Denuncia ante la ONU: El Gobierno aseguró una persecución político-judicial contra Cristina Kirchner

El Gobierno de Argentina presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual criticó a la oposición, los medios y la Justicia y denunció una supuesta persecución político-judicial contra Cristina Kirchner. 

La presentación, titulada "Cuestiones emergentes: principales desafíos" y compuesta por más de 30 páginas, fue realizada por el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti y el Representante ante los Organismos Internacionales de la administración de Alberto Fernández, Federico Villegas Beltrán.

El funcionario describió que estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional. 

En este marco, Pietragalla incluyó el concepto al que tanto hace referencia CFK, Lawfare, para apuntar contra el Poder Judicial, el sistema de partidos y las empresas.

“Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare – impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático – constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública”, continúa el secretario en el informe.

Y agrega: “en estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal". 

Asimismo, el informe continua: "estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población”.

Siguiendo el relato de la Vicepresidenta, Pietragalla incluyó el planteo de proscripción política sobre el cual el kirchnerismo busca hacer pie en este año electoral.

“Lamentablemente, aunque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión”, relató.

Y amplió: “las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas"

"Lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”, detalló.

Para completar, el funcionario dijo que “la situación carcelera es de enorme preocupación para el Gobierno” y criticó “el uso abuso de la prisión preventiva”.

Juntos por el Cambio criticó la presentación que hará el Ejecutivo

La presentación en la ONU suma un capítulo más al enfrentamiento entre la oposición y el Gobierno, agravado en las últimas semanas por la ofensiva del oficialismo contra el máximo tribunal y la visita de Nicolás Maduro a la Argentina, invitado por Alberto Fernández para participar de la cumbre de la CELAC en la Ciudad de Buenos Aires.

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“Insólitamente, en un informe oficial sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina acusan a su propio país de violar los derechos humanos, para buscar de esa manera la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria de su anterior gobierno kirchnerista”, lanzó el último sábado la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que nuclea a los principales referentes de la coalición opositora.

“Repudiamos el accionar de los representantes del gobierno y pedimos disculpas a la comunidad internacional por el oprobio que implica mentirle a las Naciones Unidas, acusando a la oposición democrática de la Argentina de participar de complots para vulnerar el Estado de derecho, cuando hace exactamente lo contrario mientras el gobierno insulta a los jueces y pretende expulsar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia con un ridículo pedido de juicio político”, agregaron en el comunicado de JxC.

Los referentes opositores también advirtieron que lo que el oficialismo considera un “criminal endeudamiento del gobierno anterior” fue utilizado “para pagar deuda del gobierno kirchnerista anterior y para cubrir sus propios déficits fiscales”. También sostuvieron que el concepto del “lawfare” es utilizado por el kirchnerismo “como excusa para evitar someterse al dictado de la Justicia argentina frente a los flagrantes hechos de corrupción que cometieron”.

“El fin que persiguen mediante esta maniobra, es justificar ante la comunidad internacional, la embestida que el Gobierno nacional está realizando en contra de la justicia independiente para cubrirse bajo un manto de impunidad frente a las fundadas y probadas acciones de corrupción”, concluyó Juntos por el Cambio.