26/08/2022

Opinión

CFK

Democracia popular o dictadura judicial

POR HERNANDO KLEIMANS

Me aprestaba a exponer un fundado análisis sobre las causas y los objetivos del conflicto en el Donbass, al que yo considero como parte de la crisis de un sistema unipolar, hegemónico y autocrático. Un sistema basado en la más profunda e injusta distribución de la riqueza. Un sistema que ha sofisticado sus instrumentos y en vez de dictaduras militares para perdurarse impone las dictaduras judiciales.

Todo dentro del sistema.

Esta es la razón de la violencia que se ejerce contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es la misma que lleva a un régimen neonazi a bombardear ciudades y matar la población civil a bombazos o asesinar a quienes no les gusta. En este caso, al menos, lo que el sistema intenta imponer es una condena que destruya a una de las líderes más preclaras y rotundas que ha tenido nuestra Patria desde Eva Perón.

Me vienen a la cabeza varias historias similares. En 1927 fueron ejecutados en la silla eléctrica Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos inmigrantes italianos que fueron condenados a muerte en 1921, por presunto robo y asesinato cometido en Massachusetts, Estados Unidos. Durante los seis años que pasaron hasta su electrocución, la gran defensa local e internacional no logró desestimar el fallo, a todas luces injusto, armado desde acusaciones falsas y expresiones discriminatorias.

En todo el mundo se sucedieron los movimientos en defensa de ambos condenados. En América Latina grandes huelgas reclamaron por su liberación. Nada pudo impedir la sentencia, basada fundamentalmente en pruebas circunstanciales y declaraciones periodísticas.

En 1977 Michael Dukakis, gobernador de Massachusetts, y luego candidato presidencial del partido demócrata, declaró que Sacco y Vanzetti habían sido injustamente condenados y obtuvo la absolución.

Gueorguii Dmítrov, el gran dirigente popular búlgaro, fue arrestado en Alemania acusado del incendio del Reichstag (el parlamento alemán), en febrero de 1933. Hitler, recién subido al poder, necesitaba consolidarlo y destruir la fuerte oposición democrática que por muy poco había perdido las elecciones. Con el respaldo de los grandes grupos económicos del país montó el espectáculo de un juicio contra Dmítrov, acusándolo de incendiario.

El juicio fue el pretexto que necesitaba Hitler para imponer las leyes antipopulares y antidemocráticas que le permitieron instaurar una sangrienta represión y, finalmente, rearmar a Alemania y lanzarla a la criminal aventura de la segunda guerra mundial, en busca de “espacio vital” para esos grandes grupos económicos.

Todas las pruebas en contra del dirigente búlgaro habían sido claramente fabricadas. Pero Dmítrov enfrentó al tribunal desnudando sus falaces argumentos. Sus inflamadas intervenciones fueron inerrumpidas 36 veces y él fue cinco veces expulsado de la sala del juicio. La fantástica defensa del búlgaro, el decidido respaldo popular y la enorme repercusión internacional obligaron a los jueces nazis a dejarlo en libertad.

Ya en plena guerra, en 1942, la Gestapo arrestó en Praga a Iulius Fucik, periodista antifascista que dirigía la edición ilegal de propaganda contra la ocupación nazi de Checoslovaquia. El seudo juicio montado contra él no logró incriminarlo en todo un año de deliberación, lo que no impidió que dictara la condena de muerte, la que se cumplió el 8 de septiembre de 1943. Ese día se conmemora como el Día de la Solidaridad Periodística.

Desde su prisión, Fucik escribió uno de los libros más conmovedores y humanos que se conozcan: “Reportaje al pie del patíbulo”. Uno de los guardias de la prisión fue sacando las pequeñas hojas donde escribía Fucik y entregándolas a la resistencia checa. El libro fue traducido y publicado en más de ochenta países.

En una de sus últimas entregas, Fucik dejó estampada una emocionante advertencia hacia el futuro: “¡Gente, yo los amé! ¡Sean vigilantes!”.

Más acá en el tiempo, el alegato final de Fidel Castro, en el juicio que en 1953 ordenó contra él la dictadura batistiana, se convirtió en pieza central de todos los movimientos revolucionarios en América Latina. Su frase “la historia me absolverá” fue premonitoria del triunfo final de la Revolución Cubana en enero de 1959.

