El largo camino hacia la justicia: el caso de la joven abusada en su viaje de egresados podría llegar a su fin

"Durante todo este proceso, experimenté un profundo sufrimiento. Incluso uno de los defensores me llegó a insultar llamándome promiscua. A pesar de esto, no me detuve y seguí adelante", compartió P., quien lamentablemente fue víctima de un abuso sexual durante un viaje de egresados.

Después de nueve años, finalmente se acerca una resolución judicial a su caso. El 12 de agosto de 2014, un grupo de estudiantes de un colegio secundario partió desde Monteros hacia San Carlos de Bariloche para su viaje de egresados. Durante el trayecto, los estudiantes disfrutaban de música y bebidas alcohólicas mientras se divertían.

En un momento dado, ella se recostó en los últimos asientos del autobús para descansar. Fue en ese momento que tres jóvenes (dos menores y un adulto) la atacaron, aprovechándose de su vulnerabilidad. Sin revelar los nombres, los perpetradores la sometieron a un abuso en el interior del autobús, que duró alrededor de 15 minutos. La adolescente solo se enteró de lo ocurrido cuando llegó a la ciudad de Córdoba, a través de terceros, lo que marcó el comienzo de su angustia.

Lo primero que hizo fue comunicarse con sus amigas más cercanas, asegurándoles que no había consentido en ningún momento tener relaciones con sus compañeros. Luego, decidió denunciar el incidente a los coordinadores y a los padres tutores. Sin embargo, estas acciones no generaron ninguna respuesta. A pesar de estar tratando de recuperarse, las noticias sobre el incidente ya habían llegado a Monteros. "Mi único deseo era que mi madre no se enterara. La vergüenza que sentía era inmensa y no quería preocuparla", relató en ese momento.

Cuando sus padres se enteraron de lo sucedido, la apoyaron en el largo proceso legal que les esperaba. La primera dificultad fue lograr que el caso fuera tratado en la provincia correspondiente, ya que el abuso tuvo lugar en Córdoba. "Enfrenté muchas complicaciones durante este proceso; una de ellas fue que no se tomaron las pruebas adecuadas. Experimenté depresión y angustia, ya que sentía que nadie me escuchaba. No lograba hacerles entender que esto no fue un simple exceso, como muchos intentaron argumentar, sino un delito. La violación de una joven indefensa es un crimen", señaló la actual docente.

El caso pasó por varias etapas legales. "Lo que más me dolía era tener que demostrar constantemente que yo era la víctima. Esa es la peor situación que puedes enfrentar", agregó en una entrevista con LA GACETA. Finalmente, el calvario de la joven llegó a su fin hace menos de tres meses. Se presentó ante la defensora oficial Raquel Ferreyra Asís en busca de apoyo. La profesional la orientó sobre las opciones disponibles y finalmente se convirtió en querellante en el caso. "Finalmente logré que alguien escuchara mi sufrimiento y juntas exploramos las distintas alternativas que teníamos a nuestra disposición", resaltó.

La defensora oficial optó por no hacer comentarios en relación al asunto

Después de analizar detenidamente el expediente, la defensora oficial, quien optó por no hacer comentarios en relación al asunto, se percató de que la causa estaba al borde de la prescripción. Por ende, decidió buscar una alternativa para concluir el caso lo más pronto posible. En palabras de la víctima: "Lamentablemente, los procesos judiciales suelen ser excesivamente lentos. A medida que el tiempo pasaba, las pruebas iban desapareciendo y nuestras opciones se reducían drásticamente. Aunque no es lo ideal, al menos evitaremos que el caso quede en el olvido. Tras discutirlo con mi pareja, llegamos a la conclusión de que era lo más conveniente y, por lo tanto, aceptamos esta opción".

Con la aprobación de la fiscal María Eugenia Posse, la parte acusadora y los abogados defensores de los implicados, se espera que la causa se clausure hoy mismo, siempre y cuando el juez Marcos Núñez Campero apruebe una reconfiguración de los cargos y el cierre del expediente a través de un proceso de probatoria. Según los términos del acuerdo alcanzado, los acusados estarán obligados a someterse a un tratamiento psicológico, participar en talleres sobre cuestiones de género, realizar labores comunitarias, compensar a la víctima con una suma de un millón de dólares por los daños ocasionados y ofrecer disculpas públicas en una audiencia. La víctima expresó: "Mi única preocupación es que estas disculpas sean verdaderamente sinceras".