprema de Justicia de la Nación y varios tribunales en esta y otras causas". También explicaron que estas denuncias intentan revivir la "teoría de los dos demonios" para asegurar la impunidad de quienes secuestraron, torturaron, abusaron, asesinaron, desaparecieron y se apropiaron de cientos de niños y niñas.

"Amparados en normativas nacionales e internacionales, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se han comprometido durante los últimos 20 años en implementar políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Como parte de esta política de Estado, se han llevado a cabo más de 320 juicios públicos y orales con la condena de casi 1.200 represores. Este proceso ha respetado todas las garantías constitucionales y es reconocido como un ejemplo a nivel mundial", agregaron.

"Estas políticas de derechos humanos son fundamentales en la construcción de los últimos 40 años de democracia. El pueblo argentino, junto con nuestras Madres, nuestras Abuelas, familiares y sobrevivientes, ha defendido estas políticas cada vez que han sido amenazadas, ya que la democracia no puede existir sin justicia, memoria, verdad y reparación", concluyeron.




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