Castro había sido juzgado por el asalto al Moncada, en julio de 1953. Todo el juicio fue acompañado por el clamor popular que reclamaba su liberación. Esto obligó a la dictadura a desistir de la pena de muerte y a disponer una condena de 15 años, que fue reemplazada en 1955 por una amnistía. La defensa de Fidel permitió que el movimiento de resistencia a Batista se consolidara y lograra derrocarlo tres años más tarde.

Estos grandes episodios históricos tienen hoy una continuidad casi institucional. Nuestra América Latina en los últimos años, superada la etapa de los golpe militares, ha visto como el poder judicial se constituía en el más feroz oponente a los movimientos populares. Muchos de sus líderes fueron sus víctimas.

En 2009 el presidente hondureño Manuel Zelaya fue destituido en una maniobra conjunta del Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia. Zelaya había pretendido instalar una Asamblea Nacional Constituyente, que redactara una nueva constitución. En ese mismo año Porfirio Lobo, del ultraderechista partido nacional, asumía la presidencia. Zelaya ya estaba exiliado en Costa Rica…

En 2012 el presidente paraguayo Fernando Lugo fue sometido a juicio político por la Cámara de Diputados y derrocado. Este “golpe parlamentario” que contó con el respaldo judicial, fue acusado de serias violaciones al debido proceso, falta de pruebas reales y presentación de acusaciones falsas. El juicio duró menos de 48 horas y a la defensa prácticamente se le negó el derecho

de alegar.

Todavía están muy frescos los juicios contra Lula y Rafael Correa. Todos cortados con la misma tijera. Ya no es tiempo de golpes militares pero la metodología utilizada en todos ellos, desde Sacco y Vanzetti hasta la fecha, es la misma. Gran ruido mediático con denuncias sin fundamento, juicios sin pruebas y condenas basadas en las denuncias periodísticas.

¿Cómo funciona el círculo? “Alguien” es reporteado y afirma que el político de turno es corrupto, no cumple con sus obligaciones, o cualquier otra cosa. No importa. Lo fundamental es que se publiquen estas “denuncias” con un gran marco mediático. De inmediato, algún fiscal avisado recoge esas publicaciones y arma una querella judicial. Los jueces del “circuito” arman el juicio e incluso, por las dudas, dictan la prisión preventiva aunque no exista ninguna causal de ella.

Ya está, lo siguiente es mantener ese régimen hasta lograr la condena. La ultraderecha tramontana de nuestro país se ha juramentado con meter presa a quien, en su condición de Presidenta, perjudicó sus intereses y promovió una distribución más equitativa de la riqueza. No fue la única. Casos paradigmáticos como el de Julio De Vido, Milagro Salas, Amado Boudou, para no nombrar más que estos, siguen esperando la justicia verdadera.

Todos estos seudo-juicios tienen la misma motivación: impedir que se atente contra la sacrosanta concentración económica y que se conforme un sistema judicial que realmente atienda los intereses y demandas populares.

Mientras tanto, los auténticos delincuentes, los que saquearon nuestra Patria, los que destruyeron nuestra economía, los que borraron a su arbitrio derechos y patrimonios, esos siguen paseando por nuestras calles o disfrutando de las playas de Miami, sin que a ningún fiscal se le ocurra (¡ni que Dios permita!) meterlos presos y demandarles el retorno de las fortunas malhabidas. Peor aún, se dan el lujo de indignarse porque Cristina no está todavía presa y declamar sobre la necesidad de terminar con la corrupción… ¡Ellos!

Pero, como decía mi abuela María, la andaluza analfabeta, “la culpa no la tiene el chancho”…

¿Está tan bien hecha nuestra Constitución que proclama la impunidad de un poder sobre otro? ¿El Congreso Nacional no está en condiciones de detener estos procesos claramente ilegales y falsos? ¿El Poder Ejecutivo desistió de su poder de policía y no apresa a quienes claramente atentan contra el orden constitucional?

La única garantía de asegurar la correspondiente respuesta a estas preguntas pasa por la movilización popular. La que siempre que se lo propuso le torció el brazo a la reacción. Con dictadura o sin ella. Creo que es tarea de nuestro gobierno nacional y popular, democrático en esencia, fomentar esta movilización y, respaldándose en ella, promover los necesarios cambios en un sistema judicial a todas luces reaccionario y mandar a la cárcel a los verdaderos delincuentes. Todos sabemos quiénes son.

Y esto también es un punto crítico.





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