Gils Carbó autorizó la creación en Tucumán de una oficina dedicada a la Narcocriminalidad

La Procuración General de la Nación, que encabeza Alejandra Gils Carbó, dio luz verde para la creación en Tucumán de una oficina dedicada a la Narcocriminalidad. “Con esto vamos a poder sistematizar las investigaciones”, sostuvo el fiscal federal Pablo Camuña.

Camuña junto a su par Carlos Brito realizaron este planteo el año pasado a Diego Iglesias, titular de la Procuradoría de Narcocriminalidad (Procunar), planteo que también fue apoyado por la senadora Silvia Elías de Pérez. Después de analizar las peticiones, el 22 de agosto le solicitó a Gils Garbó la designación del personal para ocupar el Área de Narcocriminalidad en el ámbito de nuestra provincia.

Gils Garbó, dos días después, aceptó el pedido y ordenó asignar transitoriamente cuatro personas para que se encarguen de realizar esta tarea. Sin embargo, les pidió al jefe de Gabinete, Marcos Peña y a Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, que liberen los fondos para cubrir los gastos que implique su funcionamiento. Según trascendió, la senadora Elías de Pérez, que viajó esta semana a Buenos Aires, tiene pensado reunirse con ambos funcionarios para destrabar este asunto. “Ella cree que no encontrará obstáculos para asegurar la partida presupuestaria que se necesita”, dijo un allegado.

Iglesias recordó que en Salta funciona la oficina regional de la Procunar, pero consideró fundamental que haya otra oficina en Tucumán. “En el entendimiento de que así se logra un contacto fluido con las fiscalías de la región, un mejor conocimiento de la dinámica propia de cada parte del país y la identificación de organizaciones narcocriminales con alcance interjurisdiccionales y cadenas de tráfico de gran alcance, optimizando los recursos con los que cuenta este Ministerio Público”, razonó en el escrito.

El investigador recurrió a las estadísticas para justificar la creación de esta oficina. En 2015, las fiscalías de Camuña y de Brito atendieron unas 675 causas. El 46% de esos expedientes (314) estarían vinculados con el fenómeno de la criminalidad organizada. Aunque aún no están los números de 2016, se estima que hubo un incremento de hasta el 30% con respecto a 2015.

“Ahora sí podremos abordar una investigación que puede ser mucho más compleja. En un principio, las fiscalías fueron diseñadas para dictaminar, no para investigar. Esa tendencia se fue extendiendo y por la cantidad de recursos que existen están totalmente desfasadas. Una oficina con 10 personas no puede atender estas causas y otras vinculadas a evasión impositiva, amparos varios y delitos comunes como el robo de una computadora de la Universidad Nacional de Tucumán”, explicó Camuña. (lagaceta.com.ar)