29/07/2017

Argentina

Garavano: "Respetamos a la CIDH pero también a los jueces de Jujuy"

El ministro de Justicia dijo que en caso de Milagro Sala el Gobierno nacional se limita a comunicar la resolución del organismo al gobierno de esa provincia, al tiempo que aclaró que las causas contra la dirigente no deben ser politizadas.
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El ministro recordó que el 15 días la justicia jujeña deberá hacer una devolución sobre la recomendación.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos Germán Garavano afirmó que el gobierno nacional "respeta tanto el sistema interamericano como la autonomía provincial", en relación a la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que solicitó la "libertad inmediata" de la dirigente Milagro sala, y propuso "medidas alternativas a la detención preventiva como el arresto domiciliario".


Garavano aseguró hoy que en el Poder Ejecutivo son "respetuosos de la CIDH pero también de los jueces de Jujuy", y señaló que el gobierno es "ajeno a cualquier decisión" ya que "sólo tiene la función de transmitir" la recomendación difundida ayer por la Comisión.


"No podemos inmiscuirnos más allá de trasmitir esta recomendación y las autoridades judiciales evaluarán qué decisión toman. Somos respetuosos de las recomendaciones de la CIDH pero también de las decisiones de los jueces de la provincia de Jujuy", afirmó Garavano en declaraciones a radio La Red, luego de conocerse ayer la medida de la CIDH.


Según el ministro, la decisión de la CIDH debe leerse como "una recomendación con una tónica humanitaria por las condiciones en las que los mismos comisionados que estuvieron en Jujuy encontraron a la propia Milagro Sala". El funcionario explicó que las autoridades judiciales jujeñas deberán analizar el pedido de la CIDH y en 15 días hábiles el gobierno "hará una devolución en base a las medidas que tomen los magistrados".


Por su parte, la abogada de Sala y precandidata a diputada Elizabeth Gómez Alcorta aseguró hoy que "no hay forma de que uno no acepte la detención domiciliaria" que sugirió la CIDH, y ratificó que seguirán "reclamando a la Corte Suprema que se expida" sobre la situación de la dirigente".


Respecto a esa misma cuestión, Garavano precisó que en el país existen 1.500 casos de personas bajo dispositivos electrónicos que cumplen arresto domiciliario y sostuvo que el gobierno, "alienta ese dispositivo como herramienta valiosa para descomprimir cárceles y generar mejores condiciones para los que están privados de libertad".

 

Al mismo tiempo consideró que la detención de Sala "no debe ser analizada políticamente" y advirtió sobre "un fuerte sector vinculado al kirchnerismo" que tiene en ella "una referente política" y que vincula su detención a aspectos políticos. "El caso no tiene que ser analizado políticamente. Acá hay una investigación contra la dirigente por fuertes sospechas de corrupción", precisó el funcionario.


Tras conocerse la enérgica resolución, la primera reacción del gobierno corrió por cuenta de la Secretaría de Derechos Humanos, que dirige Claudio Avruj, quien explicó que el gobierno nacional comunicó la solicitud de la CIDH a las autoridades judiciales y administrativas de la provincia de Jujuy, donde se encuentra detenida la dirigente desde enero de 2016, "en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales". (ambito.com, TN.com.ar)


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