27/06/2011

El mundo

Mujica habilita la investigación de los delitos cometidos en la dictadura

Tras el fracaso legislativo por revocar la Ley de Caducidad, el presidente uruguayo revocará por decreto los actos administrativos.

El Gobierno de Uruguay anunció este lunes que revocará todos los actos administrativos de gestiones anteriores que frenaron unos ochenta juicios de la dictadura (1973-1985), el mismo día en que se cumplen 38 años del golpe de Estado y un mes después de que fracasara el intento oficialista de anular la Ley de Caducidad.

La medida, que se concretará mediante un decreto, fue anunciada por el secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, y justificada "por razones de ilegitimidad" de las decisiones tomadas en el pasado por los presidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y Jorge Batlle (2000-2005).

La Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009, concede al Ejecutivo de turno la potestad de decidir si un caso está amparado por esa normativa, que impide enjuiciar a militares y policías acusados de crímenes cometidos durante el régimen dictatorial.
 
Sanguinetti, Lacalle y Batlle consideraron que todas las causas que llegaron a sus manos sí lo estaban y por tanto debían ser archivadas, pero Mujica y su inmediato antecesor, Tabaré Vázquez (2005-2010), reabrieron en cambio varios procesos al opinar lo contrario.
 
En defensa del decreto presidencial, Breccia explicó este lunes que "cuando la revocación es por razones de ilegitimidad", sus efectos "se proyectan hacia el pasado", y aclaró que con su postura el Gobierno no está violando la separación de poderes.
 
 
 


Recomienda esta nota: