Piden que se declare "emergencia judicial" en las causas contra delitos de lesa humanidad

Organismos de Derechos Humanos y fiscales encendieron las alarmas, y solicitaron que se declare la "emergencia judicial" en las causas contra los delitos de lesa humanidad, que se desarrollan en el país desde 2006 tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

En la misma semana en que Mauricio Macri dijo desconocer el número de desaparecidos, abogados de organismos de derechos humanos y fiscales realizaron una jornada el sábado pasado en donde criticaron que se otorgue a los genocidas condenados la prisión domiciliaria, beneficio que viene impulsando el ministro de Justicia, Germán Garavano.

“Pedimos que se declare el estado de emergencia judicial en causas en la que se investigan crímenes de lesa humanidad y se dispongan todos los mecanismos legales, procesales y administrativos que garanticen que estos juicios cumplan con el principio de continuidad, justicia pronta y activa”, leyó el sábado pasado la declaración emitida por la red de abogados Elizabeth Gómez Alcorta después de dos días de análisis de la situación en la ex-ESMA.

La Procuradoría de Crímenes Contra la Humanidad viene alertando hace meses que los juicios empezaron a desacelerarse y las audiencias a espaciarse pese a que existe una acordada de la Cámara Federal de Casación Penal de 2012 en la que se llama a la celeridad de los juicios.

“En estas causas nos enfrentamos a un riesgo: la impunidad biológica”, dijo el fiscal Jorge Auat, titular de la Procuradoría. En el juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) eran 67 los represores sentados en el banquillo en noviembre de 2012, cuando se inició, pero once de ellos fallecieron durante el proceso, que probablemente se extienda hasta el año próximo.

Mientras los abogados que intervienen en causas de lesa humanidad insisten en que las causas por lesa humanidad deben acelerarse ya que los imputados envejecen o mueren sin responder ante la justicia, o las víctimas y los testigos, en varias jurisdicciones aparenta existir una decisión de dejar que los procesos vayan lentamente apagándose. Fuentes judiciales comentaron que la Secretaría de Derechos Humanos dirigida por Claudio Avruj pidió a la Corte Suprema convoque a la comisión interpoderes, creada a fines de 2008, para discutir cuestiones vinculadas a los juicios de lesa humanidad. Los organismos de derechos humanos harán lo propio y pedirán una reunión en el máximo tribunal para manifestar a los supremos su preocupación ante el amesetamiento de los juicios.

“Avanzar con las causas siempre fue difícil”, dijo Auat. “El cepo de impunidad no sólo tenía que ver con las leyes”, completó. Según los abogados de lesa que se reunieron este fin de semana en la ex-ESMA, “buena parte del Poder Judicial se ha acomodado a estos tiempos”.

El número de sentencias dictadas por los tribunales empezó a caer en 2014, tendencia que se acentuó en 2015. El año pasado también estuvo marcado por varios retrocesos en lo que refiere a causas de lesa humanidad que investigaban la responsabilidad de empresarios o civiles: las investigaciones contra Carlos Blaquier (Ledesma) y Vicente Massot (dueño de La Nueva Provincia y el tío de Nicolás Massot, jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados), entre otras. Sin embargo, el proceso de juzgamiento que se reinició en 2006 registró un importante avance en marzo de este año, cuando se condenó al primer empresario involucrado en crímenes de lesa humanidad. Marcos Levín, dueño de la compañía de transportes La Veloz del Norte, fue sentenciado a doce años de prisión por el secuestro y la tortura de un trabajador de la empresa ocurrido en 1977.

En ese orden, el mes pasado el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que preside el argentino Fabián Salvioli, quien no participó de la evaluación, llamó la atención al Estado argentino y le pidió que intensifique los esfuerzos para investigar a los empresarios que estuvieron involucrados en secuestros, torturas y desapariciones. Pese a que el mismo Macri y la Secretaría de Derechos Humanos hicieron declaraciones en favor de la continuidad de los procesos, cuando se trata de civiles, han optado por el silencio o directamente la oposición.

En diciembre del año pasado, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner promulgó la ley que ordenaba la creación de una comisión bicameral para investigar las responsabilidades del empresariado. La creación de la comisión fue apoyada por todos los bloques de la Cámara de Diputados a excepción de uno: el PRO de Macri. En la Cámara Alta, se escucharon las objeciones del PRO y de aliados radicales como Ernesto Sanz.

“Entedemos a la comisión bicameral como un instrumento de política pública muy importante”, dijo Luz Palmás Zaldua, coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “Fue creada por ley para poner en marcha una tarea de investigación apuntando a desentrañar cuáles han sido la política monetaria, fiscal, financiera y económica de la dictadura y, en ese marco, identificar a los actores y grupos económicos que promovieron esas políticas que dejaron al pueblo en una situación de pobreza y endeudamiento externo como nunca antes había tenido la Argentina”, agregó.

