31/10/2022

Opinión

OPINIÓN

El Poder Judicial y su eximición del pago del impuesto a las Ganancias

Por Flor de la V

La semana pasada se discutió en la Cámara de Diputados el presupuesto 2023 durante una sesión muy intensa, con un quorum que costó conseguir, según trascendió, y en un clima tenso, en el que el aire se podía cortar con un cuchillo.

Entre los artículos que se debatían esta semana se encontraba el impuesto a las ganancias del Poder Judicial. ¿Cuántas personas no saben aún que los funcionarixs judiciales —incluidos los jueces, defensores y fiscales— no pagan impuesto a las ganancias gracias a una ley que los deja exentos? Durante el gobierno de Mauricio Macri, hubo una pequeña modificación a esta situación y se determinó que a partir de 2017, lxs nuevxs empleadxs judiciales fueran alcanzadxs por este impuesto, pero continuaron sin tributar quienes habían sido nombradxs antes de ese año.

El artículo 100 del proyecto del presupuesto 2023 proponía que todes les empleades del Poder Judicial empezaran a pagar ganancias, sin ningún tipo de privilegios, y ya sabemos lo que pasó: la iniciativa fue rebotada. Desde la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) habían emitido un comunicado oficial, repudiando esta idea que sostenía la consigna que ya todxs conocemos: «El salario no es ganancia».

Coincido en que el salario no es ganancia y es muy injusto con la inflación que hay tener que estar pagándolo. ¿Por qué no tenemos un debate abierto sobre este tema? Como a muchxs, me parece completamente injusto que solo un sector tenga ese privilegio de no pagar este impuesto. ¿No es una contradicción absoluta que sean precisamente nuestrxs empleadxs judiciales, es decir, quienes nos imparten justicia, no estén siendo contemplados con la misma igualdad que el resto de la sociedad? ¿Justo le tocó al juez el beneficio? ¿Tiene coronita el Poder Judicial? ¿Es también un poder monárquico?

Este privilegio de casta que tienen los jueces y fiscales no es algo nuevo: viene de larga data en la historia de nuestro país. Sin ir más lejos, en el año 96 se intentó modificar y fue en vano porque el juez Nazareno estableció la intangibilidad de los ingresos de los jueces. Para que podamos tomar dimensión de lo que estamos hablando, les cuento que el salario de un juez de la Corte Suprema de Justicia puede ser de más de dos millones de pesos. Un juez de primera instancia puede llegar a ganar más de un millón de pesos. Sé que la mayoría de lxs argentinxs viven con salarios precarizados, sin contar que el salario mínimo es el más bajo en los últimos 20 años.

Si el Poder Judicial perdiera esta prerrogativa, se podrían hacer muchas cosas con ese dinero. Son 237 mil millones de pesos lo que se recaudaría. Esto es cuatro veces lo que Desarrollo Social destina a comedores, es cinco veces el presupuesto de Mujeres Género y Diversidad, es un tercio de lo que el Estado designa a la Asignación Universal por Hijo y es dos tercios del Potenciar Trabajo.

El tema no deja de generarme interrogantes: ¿por qué nuestrxs «supuestxs» representantes políticxs no votaron para que quienes trabajan en justicia reciban el mismo trato que el resto de lxs ciudadanxs? ¿Entonces la independencia de los jueces depende de que su salario no sea tocado? ¿Tiene precio la autonomía judicial? ¿Qué se esconde detrás de esa acción de defensa de jueces y magistrados? ¿No quieren enojar a quienes lxs juzgarán en el futuro? ¿Tanta hegemonía tiene el Poder Judicial para lograr esto? Yo creo que no lo sabremos nunca; por lo pronto, me gustaría terminar con una frase de Dwight Eisenhower recuperada por Pablo Bernasconi con una hermosa ilustración suya en su Instagram, que decía lo siguiente: «Un pueblo que valora sus privilegios por encima de sus principios, perderá ambos».




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