23/08/2016

El mundo

El gobierno de Temer defendió ante la OEA el juicio a Dilma Rousseff

El canciller Serra calificó de "tonto" el pedido de explicaciones sobre el proceso contra la presidenta suspendida. El Congreso negó que se trate de un "golpe de Estado".
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El canciller brasileño, José Serra, calificó de "tonto" el pedido de explicaciones sobre la legalidad del juicio político contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff, realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. El pedido también fue respondido por el Congreso, que negó que se trate de un "golpe de Estado".


"La OEA envió un documento tonto, malhecho, y quien tiene que responder por el juicio político es el Congreso, no el Poder Ejecutivo. Entonces yo pasé la respuesta al Congreso", dijo el canciller Serra a medios locales.


El jueves 25 de agosto comenzará la sesión final del juicio contra Rousseff, quien se dice víctima de traición por parte del vicepresidente y presidente interino, Michel Temer, y de un golpe parlamentario por parte de partidos que buscan cerrar las investigaciones por corrupción de la Operación Lava Jato y extendidas a varios otros casos.


La comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) envió una misiva con cuestionamientos, en respuesta a un pedido hecho por tres diputados del Partido de los Trabajadores y un senador del Partido Democrático Laborista (PDT).


Según Serra, no existe un golpe o Estado de excepción en Brasil. "Quien siguió el tema de cerca sabe que es un proceso constitucional supervisado por el Poder Judicial, Brasil es absolutamente democrático", expresó el funcionario.


La carta fue enviada por el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, Mario López Garelli, en respuesta al pedido de una intervención urgente del organismo continental por parte del PT para anular el juicio político, en el cual Rousseff es acusada por delitos de alteraciones en las prioridades del presupuesto 2015.


El Congreso respondió al pedido de la CIDH mediante el abogado del Senado, Alberto Cascais, quien sostuvo que se cumplieron "todas las prerrogativas constitucionales, legales y reglamentarias".


Además subrayó que "no se puede hablar de ilegalidad o inconstitucionalidad en los actos practicados porque los parlamentarios fueron elegidos por el pueblo y hacen uso de su competencia asegurada por la Constitución Federal".


Lo mismo hizo el presidente de Diputados, Rodrigo Maia, aliado de Temer y quien lo representó en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Río 2016 el domingo último.


El PT considera que el Supremo Tribunal Federal no atendió sus demandas de ilegalidad del proceso y por eso busca la atención internacional. Sin embargo, el abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, dijo recientemente en una entrevista con Télam que estima que aún se puede apelar a la máxima corte para anular el juicio político una vez emitida la sentencia por el Senado, que será entre a fines de agosto. Para ello, el gobierno interino de Temer dice contar con amplia mayoría, entre 60 y 63 votos, aunque oficialmente, según las cuentas de Folha de Sao Paulo, el apoyo hasta ahora para una condena es de 49 votos, de los 54 necesarios.


El juicio político contra Dilma Rousseff entra en su fase definitiva entre el 25 y el 29 de agosto. Será el lunes 29 cuando Rousseff intervenga en calidad de acusada para presentar su defensa. En caso de que Dilma sea destituida, Temer se confirmará como presidente y podrá finalizar el mandato que va hasta el 31 de diciembre de 2018.


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