Una ONG e intendentes van a la justicia contra el recargo del gas

Asociaciones de consumidores e intendentes bonaerenses van a la justicia contra la decisión del Gobierno de autorizar el cobro de un cargo extra en la tarifa de gas que traslada a los usuarios la suba del dólar del último semestre.

El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) presentó esta mañana ante la Justicia Federal de La Plata una acción de amparo colectivo de alcance nacional contra el recargo que el Gobierno oficializó este viernes, mediante la resolución 20 de la Secretaría de Energía, según el sitio TN.com.ar.

CEPIS es la ONG que, en agosto de 2016, obtuvo un fallo favorable de la Corte Suprema que frenó el primer tarifazo del gas y obligó al Gobierno a llamar a audiencias públicas. Finalmente, el incremento se implementó a partir de octubre de ese año y no desde abril, como se había estipulado.

"La acción interpuesta por Cepis determina la inconstitucionalidad y nulidad de la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda dictada el viernes pasado por el Poder Ejecutivo Nacional. También del inciso 5° del artículo 37 del decreto 1738/92 y del punto 9.4.2.5 de las Reglas Básicas de Licencia de Distribución aprobadas por Decreto 2255/92. Este conjunto de normativas van en contra de los artículos 1, 14, 16, 17, 42 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y, por lo tanto, son inconstitucionales y nulas", consideró esa ONG en sus redes sociales.

La presentación funda que "el aumento del gas se produce por la decisión gubernamental de devaluar el peso y, por tanto, las consecuencias no pueden soportarlas exclusivamente los usuarios del servicio. La diferencia que existe entre el precio de las tarifas para los usuarios establecido en audiencias públicas y el costo del gas previsto en los contratos no puede ser afrontado por los ciudadanos porque de ese modo estarían asumiendo riesgos y costos que no han sido generados por ellos. Es el Poder Ejecutivo Nacional quien determina la política cambiaria del Estado".

Además, agrega, que la Resolución de la Secretaría de Energía " establece tasas de interés que se deben cargar a las cuotas para la devolución del diferencial por la devaluación. La aplicación de tasas de interés constituye un cargo que es completamente ilegal".

 Finalmente, alude que "aún en el caso de que la Justicia considere legal el traslado del precio dolarizado del gas a los usuarios, el Poder Ejecutivo no cumplió con las audiencias públicas para definir el modo y forma de pago de la derivación de los costos a los ciudadanos", según se informó en el comunicado oficial del Cepis.

En tanto, intendentes peronistas bonaerenses lanzaron en las últimas horas una ofensiva política y judicial contra el nuevo aumento de las tarifas de gas.

 A través de redes sociales, Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Verónica Magario (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Ariel Sujarchuk (Escobar), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Andrés Watson (Florencio Varela), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Francisco Durañona (San Antonio de Areco) y Walter Festa (Moreno) criticaron a Iguacel y lo invitaron a recorrer sus municipios. Fue una respuesta a las declaraciones del secretario, que dijo que las críticas a los nuevos incrementos provenían "en su mayoría de militantes kirchneristas".

Katopodis anunció además que este lunes presentaría un amparo colectivo para no pagar la nueva suba, a la que calificó de "ilegal e irracional".

 "Es una locura que el Gobierno vuelva a aplicar un tarifazo y un ajuste en el bolsillo de los argentinos. Vamos a defender a los clubes de barrio, a las pymes, a los comercios y a cada familia de San Martín. El tarifazo en San Martín no pasa", señaló el jefe comunal en un mensaje difundido también en redes sociales.

La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Guido Lorenzino, también preparaba un amparo colectivo para rechazar el cargo extra.

Según la normativa, el precio del gas está dolarizado. Las distribuidoras compran a las productoras el fluido a un precio definido en dólares. En abril, el Enargas fijó un tipo de cambio de unos $20,55, en línea con la cotización de la divisa de ese momento. Pero la devaluación posterior generó una diferencia de unos $10.000 millones. Las distribuidoras, por contrato, no pueden hacerse cargo de la diferencia y deben transferirla a los usuarios.

 El Gobierno indicó que generó este mecanismo de 24 cuotas para aliviar la carga sobre los usuarios finales. (TN.com.ar; palabrasdelderecho.com)