22/08/2022

Opinión

MASACRE DE TRELEW

Recordatorios y soberanía

POR HERNANDO KLEIMANS.

Hace 50 años, el 22 de agosto de 1972, el estupor y la incertidumbre se apoderaron de la redacción de Télam. En el viejo edificio de Chacabuco 142 el plantel del turno mañana se enfrentaba de repente con el fantasma de lo que luego se encarnaría, un poco más de tres años después, en la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina.

Llegaban confusas noticias desde Trelew, lejos, en el sur, sobre el intento de fuga de numerosos integrantes de Montoneros, FAR y ERP, quienes luego de tomar el penal de Rawson, en Chubut, habían procurado volar a Chile. Los efectivos de la cercana base naval de Almirante Zar, en Trelew, desbarataron el intento. En el enfrentamiento ocurrido habían perecido 16 de los 19 prófugos. Unos cuantos -no se sabía cuántos- habían secuestrado un avión y volaban al Chile del presidente socialista Salvador Allende.

Desde la Casa Rosada el radical Arturo Mor Roig, ministro del Interior del teniente general Alejandro Agustín Lanusse, y Edgardo Sajón, secretario de Prensa y Difusión, continuaba demorando el lanzamiento de la noticia hasta tanto la versión final no fuera debidamente consensuada por el gobierno militar.

Quienes estábamos al frente de ese turno mañana de Télam comprendíamos perfectamente que ese episodio hacía estallar la endeble trama política que intentaba armar Lanusse, quien ya había lanzado el Gran Acuerdo Nacional como alternativa al inexorable retorno de Juan Domingo Perón desde su exilio madrileño. La decisión de los mayoritarios partidos políticos argentinos: peronistas, radicales y de izquierda, aunados en La Hora de los Pueblos, empezaba a marcar el camino a las elecciones generales y a la retirada de la dictadura militar.

Recién a media mañana se permitió informar dando por sentada la versión sobre el intento de fuga y la muerte de los frustrados prófugos. Sólo siete sobrevivientes de los que 4 murieron por las heridas recibidas. Ninguna baja entre el personal militar. Tampoco heridos. Ni contusos.

Varios compañeros de aquella Télam, de los que informaron o supieron lo que realmente había ocurrido, fueron desaparecidos por las bandas terroristas como la Triple A o luego por los comandos asesinos de la dictadura cívico militar que atormentó a nuestra Patria entre 1976 y 1983. Algunos pocos debimos desarrollar el “turismo forzoso” en otros países y en otros continentes.

La verdad se filtró de todas formas, pese al férreo silencio impuesto. La verdad era que, tras el fallido intento de fuga masiva, los máximos cabecillas de las tres organizaciones guerrilleras habían logrado huir a Chile en el avión secuestrado y el resto se había rendido y fue trasladado a la base de Almirante Zar. En la madrugada del 22 de agosto fueron conducidos al patio y allí fueron ametrallados. Sólo tres lograron sobrevivir a sus heridas.

Esa verdad no fue nunca informada por esa Télam del teniente coronel Abel “Pincho” Almeida, ex jefe del regimiento de Granaderos y estrecho amigo de Lanusse. El alevoso fusilamiento de los 19 presos fue silenciado y sus autores materiales fueron puestos a cubierto en destinos en el exterior.

La dictadura militar, autodenominada “Revolución Argentina”, no pudo impedir el proceso de restauración institucional y en marzo de 1973 el FREJULI, la coalición liderada por el peronismo triunfaba en las elecciones e imponía a Héctor J. Cámpora como presidente constitucional.

Era un desafío a la doctrina de seguridad nacional, impuesta en América Latina desde Washington, que durante décadas fue la base ideológica de las dictaduras militares que se implantaron en los principales países de la región.

Tuvieron que pasar muchos años y derramarse mucha sangre para que finalmente esa cadena autocrática fuera destruida por la acción de las grandes masas populares latinoamericanas. Las duras secuelas de esas dictaduras criminales todavía pesan sobre nuestros países. La Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Nicaragua, Paraguay, entre otros, fueron escenarios del terror y la tortura. El siniestro Plan Condor ligaba a las dictaduras en un pacto de sangre que internacionalizó la violencia represora.

Hace ya décadas que nuestra América Latina vive bajo regímenes constitucionales. Nuestros estados se han comprometido a impedir la ruptura del orden constitucional y el retorno de las dictaduras. En ese marco se consolidó la convivencia democrática y el respeto hacia la autodeterminación y soberanía de los países latinoamericanos. La obsolescente OEA, una rémora de aquel pasado de dependencia y sometimiento, ha sido prácticamente desplazada y reemplazada por organizaciones como la UNASUR y ahora la CELAC, alineada en los principios del nuevo mundo multipolar.

En el marco de esa historia resultan disonantes las expresiones del embajador norteamericano Marc Stanley en la reciente reunión del Consejo de las Américas, una organización empresarial estadounidense que se autodefine como “la principal organización empresarial internacional cuyos miembros comparten un compromiso común con el desarrollo económico y social, los mercados abiertos, el estado de derecho y la democracia en todo el hemisferio occidental”. Al menos, así lo explica modestamente en su portal.

La entidad, presidida desde 2003 por la eterna banquera Susan Segal, acaba de realizar un nuevo encuentro en el Hotel Alvear al que asistió la cúpula empresarial, funcionarios del gobierno y destacadas personalidades del quehacer político nacional. El enviado de Washington habló luego de que el alcalde porteño y presidenciable Horacio Rodríguez Larreta convocara a un “gobierno de coalición” como la única manera de salir de la crisis.

El diplomático estadounidense, un avezado abogado de Texas y estrecho amigo del presidente Joe Biden, convocó imperiosamente a hacer “una coalición ahora y no esperar la elección 2023”. Para que no quede duda con respecto a plazos, Stanley puntualizó: “no esperar 16 meses”, es decir hasta las elecciones presidenciales, para que quienes “amen a la Argentina” trabajen “ahora mismo” y resuelvan los problemas que enfrenta nuestra Patria. “Hoy es el día de hacer esto”, dijo Stanley.

No quedó en claro a quién iba dirigida la convocatoria. Pero lo más destacado es el llamamiento en sí, una abierta injerencia en el diseño de la política interna de los argentinos. Me imagino qué pasaría si esta misma imperiosa convocatoria hubiese sido lanzada por el embajador ruso o el embajador chino en nuestro país. Cuál hubiese sido la reacción de los grandes medios de comunicación. Sólo registro en cambio la crónica social y un debate sobre cuáles son las fuerzas que deben concurrir a la imperiosa convocatoria de Stanley.

Salvo algún pequeño comentario, esos grandes medios alabaron la presencia de “tout Buenos Aires” en el lujoso salón del Alvear, publicaron fotos de todas las celebridades reunidas para escuchar al superministro, a la vetusta Segal y al desembozado diplomático. Ninguna reacción, salvo la de la vocero presidencial Gabriela Cerruti, poniéndole al amigo Stanley los puntos sobre las íes. Ningún pedido periodístico de explicaciones. Nada.

Por alguna razón que desconozco, me viene a la memoria el histórico decreto del seis de diciembre de 1810, redactado por Mariano Moreno. “Ningún habitante de Buenos Aires ni ebrio ni dormido debe tener expresiones contra la libertad de su país”, dispuso la Primera Junta Patria. Quizá sería prudente y oportuno advertir que la norma atañe también a la defensa de la soberanía política nacional, que no debe ser afectada por expresiones de quienes, al fin y al cabo, son sólo (o deben ser) respetuosos representantes de otras naciones.





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