24/12/2017

Opinión

Una mayoría sin quórum

Hace un par de días, Yerba Buena volvió a ser noticia por las controversias que vienen suscitándose en el Concejo Deliberante. Escribe Santiago Tomás González Díaz.
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Concejo Deliberante de Yerba Buena. Foto: La Gaceta.

Por Santiago Tomás González Díaz* | Las democracias modernas tienen como principal característica ser representativas. La academia enseña que, consecuencia del crecimiento poblacional, se torna prácticamente imposible llevar adelante la concentración de toda la población en un mismo lugar para manifestar su voluntad.

Ante semejante dilema, la ingeniería política encontró la solución a la representación popular en los órganos colegiados (congresos, legislaturas y concejos), como instituciones capaces de representar la pluralidad y heterogeneidad de pensamientos del cuerpo social.

Hace un par de días, Yerba Buena volvió a ser noticia por las controversias que vienen suscitándose en el Concejo Deliberante. Más allá de las disputas políticas y los intereses de poder (lícitos en dicho ámbito) lo acontecido supone la concreción de un hecho sin parangón, pero que puede actuar como elemento que siente un grave antecedente y motive a muchos órganos colegiados a tomar iguales actitudes.

Puntualmente, en el caso de dicho Concejo Deliberante, el reglamento interno cita lo siguiente en su artículo 71 como requisitos necesarios para formar quórum: la mitad más uno de los concejales en ejercicio forman el quórum del Concejo. Cuando ese total sea impar se tomará como base el número par inmediato superior.

De ello se deduce que los Concejales presentes en la pasada sesión podrían haber actuado basándose en el hecho de que la cantidad de miembros activos eran 9, siendo necesarios solamente 5 presentes para ser mayoría. Sin embargo, al establecerse como base el número par inmediato, se anula tal mayoría para ser necesario 6 miembros presentes en la cámara.

Inevitablemente, hace dar cuenta que la presencia de 5 concejales en la pasada sesión no era suficiente para contar con el quórum requerido.

Por otro lado, se criticó la actitud del presidente del Concejo (Benjamín Zelaya) por no convocar la renovación de autoridades, aduciendo que el mismo estaba reteniendo ilegítimamente dicho cargo.

Nuevamente recurramos al reglamento interno y observemos que el artículo 9 estipula la necesidad de elegir anualmente autoridades para que conduzcan las actividades institucionales.

Hasta ahí aceptaríamos ciegamente lo que exponían los concejales en desacuerdo; pero debajo de aquellos párrafos que refieren a ello, el reglamento cita lo siguiente: en los demás períodos, en que no hubiera renovación, la elección se hará dentro de los diez (10) días anteriores al vencimiento del término a que alude el primer párrafo. Siendo posible, de esta forma, suponer que una vez vencido dicho tiempo sin ningún tipo de solicitud a convocatoria por parte de alguno de los miembros, existe una aceptación tácita de continuar con las mismas autoridades.

Piense lo siguiente, que ocurriría si en cualquier momento decidiéramos cambiar de autoridades, la inestabilidad de dicho órgano sería constante por el riesgo a poder ser destituido. Como consecuencia, al haberse pasado dicho tiempo los argumentos de renovación pierden sustento legal.

Habiendo explicado estos dos puntos, si nos apegamos exclusivamente a lo citado por la norma, lo ocurrido hace unos días difiere mucho de encuadrarse en un marco de legalidad y legitimidad.

Para explicarlo de manera simple, los concejales presentes actuaron arbitrariamente sin respetar lo estipulado en el reglamento interno del cuerpo, no llegaron al quórum necesario y aun así tomaron decisiones (en minoría). Solo por un momento piense que ocurriría si la legislatura tucumana o el mismo Congreso Nacional adoptaran similar actitud y por cuestiones de interés político tomaran decisiones sin la presencia de un número mayoritario de integrantes. Desde el punto de vista institucional, implica un grave precedente como práctica política.

Sumándose el detalle de que la sesión fue convocada por el Intendente y no por el Presidente del Concejo en ejercicio (especificado en el reglamento), manifestando un desapego al principio republicano de división de poderes.

Es también llamativo que en la cobertura del acontecimiento por parte de algunos medios lo titularan como un proceso de restablecimiento de la institucionalidad del cuerpo legislativo, sin tomar en cuenta lo que mencioné anteriormente.

El ciudadano común no tiene por qué saber de estas cosas, ni tampoco entender el nivel de importancia que el respeto a ciertos procedimientos supone; pero el fortalecimiento de las instituciones democráticas y republicanas nos exige como miembros de una sociedad analizar someramente las reglas que determinan el funcionamiento de nuestro sistema.

El tiempo dirá a quién creer.


* Santiago Tomás González Díaz es Licenciado en Ciencias Políticas y 
Master en Gestión Política, Ciencias políticas y gobierno
Magister en Gestión Política, Ciencias políticas y gobierno. Con amplía experiencia en el sector público y privado, actualmente se desempeña como docente de la licenciatura en Ciencias Políticas de la UNSTA.



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