La vuelta de la "seguridad nacional"

Desde los primeros años de la restauración democrática en 1983, el acuerdo posible de las fuerzas políticas mayoritarias hizo posible un acuerdo fundamental acerca del rol de las Fuerzas Armadas y de la relación de éstas con las cuestiones de la Seguridad. Entre el radicalismo gobernante y el peronismo opositor nacieron las leyes de Defensa Nacional, la de Seguridad Interior y, luego en otro período la de Inteligencia. Estas normas aseguraron la subordinación de la cadena de mandos de las Fuerzas Armadas a la estructura de gobierno a través del ministerio de Defensa, colocaron a las fuerzas policiales en el marco de la política de derechos humanos y enfocándolas en el combate contra los delitos vigentes en la sociedad y marcaron con precisión las funciones de los organismos de inteligencia para que sirvieran de instrumento de la represión política.

En los largos 40 años se produjeron sucesos y hechos que, con evidentes conmociones como las producidas en los levantamientos carapintadas, colocaron a estos aparatos del Estado en el espacio y en el rol que la sociedad necesita. Sin duda, el cambio más importante se produjo en el marco de las FFAA que fueron completando su subordinación al poder civil y su progresiva  modernización, siempre condicionada esta última  por la limitación presupuestaria nacida de las urgencias económicas nacionales. Es cierto que el tema de la seguridad está afectado por la presencia, sobre todo, del accionar de la delincuencia organizada, particularmente en el tema del narcotráfico.

En el actual contexto electoral una propuesta presidencial propone romper este acuerdo nacional proponiendo una nueva ley de Defensa y Seguridad, rompiendo el punto principal del acuerdo del ´83, la separación de ambas temáticas, para unificar estas problemáticas en un sistema donde el punto implícito es colocar a las FFAA en un protagonismo en los temas de seguridad. Ese camino que conduce hacia el desgraciado rumbo de “la guerra contra el narcotráfico” de desgraciada experiencia en países como México.

Ese programa propone la “reafirmación de la soberanía en todas las áreas geográficas”, una obviedad que, en realidad, esconde adjudicar a los movimientos indigenistas un afán secesionista del territorio argentino, obviando los derechos reconocidos unánimemente por la Convención Reformadora Constituyente de 1994. En cambio, el programa comentado omite referirse a la problemática de las Islas Malvinas y demás archipiélagos ocupados por Gran Bretaña y a los esfuerzos de presencia y desarrollo del Atlántico Sur y la Antártida Argentina que quedaron sólidamente definidos en la Directiva de Política de Defensa Nacional IDPDN), emitida por el gobierno nacional en el presente período de gobierno.

Nada dice este programa de la creación del Fondo Nacional para la Defensa (FONDEF) creado en el presente gobierno y de plena ejecución en la modernización material de las FFAA. En cambio propone un “Fondo Nacional de la Seguridad” que constituiría un símil del anterior, cuando las fuerzas policiales han tenido recursos para su modernización de equipamiento.

El programa comentado plantea destinar un porcentaje tabulado en el presupuesto nacional para un “Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las FFAA”, ignorando la larga existencia del “Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Defensa “, el CITEDEF largamente favorecido por las políticas oficiales, en especial la de los gobiernos kirchneristas, incluyendo al actual. Cuando el documento comentado habla del “redespliegue conjunto de las Seguridad Nacional” olvida -deliberadamente- que la creación del Ministerio de Seguridad de la Nación es obra del gobierno peronista, que -por cierto- desarrolló la materia de las “conjuntes” de manera harto elocuente en las FFAA, como fruto de las duras lecciones de la Guerra de Malvinas. Un ítem desconcertante lo constituye la propuesta de “radarización del territorio nacional”, que es un proceso en amplio curso de desarrollo desde 2006 en toda la geografía nacional al calor de la producción de radares civiles y militares por la empresa estatal INVAP.

Como corolario, una propuesta demagógica: “tolerancia cero con la delincuencia”, como si pudiera haber otra perspectiva que el cumplimiento estricto de la ley en una sociedad democrática, aunque como un augurio eventual de palos a diestra y a siniestra. Cuál será la fuerza que avanza en libertad para reimplantar la doctrina de la seguridad nacional.