04/12/2018

Sucesos

Ordenan detener a un juez de Corrientes acusado de beneficiar a narcotraficantes

Se trata de Carlos Soto Dávila, señalado como jefe de una asociación ilícita que encubría a vendedores de droga. Dos de sus secretarios ya fueron aprehendidos.
Ordenan detener a un juez de Corrientes acusado de beneficiar a narcotraficantes | El Diario 24 Ampliar (1 fotos)

Soto dijo se presentará a indagatoria el jueves.

La Justicia Federal ordenó este martes la detención e indagatoria del juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila imputado en una causa por narcotráfico, informaron fuentes judiciales. Las medidas fueron dispuestas por el juez federal Sergio Torres, quien llamó a indagatoria a su par Soto Dávila, de 72 años, para el jueves próximo, aunque el magistrado continuará libre ya que por el momento tiene fueros.

El magistrado está acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que encubrió a narcotraficantes que operaban en Corrientes, desde donde transportaban grandes cantidades de marihuana para distribuir en Capital Federal y varias provincias.

El juez de la causa también dispuso la detención de los dos secretarios del magistrado, Pablo Molina y Federico Grau, y de cinco abogados, uno de los cuales ya está detenido desde hace días, en otra causa impulsada junto al fiscal Carlos Stornelli y al titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Diego Iglesias. Los dos secretarios están suspendidos desde hace tiempo y serán indagados a partir del próximo jueves.

Los arrestos concretados ayer en las provincias de Corrientes y Chaco fueron los de los secretarios del juzgado federal 1 de Corrientes, Pablo Molina y Federico Grau, y de los abogados Gregorio Giménez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Duylio Barboza, que se suman al del letrado Omar Antonio Serial, detenido en esta causa desde marzo de 2017.


“Debo hacer lo que corresponde: presentarme a la citación que tengo para el día jueves”, dijo ayer por la mañana Soto Dávila al programa radial <Corrientes en el Aire>.

“Por supuesto que me voy a presentar, soy una persona íntegra y aparte de eso soy perfectamente consciente de mi absoluta inocencia en este sentido, así que no tengo ningún inconveniente en presentarme y lo voy a hacer”, destacó el magistrado, quien aseguró tener “absoluta tranquilidad” sobre su inocencia.

La investigación de esta causa está vinculada a la de narcotráfico por la que está detenido el Intendente de Itatí Natividad Terán y su vice Fabio Aquino, además de gendarmes, policías federales y provinciales, en un caso que va camino al juicio oral. El modus operandi que se investiga era el siguiente: los narcos ingresaban marihuana desde Paraguay por balsas en el Río Paraná y, una vez en Corrientes, la distribuían hacia Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Chaco, Santiago del Estero y Mendoza.

El ex intendente de Itatí, Natividad Terán, cuando fue detenido por narcotráfico.

El juez federal de Corrientes es señalado por pagar grandes sumas de plata para ser encubierto, sumado a escuchas telefónicas de su entorno que lo involucraron. Se investigan al menos una decena de pagos de coimas al magistrado, a cambio de protección.

La acusación concreta sobre el magistrado es de dictar resoluciones favorables hacia los narcos. Entre ellas, vinculadas a alivianar la acusación o bien otorgarles la libertad de forma muy controvertida. Al ser juez Soto Dávila posee fueros y no puede ser detenido, aunque sí indagado. En función de ello se comunicó la decisión y se puso al tanto de la acusación al Consejo de la Magistratura de la Nación, para que se proceda a su desafuero.

El juez Torres analiza un perfil patrimonial del magistrado así como los movimientos de la cuenta bancaria asignada a su juzgado. Mientras que la PROCUNAR evalúa unas 180 mil llamadas entre el magistrado y sus secretarios desde el 2015 a la fecha.

El origen del caso se remite al 2013 cuando una banda de traficantes que comercializaba marihuana en la Villa 21, del barrio de Barracas, comenzó a ser investigada en el juzgado federal de Sergio Torres. En ese expediente (N° 8.606/13), 14 personas terminaron elevadas a juicio y se decomisaron unos 700 kilos de marihuana.

Lo que ocurrió esta madrugada fue la culminación de la cuarta etapa del proceso, una etapa que que se centró en lo más alto de la pirámide de encubrimiento: el entramado judicial que habría amparado a los narcotraficantes. (minutouno.com; elciudadanoweb.com)




Recomienda esta nota: