Venta ilegal de mercadería del Estado: buscan a los responsables del fraude

La investigación sobre la venta indebida de alimentos destinados a personas necesitadas y comedores, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, ha revelado la falta de controles estatales. La Policía y la Justicia identificaron a individuos involucrados en la comercialización de estos productos, y ahora se busca a los responsables de esta maniobra.

A tempranas horas del jueves, el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, por orden del gobernador Osvaldo Jaldo, se presentó ante el fiscal Ignacio López Bustos para proporcionar información crucial sobre la distribución de los productos. Esta revelación encendió alarmas, redirigiendo la investigación.

El sistema, según informó el diario La Gaceta, funciona de la siguiente manera:

- Módulos alimentarios: Paquetes de alimentos entregados a personas necesitadas, organizaciones no gubernamentales, comunas y municipios. Cada módulo pesa aproximadamente ocho kilos y contiene alimentos no perecederos como fideos, azúcar, yerba, leche y puré de tomate.

- Compra directa de productos: El Ministerio invita a los interesados a presentar presupuestos para la venta de productos. Después de evaluar las propuestas, realizan la compra al empresario que ofrece la mejor oferta. Una vez cerrado el acuerdo, los víveres se envían a la empresa de transporte Hacha de Piedra, ubicada en la ruta entre Alderetes y el aeropuerto Benjamín Matienzo.

- Última compra del Estado: Cerca de 600,000 kilos de alimentos, equivalentes a casi 75,000 módulos, con un valor promedio de $8,000 cada uno.

La investigación comenzó hace más de dos semanas cuando Masso recibió denuncias sobre la venta ilícita de los alimentos entregados por Desarrollo Social. Tras confirmarse la información, la ex Brigada de Investigaciones realizó allanamientos, secuestró mercadería y detuvo a tres sospechosos. La investigación continúa, y Masso expresó que están comprometidos en llegar hasta el fondo del asunto, siguiendo las instrucciones del gobernador Jaldo.

Una de las líneas de investigación se centra en el sistema de distribución de los módulos, destacando que la mercadería se retiraba de la empresa de transporte. Además, se descubrió que la firma recibía $25 millones por la entrega de los alimentos. Más del 50% de la mercadería se retiraba de esta empresa, y se reveló que 72 organizaciones sociales retiraban víveres mediante este sistema, aunque oficialmente solo hay reconocidas unas 24. Masso afirmó que cambiarán este sistema, ya que descubrieron que la entrega se realizaba sin ningún control estatal.

En cuanto al periodo en que se desarrolló esta maniobra, aún no se tiene una respuesta concreta, pero se destaca un dato relevante: entre los víveres secuestrados, aparecen paquetes de arroz adquiridos por la gestión anterior.