El 10 de junio pasado, un grupo de organismos de derechos humanos, entre los que estaba el CELS, envió una carta a Emilio Monzó y a Gabriela Michetti pidiendo precisiones sobre el futuro de la comisión pero, esta vez, el péndulo osciló hacia el silencio.

“Hemos tenido cero respuesta. La respuesta que tuvimos es que esa nota que presentamos en cada presidencia de cámara se perdió en un caso y, en el otro, fue pasando de una instancia a otra. La volvimos a presentar y estamos esperando que avance y se resuelva”, destacó la abogada.

Mientras la creación de la comisión se discutía, la Unión Industrial Argentina (UIA) puso el grito en el cielo, entre ellos Daniel Funes de Rioja, uno de sus vicepresidentes, que también dirige la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). Funes de Rioja apareció como firmante de un manifiesto que impugnaba los juicios de lesa humanidad que auspició la Asociación por la Justicia y la Concordia, que reúne a abogados de represores. La semana pasada, el CELS envió una carta al directorio de la Copal para pedirle que aclarara si la declaración de su titular había sido a título personal o como directivo de la institución.

Por otra parte, el manifiesto tuvo amplia difusión en el diario La Nación, que viene abogando por el otorgamiento de prisión domiciliaria para los represores. En la carta enviada el 10 de agosto por el CELS a la Copal, se detalla que el 41,8 por ciento de los procesados por crímenes de lesa humanidad a los que se les dictó la prisión preventiva están en sus casas, discutiendo que éste sea un beneficio que se les retacea a los represores, como sostuvo Avruj en marzo. En una entrevista con radio Vorterix de la semana pasada, el ministro Garavano explicó que el gobierno estaba respondiendo a planteos llevados por los represores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el tema de las domiciliarias. “No puede haber discriminación”, dijo el ministro, quien en los últimos meses mantuvo reuniones con Justicia y Concordia y con Cecilia Pando, la cara más conocida de los grupos pro-impunidad.

En la semana, el debate en torno a las domiciliarias se impuso mientras los jueces discuten la concesión de ese beneficio al ex-comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, condenado a prisión perpetua por los crímenes cometidos en el denominado Circuito Camps en la provincia de Buenos Aires y también vinculado a la desaparición del testigo Jorge Julio López en 2006. El viernes pasado, el juez federal Ernesto Kreplak tomó en consideración el informe de los peritos que sostenían que el estado de Etchecolatz era de regular a malo y sostuvo que podía ser alojado en un hospital extramuros que reuniera las necesidades del represor pero que no podía ser enviado a la casa. Etchecolatz está en huelga de hambre desde el 28 de julio, por tal motivo Kreplak autorizó a los médicos que lo atiendan a proceder a la alimentación forzada si es necesario.

El juez tomó esta decisión en tres causas en las cuales está procesado Etchecolatz. Sin embargo, el tribunal oral debe reunirse esta semana para decidir qué hacer con el represor en las causas por las cuales ya está condenado. Fuentes judiciales explicaron que pese a que las dos decisiones son independientes, al no concedérsele la prisión domiciliaria en una causa, ésta no puede ya hacerse efectiva.

El jueves, el tribunal oral federal (TOF) 5 de San Martín le revocó la domiciliaria al comodoro Luis Trillo, a quien se lo vio paseando el perro por el barrio. El abogado de Trillo explicó ante los jueces que su defendido se vio obligado a salir por una necesidad fisiológica de su mascota, que según el letrado se ponía violento si no lo paseaban. No hubo caso y Trillo perdió el beneficio de la domiciliaria.

En una entrevista con Buzzfeed, el presidente Macri dijo que no le interesaba si los desaparecidos eran nueve mil, como sostuvo Darío Lopérfido, o 30 mil, como sostienen los organismos de derechos humanos. En esa misma entrevista se refirió a Hebe de Bonafini como una “desquiciada” y habló de la dictadura como una “guerra sucia”, término que tuvo que salir a rectificar la misma Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado difundido un día después del reportaje y tres días después de que un sonriente Avruj anunciara que ya estaba disponible parte de los documentos desclasificados por los Estados Unidos.

“Los desafíos del presente ya no sólo se centran en la lentitud y fragmentación de los juicios en marcha o en las estrategias a desarrollar para lograr el más urgente juzgamiento a los responsables militares y civiles de la dictadura. Hoy también la preocupación gira en torno al cómo frenar el avance del accionar reaccionario y negacionista del gobierno de Macri”, sostiene la declaración firmada por los abogados que intervienen en causas de lesa humanidad.

Los organismos de derechos humanos planean una actividad pública para el 12 de septiembre en la Cámara de Diputados, donde se reunirán para visibilizar lo que definen como una política negacionista por parte del gobierno actual y las dificultades que enfrentan los procesos judiciales. “No queremos volver 40 años atrás”, dijo Angela “Lita” Boitano de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.