17/07/2018

El mundo

Por Guillermo Usandivaras

“Lawfare” en América Latina

Análisis de una nueva, y polémica, estrategia política.
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Lawfare en América Latina.

Lawfare” es la síntesis de law y warfare y significa “guerra jurídica” en inglés. Este término cobró relevancia en los últimos tiempos, en la medida en que se empezó a hacer más evidente la utilización del Poder Judicial (en algunos casos acompañado de Juicios Políticos) para conseguir objetivos políticos, eludiendo la voluntad popular. Un arma poderosa que combina causas aparentemente legítimas y una sistemática cobertura de la prensa.

A través de infundadas acusaciones se busca demonizar y deslegitimar al adversario político, transformándolo en vulnerable. Una vez debilitado pierde todo apoyo popular y cualquier poder de reacción. Resulta central la deslegitimación al interior de la opinión pública como paso previo a su judicialización, la cual se hace pública en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados.

Este uso indebido de la ley y de los procedimientos jurídicos, últimamente también se pone en juego en momentos de debilidad política de los actuales gobiernos de corte neoliberal en América Latina.

Por estos días, hemos visto como se intenta dar un golpe judicial que pretende encarcelar al ex-presidente Rafael Correa. El gobierno y la justicia ecuatoriana demuestran la urgencia de impedir que el ex-mandatario regrese a presentarse como candidato a las elecciones municipales del 2019. El primer objetivo de esta “guerra judicial” fue atacar a Jorge Glas (ex vicepresidente de Correa y luego de Lenin Moreno), quien fuera acusado de corrupción y condenado con un código penal anterior al vigente, basándose solamente en la acusación de otro acusado. Hoy a Lenin Moreno (enfrentado a Correa) se le agota el recurso mediático de “la pesada herencia” y debe comenzar a mostrar obras de gobierno corriendo el riesgo de un escenario futuro en el cual cada vez tengan menos efecto las denuncias en contra de Correa y sus aliados y comience a imponerse la realidad económica y política.

En Honduras, en 2009, Zelaya pretendía realizar una consulta popular para convocar una Asamblea Nacional Constituyente con la intención de modificar la Constitución de 1981. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, junto al Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y el Congreso Nacional se opusieron. Intentaron de todas las maneras posibles evitar la celebración del referéndum. Entre esas "maneras posibles" estaba la promulgación de una ley que convertía a la consulta en ilegal pero también la posibilidad de declarar “insano” a Zelaya e inhabilitarlo para seguir sentado en el sillón presidencial. El día previo al referéndum, las emisoras de radio y de televisión dejaron de funcionar, generando un clima enrarecido y de desinformación. El Ejército recibió la orden emitida por la Corte Suprema de arrestar al presidente. Los militares no se conmovieron por los mensajes de solidaridad de la comunidad internacional y cumplieron con esta medida trasladando al mandatario por la fuerza hacia Costa Rica.

En Paraguay, se produjo un golpe de Estado parlamentario, en el que los argumentos para un juicio político no tenían ningún valor y fueron rebatidos ampliamente por los defensores de Fernando Lugo. Con fuerte respaldo mediático, se transgredió el orden constitucional a través de un denominado “juicio express” donde bajo el cargo de "mal desempeño en sus funciones", el mandatario fue obligado a abandonar el cargo.

En Brasil, Dilma Rousseff fue víctima de un “impeachment”, en el cual convergieron la presión de la Red O Globo y el voto de los senadores que sin otra prueba más que las acusaciones perpetradas por la oposición de haber "maquillado" las cuentas públicas y de haber "cargado" a los bancos del Estado gastos correspondientes al Gobierno, llevaron adelante un golpe que sólo tuvo como razón estratégica meter a Brasil económica, política y geopolíticamente en el recetario neoliberal. Dando cuenta de ello, su sucesor Michel Temer, hoy con bajísimos niveles de apoyo, ha tomado medidas centradas en reducir sustantivamente el gasto social y eliminar los derechos de los trabajadores para beneficiar al sector empresarial.

Quizás uno de los casos más emblemáticos de “Lawfare” es de Lula, considerado culpable por haber recibido como regalo un departamento en un balneario en el sureño estado de Sao Paulo de manos de la compañía constructora OAS, una de las firmas implicadas en la trama de corrupción y sobornos por las licitaciones y negocios de la empresa petrolera semiestatal Petrobras. Ninguno de los setenta y tres testigos que se presentaron en las veintitrés audiencias brinda información fehaciente que corrobore dicha presunción. La sentencia se basó sobre las pruebas de testimonios que aseguraban a ver visto a Lula en las cercanías del departamento.

El ex presidente puede todavía recurrir su condena, aunque no está claro que pueda inscribir su candidatura en virtud de una ley que prohíbe ser candidatos a los condenados en segunda instancia. A pesar de su situación jurídica, Lula continúa como favorito para las elecciones del próximo 7 de octubre en Brasil con un 33 % de intención de votos, frente a un 17 % de su contrincante más cercano, el ultraderechista Raúl Bolsonaro.

En Argentina resulta clave destacar el abuso del criterio de “prisiones preventivas” para ex funcionarios como elemento disciplinador y herramienta para judicializar la política. Viralizar a un ex vicepresidente en pijama y esposado es llevar al paroxismo a la “Lawfare”. No importa que las acusaciones luego no prosperen. Es así como un sector de la Justicia y gran parte del aparato comunicacional avanza contra Cristina Fernández de Kirchner. La ex mandataria acumula tres causas que cuando es necesario dan oxígeno a la Alianza Cambiemos: una ligada al memorándum de entendimiento con Irán (votado en el Congreso por más de dos centenas de legisladores de las dos Cámaras), la segunda está relacionada a la muerte del fiscal Nisman (en la que se busca transformar –a costa de violentar incluso las evidencias fácticas— un suicidio en un homicidio) y por último, imputaciones ligadas a la gestión de hoteles familiares en el sur del país, que estaban a cargo de administradores autónomos.

Hoy la “Lawfare” emana del consenso sobre la “corrupción” como problema fundamental de América Latina, entendiendo a ésta como patrimonio de los gobiernos populares y del sector público. Omitiendo, por ejemplo, señalar que en un caso paradigmático como el de Odebrecht, el 80% del capital es privado. Es así que vemos cómo en varios países se recurre a un estado de excepción por medio de herramientas “supuestamente legales” que en los hechos conducen a la omisión de la ley a favor de la imposición violenta de un nuevo orden, lejos de las voluntades de las mayorías populares y cada vez más cerca de lo acordado en el Consenso de Washington en la década del 90 y del recetario del FMI.





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